Así va la investigación tras un mes del atentado contra la Escuela de Cadetes

15 de febrero de 2019 07:38 PM
Así va la investigación tras un mes del atentado contra la Escuela de Cadetes
El atentado dejó como resultado 22 cadetes muertos. // Colprensa

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Este domingo se cumple un mes del atentado con carro bomba contra la Escuela de Cadetes General Santander en Bogotá, perpetrado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que dejó como resultado 22 cadetes muertos. Han sido 30 días en los que la Fiscalía General de la Nación en conjunto con la dirección de la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa no han cesado en su labor para dar con los responsables, indagaciones que hoy dejan la captura de dos hombres por su presunta participación en el peor ataque terrorista de los últimos años.

Uno de los dos capturados es Wilson Arévalo, el hombre que vendió a José Aldemar Rojas Rodríguez, el autor material del ataque terrorista, la camioneta con la que se realizó el atentado el pasado 17 de enero. Aunque este hombre se presentó ante las autoridades una vez ocurrió el ataque, su arresto se llevó a cabo el 30 de enero, trece días después de la explosión del carro bomba, en un operativo sorpresa en la vereda La Primavera, entre Fortul y Arauquita (Arauca). Inicialmente, fue judicializado en Yopal (Casanare) por los delitos de rebelión y financiamiento del terrorismo.

Sin embargo, desde ese momento las autoridades continuaron avanzando en la investigación y en los últimos días revelaron nuevos elementos que relacionarían con el hecho terrorista a Arévalo, quien permanece recluido en el pabellón de máxima seguridad de la cárcel La Picota en Bogotá y fue nuevamente imputado esta semana en los juzgados de Paloquemao.

Para el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, las autoridades cuentan con suficiente material probatorio sobre la posible participación del capturado en el ataque. “Las evidencias han permitido que la Fiscalía pueda tener indicios de la participación de Wilson Arévalo, conocido como alias ‘Chaco’, en la planeación y apoyo logístico para la ejecución del atentado”, sostuvo Martínez.

Ahora, además de los cargos por rebelión y financiamiento del terrorismo, Arévalo tiene que responder por terrorismo agravado, homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado, imputaciones que se dieron tras el análisis de las nuevas evidencias que hallaron los investigadores.

Uno de los principales elementos con los que cuenta la Fiscalía es que Arévalo habría mentido en la declaración que entregó el 17 de enero, cuando se presentó voluntariamente ante los investigadores. Según las autoridades, el hombre manifestó en ese momento que tras venderle la camioneta Nissan Patrol a José Aldemar Rojas Rodríguez, en el mes de mayo de 2018, se la entregó a través de un joven que la recogió en Saravena (Arauca) y no volvió a tener contacto ni con el vehículo ni el comprador.

Sin embargo, los nuevos resultados de la investigación indicaron que al parecer Arévalo continúo transitando en ella por Arauca hasta noviembre, cuando él mismo la condujo a Bogotá para entregársela a Rojas Rodríguez.

Según el fiscal Martínez, entre el 23 y 24 de noviembre la camioneta fue conducida por Arévalo recorriendo Tame, Paz de Ariporo, Yopal, Villavicencio y – finalmente – Bogotá, para ser entregada en una bodega al autor material del atentado.

“Arévalo, quien es conocido como alias ‘Chaco’, trasladó desde Arauca hasta Bogotá el vehículo que fue cargado con 80 kilos de pentolita. Este hecho evidenció ante la Fiscalía que este hombre mintió el día 17 de enero ante los investigadores de la Policía Nacional, cuando afirmó que él solo había vendido el vehículo a Rojas y que se lo había entregado a través de un joven, quien lo habría recogido en Saravena y que desde ese día no había vuelto a tener el más mínimo conocimiento y contacto con la camioneta, siendo esto totalmente falso”, resaltó Martínez.

Precisamente, sobre la venta de la camioneta, el director de la Policía Nacional, general Óscar Atehortúa, agregó que en las declaraciones iniciales, Arévalo detalló que al iniciarse la transacción del vehículo le fueron entregados 10 millones de pesos y que posteriormente fue dado el faltante del total de la compra: 25 millones, para un total de 35 millones.

