El Gobierno Nacional expidió un decreto amparado en la Emergencia Social, que modifica la esencia y estructura de las Corporaciones Autónomas Regionales, CAR, que en los últimos meses han sido el blanco de fuertes críticas por la falta de prevención que hubo para afrontar el invierno.
Según la vicepresidenta de la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales (Asocars), Carmen Sofía Bonilla, fueron varios los borradores del decreto que modificaron algunos puntos de las CAR, entre otros, se consideraba la idea de liquidar las corporaciones existentes y crear 16 nuevas entidades.
Sin embargo, luego del Consejo de Ministros en el que se debatieron los ajustes y alcances de las modificaciones a estas Corporaciones, se ratificó que liquidarlas no era constitucionalmente válido. Bonilla celebró esta decisión y aseguró que “liquidar las CAR no es posible porque constitucionalmente no es permitido, además crear nuevas corporaciones implica tiempo, experiencia y conocimientos”.
Dijo que reciben la noticia de forma constructiva y esperan poder sentarse en una mesa de diálogo que les permita concertar soluciones rápidas y efectivas.
Por su parte, el investigador del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional, Jesús Orlando Rangel Churión, manifestó que de haberse tomado la decisión de acabar con las CAR hubiera sido apresurado, “hay que considerar los costos de una decisión como esa, que no dudo en calificar de apresurada, sin evaluación y sin argumentos fuertes”.
Según el docente, lo primero que se debe hacer es una evaluación de las metas se han cumplido y qué logros se han obtenido.
Para Asocars es necesario revisar y evaluar las funciones de las Corporaciones, además consideró importante que el Sistema Nacional Ambiental y el Sistema de Prevención y Atención de Desastres se fusionen y trabajen de la mano para lograr un mejor desempeño ambiental.
¿PARA QUÉ FUERON CREADAS?
Las Corporaciones fueron creadas para propender por los recursos naturales, la conservación y restauración del medio ambiente. Al respecto, Bonilla aseguró que en temas de prevención y atención de emergencias y desastres, “nosotros somos asesores en términos de atención y valoración del daño.
Tienen entre sus funciones realizar actividades de análisis, seguimiento, prevención y control de desastres en coordinación con las demás autoridades competentes. Pueden celebrar contratos con el único objetivo de defender y proteger el medio ambiente. Ambos temas tienen a las Corporaciones en la mira de autoridades como la Procuraduría, porque no estarían cumpliendo a cabalidad con sus tareas.
Otra de sus funciones es ejecutar las políticas, planes y programas nacionales en materia ambiental. Deben operar el Sistema de Información Ambiental en el área de su jurisdicción. Además, tienen que promover la participación comunitaria en actividades de protección ambiental, desarrollo sostenible y manejo adecuado de los recursos naturales.
Adicionalmente, deben participar activamente en los procesos de planificación y ordenamiento territorial, para incluir dentro de los planes de desarrollo el factor ambiental.
También deben realizar estudios e investigaciones que permitan el desarrollo de proyectos ambientales y deben asesorar a las entidades territoriales en la formulación de planes de educación ambiental formal.
Las CAR deben ejercer control y seguimiento ambiental a las actividades de exploración, explotación, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables. Además, deben vigilar y controla la emisión y descarga de sustancias que puedan atentar contra el medio ambiente.
PRESUPUESTO
Según Bonilla, las 33 corporaciones tienen un presupuesto de 800 mil millones de pesos que se queda corto para tantas funciones que tienen que cumplir. “Por poner un caso, en Cortolima tenemos un presupuesto de recursos propios de 12 mil millones de pesos, es muy poco dinero para cumplir más de 100 funciones”, explicó Bonilla.
Comentarios ()