Aprobado en segundo debate proyecto para medidas de seguridad en playas

La plenaria del  Senado aprobó hoy en segundo debate la iniciativa del senador Armando Benedetti que pretende proteger a los bañistas en las playas colombianas y que complementa la ley 1209 de 2008 de control y prevención de accidentes en piscinas.
De acuerdo con el proyecto, las playas deberán contar con carteles visibles que informen a los bañistas y turistas el riesgo y el tipo de playa, ya sean playas de uso prohibido, playas peligrosas y playas libres.
Así mismo, los municipios garantizarán que existan en las playas los elementos necesarios para prestar los primeros auxilios en caso de inmersión u otro tipo de lesión física.
En caso de traslado a un centro médico debe existir un servicio de ambulancia y primeros auxilios que permitan la atención pronta de la emergencia.
El proyecto crea el servicio público de salvavidas, a cargo del Estado. Los municipios que cuenten con playas de uso público o libre deberán contar con salvavidas suficientes, profesionales y entrenados en primeros auxilios y con elementos necesarios de rescate en caso de inmersión o ahogamiento como flotadores, cuerdas, cables, boyas, radios, equipos de resucitación, oxígeno, camillas y teléfonos habilitados en caso de requerir llamadas de emergencia
La iniciativa también establece el sistema de banderas orientadoras que definen el tipo de peligrosidad de las playas y el riesgo que corren los bañistas al utilizarlas. “Estas señales son métodos de advertencia eficaces, baratas y fáciles de instalar”, dijo Benedetti.
El proyecto, que pasa a la Cámara de Representantes, cubre no sólo las playas públicas sino las privadas y concesionadas que tendrán las mismas obligaciones impuestas por el proyecto a los municipios.
Igualmente, se incluirán las playas de ríos, represas, embalses y lagunas y se exigirán señales de advertencia sobre la profundidad del agua.
Benedetti dijo que nuestro país hay más de 300 playas que deben ser vigiladas para evitar que se sigan presentando accidentes por inmersión como los que anualmente se registran en nuestras playas del caribe, ríos y lagunas
"Es necesario que el Estado adopte una política pública de seguridad en las playas, que ayude a proteger la vida y la integridad de los bañistas, especialmente la de los niños, que han sido ignorados por tanto tiempo", aseguró.
Los alcaldes que incumplan la norma serán sancionados con destitución del cargo y los concesionarios podrán perderla y quedarán inhabilitados para contratar con el Estado por un periodo de cinco años.