“En primera instancia, la declaración de Arévalo muestra falsedad. Después de la venta sí volvió a haber contacto entre ellos, además se confirmó que los elementos, como baterías y canecas, que había en la bodega y en el vehículo, fueron utilizados durante la explosión. Esto nos demostró a nosotros que hay una falsedad testimonial de Wilson Arévalo, pero además que hubo un contacto físico con José Aldemar Rojas en dos partes distintas del país”, indicó el general Atehortúa.

A todo esto, las autoridades han sumado como pruebas los tiquetes de un viaje en bus de transporte público y los registros que quedaron en los peajes tras el recorrido por carretera. “Conocimos que el mismo día en el que dejó la camioneta Arévalo, en horas de la tarde él compró sus tiquetes para regresar nuevamente al departamento de Arauca, haciendo traspasos en bus de transporte público”, agregó el director de la Policía.

Del otro lado de la moneda, Briggite Jerez, esposa de Wilson Arévalo, habló con Colprensa y afirmó que su compañero sentimental no es un terrorista, sino un productor de derivados lácteos.

“Hay errores en este caso. Las autoridades lo capturaron a él por presentar respuestas, pero Wilson no tiene nada que ver con todos los señalamientos que le hacen. Su único error fue haber vendido una camioneta que ya no le era útil”, expresó la esposa del capturado.

Sobre la noche de la captura, la compañera sentimental Arévalo denunció maltrato por parte de las autoridades y detalló que en ese momento un niño de cuatro años presenció la judicialización, lo que al parecer le generó daños emocionales.

“Esa noche, la Policía entró a la fuerza, subiéndose por el techo y sorprendiéndonos a todos. Yo me encontraba en ropa interior y tan solo alcancé a colocarme una toalla porque no me dejaron vestir, fueron grotescos y groseros. Nos revolcaron toda la casa, dañaron las cosas, y cogieron a mi esposo a punta de golpes, mientras el niño de cuatro años veía todo el proceso. Por un momento tuve que taparle los ojos, porque él empezó a hacer preguntas de por qué golpeaban al papá, situación que le dejó un trauma”, dijo Jerez.

‘DOMINGO LAÍN’

La otra línea de investigación de la Fiscalía frente a Arévalo recae sobre sus movimientos financieros. Según información obtenida en registros públicos, el hombre figura como una persona dedicada a la elaboración y comercio de productos lácteos y al parecer en los últimos años por sus cuentas han pasado en promedio $1.000 millones de pesos.

Para la Fiscalía General de la Nación, los dineros de Arévalo supuestamente son de procesos ilegales, debido a su posible relación con el ELN, puntualmente con la estructura Domingo Laín Sáenz.

“Sobre el señor Arévalo pudimos confirmar que, bajo el alias de ‘Chaco’, formaba parte de la estructura del Domingo Laín del ELN. Se presentaron las evidencias ante el juez de garantías y esto permitió imputar el delito de rebelión y financiación del terrorismo. Arévalo colaboraría como financiador, encargado de extorsiones y proveedor de material de guerra a este frente armado”, detalló el fiscal Martínez.

Para la compañera sentimental del capturado, quien convive con él desde hace año y medio, los delitos que le atribuyen son “falsos” resaltando que las declaraciones de lavado de dinero no se sustentan porque ellos cuentan con documentos de la Cámara de Comercio del departamento que evidencian la legalidad de sus ingresos y la empresa con la que contaba Arévalo.

“Lo sacaron, le colocaron las esposas, cogieron nuestros celulares, plata, joyas mías y se lo llevaron en un helicóptero. Es una captura ilegal porque ellos nunca se presentaron, mi esposo no tiene nada que ver. Él mismo se presentó a la Fiscalía en Saravena para evitar ser inculpado, pero vinieron por él y se lo llevaron. Wilson, como todo el mundo lo sabe, en este sector se dedica a trabajar con lácteos hace más de 30 años, su negocio existe hace más de 13 años”, indicó la mujer.

Ante este señalamiento, la esposa de Arévalo negó que la empresa familiar fuera utilizada para lavar dinero y argumentó que las finanzas que reposan en las cuentas del detenido son a razón de su trabajo con quesos.

