Hacía varios meses que las instalaciones del Complejo Judicial de Paloquemao en Bogotá no tenían un fin de semana tan agitado en materia de audiencias de legalización de capturas e imputación de cargos.
De hecho, toda la semana pasada el complejo judicial se vio inundado de periodistas, medios de comunicación, estudiantes y familiares de los ocho detenidos por su presunta participación en el atentado al Centro Comercial Andino, por lo que en sus intalaciones fueron reforzadas las medidas de seguridad.
Este lunes continúa la audiencia de medida de aseguramiento contra Iván Ramírez alias ‘Talibán’, uno de los presuntos responsables por el atentado al centro comercial Andino.
Sobre 'Talibán’ pesaba una orden de recaptura luego de quedar en libertad por presuntas irregularidades en su detención; versiones oficiales confirman que Ramírez intentó evadir a las autoridades ingiriendo una memoria USB en la que posteriormente el ente acusador encontró pruebas que presuntamente lo acusaban como uno de los autores de los hechos ocurridos el pasado 17 de junio.
Ramírez fue recapturado en el municipio de Sasaima (Cundinamarca), y según las autoridades habría cambiado su aspecto físico.
Durante el sábado pasado se llevó a cabo la audiencia de legalización de captura y en la mañana del domingo la imputación de cargos en la que Ramírez se declaró inocente.
Cabe mencionar que por los mismos hechos se registró la captura de Cristian Sandoval a quien las autoridades lo acusan como uno de los presuntos responsables del atentado contra el establecimiento comercial.
A Sandoval le fueron imputados cargos por terrorismo, concierto para delinquir, homicidio y porte ilegal de armas. Por ello, un juez de Control de Garantías le dictó medida de aseguramiento intramural.
Por otro lado, en el Complejo Judicial también avanza la medida de aseguramiento contra diez de los 21 funcionarios capturados en el departamento del Meta por los delitos de concierto para delinquir, falsedad en documento público, fraude procesal, cohechos por dar u ofrecer y prevaricato.
Las investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación dan cuenta del modus operandi de dicha organización al interior de la Gobernación del Meta, al parecer, los detenidos entre los que se encuentran jueces, abogados y miembros del Inpec.
"Tenía por objeto otorgar indebidamente subrogados penales a favor de los delincuentes, mediante decisiones relacionadas con redenciones de pena, sustituciones de detención privativa de la libertad por domiciliaria y suspensiones condicionadas en la ejecución de las sentencias”, precisó la vicefiscal María Paulina Riveros.
Los cotejos revelados por el ente acusador constataron que con estas actuaciones, los funcionarios ahora implicados buscaban beneficiar con libertades a personas procesadas por delitos de homicidio, concierto para delinquir y tráfico ilícito de estupefacientes.
En medio de la audiencia adelantada contra los detenidos, la fiscal del caso reveló interceptaciones telefónicas en la que se evidencia la presunta responsabilidad en los hechos que se les acusa.
De manera conjunta, ante el juez 77 de Control de Garantías durante el domingo se llevó a cabo la audiencia de medida de aseguramiento contra las once personas también involucrados en los hechos.
En la tarde del domingo el juez aseguró que la imputación de cargos se llevará a cabo el próximo miércoles 5 de julio.
Cabe mencionar que por los mismos hechos están involucrados tres magistrados quienes tendrán audiencia de imputación de cargos el próximo 10 de julio.
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