Así es el proyecto de ley que busca endurecer penas a expendedores de droga

30 de julio de 2018 11:11 PM

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El fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, radicó este lunes un proyecto de ley en el Congreso de la República con el que se busca penalizar a las personas que induzcan a los menores de edad al consumo de estupefacientes.

De acuerdo con el jefe del ente acusador, la propuesta contiene puntos específicos con los que se busca fomentar espacios del mejoramiento de la justicia, como las medidas contra el tráfico de drogas y el narcomenudeo; el control de la reincidencia criminal y el seguimiento a las sanciones penales; las medidas contra la ciberdelincuencia y la criminalidad realizada a través de medios informáticos y las medidas para garantizar el cumplimiento efectivo de las condenas.

MEDIDAS CONTRA EL TRÁFICO DE DROGAS

El fiscal busca que con este proyecto se adicionen tres parágrafos más al artículo 376 del Código Penal. El primero consiste en que se debe regular la denominada ‘dosis de aprovisionamiento’. El segundo, pretende implementar un mecanismo para judicializar a las personas que tengan en su poder ‘nuevas drogas’, y el tercero contempla que en caso de que una persona tenga consigo más cantidad de la ‘dosis de aprovisionamiento’ se entenderá que éste es un comercializador de estupefacientes.

Otro de los objetivos que comprende la propuesta es adicionar dos incisos al artículo 381, que consisten en penalizar a las personas que bajo engaños suministren droga a los menores de edad.

“El que suministre, administre o facilite sustancia estupefaciente sicotrópica o droga de circulación restringida a menores de edad, a través de productos engañosos, será castigado con pena de prisión de 10 a 20 años”, se lee en el documento.

El segundo inciso señala, que le pena aumentará en caso de que el ofrecimiento se haga a un menor de 12 años.

La propuesta también compromete a los dueños de establecimientos comerciales que se dediquen a la venta de estupefaciente. Según el documento de incurrir en esta falta tendrán de cuatro a ocho años de prisión y el pago de 10 salarios mínimos legales vigentes. 

Del mismo modo, el fiscal solicitó que se registren nuevos agravantes para los delitos de tráfico de estupefacientes y otros actos derivados de la misma conducta. En ese sentido, Martínez señaló que habrá agravante y por lo tanto un aumento en la mitad de la pena a personas que se valgan de menores de edad o personas en condición de discapacidad para cometer este delito. 

Asímismo, también tendrán responsabilidad las personas que “modifiquen la estructura de vehículos y naves con el propósito de ocultar o disimular los controles de las autoridades”.

Por último, el fiscal consideró que a las personas que les sean incautadas cantidades de marihuana y cocaína de dos, cinco, 100 y 1.000 kilogramos también se les deberá agregar este agravante.

REINCIDENCIA CRIMINAL Y EL SEGUIMIENTO DE LAS SANCIONES PENALES

El jefe del ente investigador consideró que la reincidencia es causal especial de mayor punibilidad y se convierte en un impedimento para conceder beneficios de prisión domiciliaria por tiempo cumplido de condena y de libertad condicional.

En ese sentido, la nueva propuesta busca que los reincidentes dentro de los 10 años anteriores tengan una nueva condena, la cual sería la máxima proporción de la pena a imponer.

MEDIDAS CONTRA LA CIBERDELINCUENCIA Y LA CRIMINALIDAD REALIZADA A TRAVÉS DE MEDIOS INFORMÁTICOS

La iniciativa también señala que las personas que promueven o publiquen imágenes o materiales fílmicos de alguna actividad sexual sin autorización incurrirá en una pena de 6 a 10 años de prisión.

“Igual pena se aplicará a quien ofrezca o entregue a cualquier título, a un tercero las imágenes o grabaciones audiovisuales o para quien, a modo de represión, retaliación o silenciamiento, o con el fin de obtener de la víctima algún tipo de provecho distinto al económico, la amenace con realizar alguna de las conductas descritas en este artículo”, se lee en el documento.

Del mismo modo, el fiscal solicita al Congreso que se endurezca la pena para las personas que cometan el delito de estafa por medio de una red social y medios informáticos.

Igualmente, solicitó el agravante para el delito de extorsión, “cuando el constreñimiento consiste en la amenaza de publicar, divulgar o revelar a través de cualquier medio o red de información o de comunicación, imágenes o grabaciones audiovisuales de la actividad sexual de la víctima”.

La iniciativa también contempla que las personas que importen material de cómputo como programas y software malicioso incurrirá en una pena de cuatro a ocho años de prisión y una multa superior a los 100 salarios mínimos legales vigentes.

MEDIDAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDENAS

El fiscal consideró que con esta propuesta los fiscales especializados podrán solicitar al Instituto Nacional Carcelario y Penitenciario (INPEC) el lugar de reclusión a donde serán enviados los procesados o personas condenadas.

La iniciativa también busca endurecer penas para los reclusos que tengan en su poder o escondan teléfonos móviles dentro de los centros carcelarios, éstos se enfrentarán a penas entre los tres y los cinco años de prisión.

Del mismo modo, se establece que “el servidor público que, a sabiendas permita la ejecución de la conducta descrita o facilite el uso ilegal de teléfonos celulares y demás equipos terminales de móviles o dispositivos de comunicación dentro de los establecimientos de reclusión, incurrirá en una pena de prisión de cuatro a ocho años”.

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