“En la empresa no se lava dinero. Nosotros tenemos toda la información de nuestros compradores de queso y es de ahí donde provienen nuestros ingresos. Wilson cada ocho días vendía más o menos 70 cajas de queso, cada caja trae 16 bloques, y cada bloque cuesta 23.000 pesos. Si uno suma todo esto, da un total de 30 millones de pesos ganados cada ocho días, nosotros tenemos las consignaciones de todo eso porque es por la venta del queso. Las autoridades dijeron que en la cuenta de él había en el año $1.000 millones de pesos y claro que puede ser así, pero no por las razones que argumentan”, argumentó la compañera sentimental de Arévalo.

Pero la Fiscalía se mantiene en sus señalamientos sobre la presunta relación de Arévalo con la estructura Domingo Laín Sáenz, una estructura del ELN comandada por Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, reconocido por el alias de ‘Pablito’, a quien las autoridades confirmaron como el presunto autor intelectual del carro bomba al encontrar nexos con José Aldemar Rojas Rodríguez.

Precisamente, la zona de influencia de ‘Pablito’ es Arauca, departamento donde el vehículo realizó, según las autoridades, su última revisión técnico-mecánica y desde donde habría partido hacia Bogotá. A ‘Pablito’, miembro del Comando Central del ELN (Coce), se le conoce por ser uno de los integrantes más reacios frente al proceso de paz y que ha estado detrás de algunas de las acciones más cruentas del grupo guerrillero.

En el año 2008, alias ‘Pablito’ fue capturado por las autoridades en uno de los golpes más importantes contra el ELN, pero dos años más tarde protagonizó una fuga a sangre y fuego en la ciudad de Arauca, adonde fue trasladado para una audiencia judicial. Hoy, pesa contra él una circular roja de Interpol y, según información de las autoridades, permanece en un constante movimiento entre Venezuela y Colombia.

EL OTRO CAPTURADO

Por otro lado, una interceptación telefónica posterior al atentado llevó a que las autoridades relacionaran con este hecho a Ricardo Andrés Carvajal Salgar, quien fue capturado en la madrugada del 18 de enero en el barrio Los Laches, en el centro de la capital de la República, e imputado por homicidio agravado y terrorismo.

El Fiscal Néstor Humberto Martínez detalló que en el allanamiento se le incautó un celular, un manual del combatiente ‘Primera Fase de Instrucción’ y varios overoles. “De acuerdo con las evidencias técnicas que reposan en el sistema Esperanza de la Fiscalía General de la Nación, (Carvajal Salgar) reconoce participación en el acto terrorista que ocurrió en la Escuela de Policía General Santander”, explicó el fiscal.

En las audiencias, Carvajal se declaró inocente afirmando que los audios interceptados donde se escucha su voz atribuyéndose el atentado solo correspondían a un “comentario de mal gusto”.

“No hago parte de ninguna organización ni nada parecido”, dijo Carvajal posteriormente en una carta que envió desde la cárcel La Picota, donde se encuentra recluido, y con la que intentó explicar su situación judicial en el caso de la General Santander.

En la misiva, que fue divulgada por el excandidato presidencial y hoy senador Gustavo Petro, Carvajal narró lo que habría hecho antes, durante y después del atentado, cuando fue detenido por las autoridades en su casa. Por ahora, la investigación en su contra aún se adelanta.

SEGURIDAD INTERNA

En la medida en que más detalles se han conocido sobre el atentado, también han surgido cuestionamientos sobre la seguridad de la Escuela General Santander, principalmente en lo relacionado con los controles que se realizaron al momento del ingreso del vehículo al patio del lugar.

Fuentes de la Procuraduría General de la Nación le dijeron a Colprensa que tras el ataque, el Ministerio Público abrió una indagación en este frente. No obstante, al conocer que la Policía Nacional abrió una investigación interna, la delegada del caso por parte del organismo de control dejó esto en manos de la institución, con “supervigilancia administrativa”.

Pese a esto, la Policía Nacional aún no ha dado detalles de cómo avanza la investigación interna y – a su turno – el ministro de Defensa, Guillermo Botero, aseguró que “no se debe buscar el responsable en la seguridad de la Escuela”.

“El responsable fue el Eln, no fue el oficial de guardia de la Escuela General Santander (...) tenemos que concentrarnos en los sujetos activos de esta masacre, de este acto terrorista”, dijo el ministro.

Este medio se comunicó con la dirección de la Policía Nacional buscando respuestas sobre la investigación interna. Sin embargo, afirmaron no dar declaraciones por el momento.

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