Antioquia, Chocó, Huila y Putumayo. En estos departamentos se han reportado, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz (Indepaz), los crímenes de 15 líderes sociales en lo que va corrido del año. Así las cosas, en promedio cada día de 2020 se ha cometido un crimen en contra de los defensores de derechos humanos.
El tema se ha convertido en un dolor de cabeza para el Gobierno al punto que no solo se ha escuchado la alerta de Indepaz y otras organizaciones nacionales, sino que ha escalado a la órbita internacional con un punto en común: la preocupación por los homicidios.
Para Camilo González, director de Indepaz, la situación “es gravísima, solamente en trece días se han asesinado a 15 líderes y casi todos son problemas asociados a la implementación de los acuerdos de paz”.
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La hipótesis de González no es descabellada para la Fiscalía, pero el ente acusador basa su conjetura en que los asesinatos se dan por cuenta de la labor de defender los derechos humanos.
La directora de la Unidad Especial de la Fiscalía, Martha Mancera, anunció este martes que el ente acusador, en la estrategia para esclarecer estos homicidios, tiene reportadas 592 muertes violentas de defensores desde 2016 hasta 2019, de los cuales algunos fueron reportados por la Oficina del Alto Comisionado de Paz.
Lo que advierte Mancera es que los asesinatos se registran en zonas rurales donde se mueven las rentas ilícitas. “De esos 592 casos que tiene la Fiscalía, 365 fueron reportados por Naciones Unidas y en 11 departamentos se han concentrado las muertes”.
Lo que señaló la delegada del ente acusador es que Cauca es uno de los departamentos con más reportes con 59 víctimas, seguido de Antioquia (53), Santander (32), Valle del Cauca (26), Caquetá (21) Nariño (18) y Arauca y Putumayo (15).
“Estas cifras nos permite decir que más del 67% de los hechos se producen en las zonas rurales”, dijo Mancera y añadió que los homicidios a líderes es una situación priorizadas en el interior del búnker.
Pese a los esfuerzos que dice el Gobierno ha ejecutado en esta materia, las voces desde organismos multilaterales apuntan a que el Estado fortalezca las acciones para evitar que se sigan presentando más muertes violentas de aquellos que trabajan por mejorar la calidad de vida de su comunidad.
El más reciente pronunciamiento llegó por de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos que señaló desde Ginebra que “reiteramos nuestro llamado a que el gobierno de Colombia realice un extenuante esfuerzo para prevenir ataques contra personas que defienden los derechos fundamentales, para investigar todos y cada uno de los casos y enjuiciar a los responsables de estas violaciones, incluidos los responsables de instigar o ayudar e incitar violaciones”.
Su informe más reciente da cuenta que 2019 tuvo 107 activistas asesinados y no descartan que los homicidios denunciados durante los últimos meses también relacionen líderes sociales.
“Nuestro equipo en Colombia sigue en proceso de verificación de 13 casos adicionales que fueron reportados a lo largo de 2019, los cuales, de ser confirmados, aumentarían el total anual de muertes a 120 asesinatos”, señalaron.
Para el órgano internacional, los ataques contra defensores se habían intensificado durante el 2018, cuando se registraron 115 asesinatos que fueron confirmados por la ONU en Colombia.
“Esta terrible tendencia, no muestra desaceleración en el 2020, en donde al menos 10 defensores de derechos humanos, según información preliminar, habrían sido asesinados durante los primeros 13 días de enero”, añadió el órgano.
“El ciclo vicioso y endémico de violencia e impunidad debe detenerse. Las víctimas y sus familias tienen derecho a la justicia, la verdad y la reparación”, señalaron en su pronunciamiento hecho este martes.
Esta Oficina de la ONU maneja en su reporte la hipótesis de la Fiscalía. Los asesinatos se registran por ejercer su labor de defensores y la mayoría de los casos se presenta en zona rural, donde existen rentas ilegales asociadas al narcotráfico o a la minería ilegal.
“La gran mayoría de los 107 asesinatos en 2019 tuvo lugar en áreas rurales, casi todos ellos en municipios con economías ilícitas, donde operan grupos criminales o armados, y el 86% del número total, tuvo lugar en veredas con tasa de pobreza por encima del promedio nacional”, dijeron y añadieron que, si bien más de la mitad de los asesinatos ocurrieron en solo cuatro departamentos, durante 2019 - Antioquia, Arauca, Cauca y Caquetá- los asesinatos se registraron en 25 departamentos diferentes.
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QUIÉNES SON LOS RESPONSABLES
Para Mancera hay múltiples actores. Entre ellas las denominadas ’Organizaciones tipo C’ que tienen en su cuenta delictiva 31 defensores asesinados. Del mismo modo, la Fiscalía contabilizó que 27 personas fueron víctimas de las disidencias de las Farc, seguido del Clan del Golfo (20), ELN (16), Los Pelusos (6) y Los Caparros (5).
Las cifras las divulgó Mancera luego de analizar y alcanzar más del 40% de los esclarecimientos en los crímenes que resultan ser un desafío para la Fiscalía dado que el tipo de investigación sobre los casos puntuales se empezó a desarrollar desde 2016.
Mancera dijo que los resultados, a su juicio, positivos, se dieron por cuenta de las denuncias e información que suministraron las diferentes entidades estatales para lograr el esclarecimiento de los casos.
LOS ENTES DE CONTROL
El defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, por su parte, llamó la atención en que durante cuatro años se han registrado más de 500 asesinatos a líderes sociales. Lo que preocupa al funcionario es que la vulneración contra la mujer va en aumento, debido a que en 2018 tenían registro de 12 mujeres asesinadas y hasta el 31 de octubre de 2019, esa cifra subió a 19 casos.
La Procuraduría, por su parte, desde territorio ha adelantado el denominado Plan de Acción Oportuna con el que pretende que las instituciones estatales aúnen esfuerzos para planificar y ejecutar acciones encaminadas a brindar garantías especiales a los líderes en el país.
El objetivo del Ministerio Público es que los alcaldes y gobernadores incluyan en sus Planes de Desarrollo recursos que podrían llegar a mitigar el riesgo y garantizar la protección de los defensores.
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