Mientras desde la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales – Asocapitales-, piden al gobierno lograr consensos para que se apruebe la reforma tributaria y así lograr fortalecer las políticas sociales y mantener la sostenibilidad financiera del país, los estudiantes de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la educación Superior (Acrees) se oponen tajantemente a la norma y dicen que no les han cumplido.
Según Asocapitales, es necesario que se logre un acuerdo sobre la Reforma Tributaria que asegure la creciente y apremiante necesidad de inversión social y económica que requieren el país y las ciudades capitales.
La agremiación indica que se presentaron al Gobierno varias propuestas que consideran indispensables para superar las adversidades sociales y económicas de las ciudades, “como la cofinanciación del déficit generado por la pandemia en los Sistemas Integrados de Transporte Masivo a través del FOME, so pena de poner en riesgo de quiebra a dichos sistemas, poniendo en riesgo la prestación del servicio esencial de transporte público”.
Otra propuesta presentada por la agremiación fue la de “asegurar fuentes vitales para la inversión en infraestructura y mantenimiento de la red vial de las ciudades, como la base de recaudo de la sobretasa a la gasolina y los impuestos a vehículos y verdes”.
También se propuso que se respete la integridad y autonomía de recaudo de impuestos locales como el predial y el ICA y que se fortalezca la autonomía territorial y las fuentes de financiación de las ciudades capitales, que les permitan reactivar económica y socialmente las regiones.
La agremiación hace un llamado “a las diferentes fuerzas del país a llegar a un acuerdo nacional y territorial para asegurar la financiación de las apremiantes necesidades de inversión y reactivación de la ciudadanía, las ciudades y el país”.
Sin embargo, los estudiantes aseguran que con la reforma tributaria el presidente incumple el acuerdo firmado en 2018. Según Acrees, el artículo 33 del texto, que busca reducir el gasto estatal, afectaría a las universidades públicas, pues no permitiría cumplir el acuerdo con los estudiantes que obliga al Estado a aumentar las transferencias a los centros educativos por encima del IPC.
Además, denuncian que habría “efectos negativos sobre el funcionamiento de las instituciones con un congelamiento de sus recursos para el pago de planta laboral y compra de bienes y servicios necesarios para funcionar adecuadamente”.
Según cifras de la agremiación estudiantil, de aprobarse la reforma las universidades públicas el próximo año no recibirían 253.000 millones de pesos sino a penas 92.000, “representando un incumplimiento de 63 % menos de lo firmado, asumiendo una inflación de 2,7 % proyectada por el Banco de la República”.
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