Colombia


Artículo sobre injuria y calumnia incita a la censura: Consejo Gremial

Para el Consejo Gremial Nacional, la disposición votada en plenaria de Cámara “puede utilizarse para afectar la libertad de expresión”.

COLPRENSA

09 de diciembre de 2021 08:15 PM

El Consejo Gremial Nacional se pronunció este jueves sobre la inclusión del artículo 68 sobre injuria y calumnia contra funcionarios o exfuncionarios públicos del proyecto de ley con el cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción.

“Consideramos que el artículo 68 constituye una violación al artículo 20 de la Constitución Política colombiana, toda vez que incita a la censura y desconoce el derecho que tienen las personas y los medios de comunicación de rectificar en condiciones de equidad”, resaltó el Consejo Gremial. Lea: Cualquier amenaza contra la libertad de prensa, debe ser objetada: Duque

También expuso, a través de un comunicado, que impone una barrera a que las personas de manera libre puedan denunciar cualquier irregularidad, y desnaturaliza los derechos que tiene la ciudadanía de ser veedores públicos.

La organización explicó que “no estima conveniente la propuesta aprobada”, porque ya existe una normatividad vigente en materia penal que tipifica estos delitos, además que “introduce medidas” que no hacen relación a temas de corrupción.

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Consideró excesiva la pena que propone el artículo ante la comisión de dichas conductas, debido a que la norma actual para cada uno de estos delitos prevé como pena principal prisión de 16 - 72 meses para la calumnia y 16 a 54 meses para la injuria. Lea: Varios sectores del país están en contra de la ya llamada “Ley mordaza”

Cabe recordar que el artículo propuesto establece una pena de 60 a 120 meses de prisión, solo por el hecho de que el afectado sea un funcionario público o su familia.

“El Consejo Gremial Nacional no encuentra razonable la disposición votada en plenaria de Cámara, considera que puede utilizarse para afectar la libertad de expresión respecto al ejercicio de la función pública”, señaló.

Finalmente, manifestó que este “crea un precedente negativo en el ejercicio libre de los derechos democráticos a la libertad de opinión y a la libertad de prensa, poniendo en riesgo la responsabilidad social que tienen los medios de comunicación de informar, y de difundir la realidad actual”.

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