En Almería, España, ayer fue desarticulada una red dedicada a la trata de personas, bajo la modalidad de esclavitud sexual. Según la Policía española, esta red, integrada por tres hombres y dos mujeres, tenía esclavizadas a 22 mujeres, entre colombianas, hondureñas, nigerianas y de origen guineano.
Las víctimas, según el reporte, eran amenazadas con ritos de vudú o magia negra para que accedieran a cumplir con las órdenes de los líderes, quienes las obligaban a prostituirse en el mismo sitio donde residían e, incluso, les cobraban el alquiler de las habitaciones cada noche.
Aunque este hecho ocurrió lejos de Colombia, a unas 13 horas de vuelo desde Bogotá, este fenómeno está vivo en el país, pues, según cifras de la Fiscalía, entre 2013 y 2018 se han conocido alrededor de 400 casos, aunque el gran lío es el subregistro, porque las víctimas no denuncian por temor o vergüenza. Otras salen del país convencidas por las falsas promesas y algunas no logran regresar con vida.
Con tentáculos
Estas “empresas” criminales llegan al país tras ubicar redes de proxenetas con conexiones internacionales, que encuentran en la nación la posibilidad de vincular mujeres, sin importar si lo desean, y se aprovechan de sus vulnerabilidades y necesidades, en su mayoría económicas, para arrastrarlas y convertirlas en víctimas.
Como ya se dijo, no hay datos exactos de la periodicidad en que suceden, pero el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) reporta que cada semana se abren cinco procesos de restablecimiento de derechos de los menores de edad que se encuentran explotados sexual y comercialmente.
Por otra parte, la organización Save The Children reveló su preocupación por la presencia en Colombia del cartel de Sinaloa, de México; y de la mafia Yakuza, de Japón, dedicadas a “llevarse a mujeres menores de edad para ser explotadas”. Toda una red internacional establecida, según las denuncias de la organización internacional.
El reflejo del dolor
“Las denuncias y casos que hemos conocido están principalmente en ciudades del Eje Cafetero, en especial en las zonas de Risaralda”, expone Luz Alcira Granada, directora de Incidencia Política de Save The Children en el país, al llamar la atención de este delito que deja heridas profundas en las familias.
Explica que les prometen incentivos económicos, beneficios, grandes ofertas de trabajo, pero cuando llegan a esos países son ultrajadas, les quitan sus pertenencias y documentos y lo único que les dicen es “a trabajar que tienen que pagar por traerlas”. Sin embargo, con trabajar, lo único que queda claro es que deben someterse a vejámenes sexuales y a ofrecer su cuerpo como prenda de garantía para no morir.
Una víctima expresó que son pocas las denuncias que se conocen porque muchas veces prefieren no hacerlo por temor a lo que digan los vecinos o por la poca confianza que se tiene en las autoridades para manejar este tipo de casos, teniendo en cuenta que la impunidad en delitos contra mujeres alcanza hasta el 96 %, según cifras reveladas en el Congreso de la República, durante un debate de control político que le hicieron a los ministerios de Justicia y Salud.
La trata, que vulnera los derechos de las mujeres –aunque también hay casos de hombres– es vista por organizaciones internacionales como la ONU o la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), como la esclavitud del siglo XXI, pues las víctimas son obligadas a realizar actividades que no desean y por las que, además, reciben pagos irrisorios, pues como lo plantea Jairo Toro, presidente de la Fundación Jhonatan –dedicada a asesorar a víctimas de trata de personas– “en la mayoría de los casos les retienen sus documentos o simplemente se los llevan del país de manera ilegal. Lo único importante es el dinero”, expone Toro, aunque aquí también se enumeran delitos como el matrimonio servil y la explotación laboral.
¿Es nuevo?
La pregunta resulta fácil de responder. No. La presencia de estos grupos, con alfiles en el país es de vieja data y sigue vivo, pese a los trabajos de investigación que realizan las autoridades de Policía y, en general, desde el Gobierno.
La Procuraduría, hace tres meses, lideró la creación de la campaña “Ojos en todas partes” para enfrentar el flagelo, basándose en las cifras de explotación sexual y los tentáculos de estas redes.
La delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, Sonia Téllez, asevera que “como Estado tenemos la responsabilidad de proteger a nuestros niños y adolescentes de ser víctimas”. Agrega que “en el mundo virtual es donde corren los mayores riesgos de ser atraídos y engañados”.
Según el informe “Análisis de la situación de explotación sexual comercial en Colombia”, publicado en 2016, el país debe “fortalecer los mecanismos existentes de lucha contra la trata de personas a nivel local, especialmente en departamentos de frontera”. A pesar de que el informe es de hace dos años, retoma vigencia ahora, sobre todo por la crisis migratoria, pues ese ha sido un mensaje enviado por la Defensoría del Pueblo, para que las mujeres migrantes no caigan en estas redes.
Es relevante lo alcanzado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) y sus países miembros, que incluyó, en 2000, que “las autoridades firmen un protocolo que garantice el intercambio de información sobre las denuncias de explotación sexual para que las víctimas puedan ser mejor asistidas”, dice la ONU.
Para explicar cómo funciona la trata de personas, la OIM sostiene que en América Latina y el Caribe, se manifiesta de dos maneras: “Engañar a la víctima en su lugar de origen con promesas de trabajos bien pagos en el extranjero y engañar a las personas migrantes varadas y atrapadas en situación irregular en países de tránsito y destino. Una vez ‘enganchadas’ les sustraen documentos, les restringen el movimiento y las someten a abusos, en situación, literalmente, de esclavitud”.
La directora del ICBF, Juliana Pungiluppi, dice que “seguiremos fortaleciendo los programas de prevención. Nuestros esfuerzos están dirigidos a la implementación de la Línea de Política Pública para la Prevención y Erradicación de la Explotación Sexual Comercial”.
Para enfrentarla
Para Save The Children y la Fundación Jhonatan, en casa se debe tener un diálogo directo y sin tapujos con los hijos, además del trabajo pedagógico que deben hacer los colegios para que cuando llegue alguien a ofrecer beneficios, desconfíen de promesas como viajes, joyas o salarios exorbitantes.
De acuerdo con la Fundación Jhonatan, la trata de personas y la explotación sexual hace unas dos décadas eran poco abordados, pero hay que reconocer “que las investigaciones fluyen”, dice Toro quien destaca que, desde 1999 hasta ahora, han atendido 71 casos en el Eje Cafetero. “En cuanto a cifras es complejo conocerlas porque son delitos que a veces no se denuncian y que las familias, quizás por evitar líos, acuden a organizaciones para ser asesoradas”.
Esta idea la plantea Granada, de Save de Children, quien destaca que el negocio del narcotráfico, a través de bandas criminales y grupos narcotraficantes, tiende puentes para que las mafias lleguen.
“Lo cierto es que las autoridades trabajan, hay que reconocerlo, porque las labores se enfocan en prevención, sobre todo en colegios de zonas vulnerables”, explica Granada, aferrada al artículo 122 de la Plataforma de Beijing (para temas de trata de personas), que sostiene que todos los países deben trabajar en la eliminación efectiva de la trata de mujeres y niñas para el comercio sexual .
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) reporta que cada semana se abren cinco procesos de restablecimiento de derechos de los menores de edad que se encuentran explotados sexual y comercialmente.
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