Como un imperativo para poder seguir apoyando las medidas de la recuperación de la economía, calificó la junta directiva del Banco de la República, el proyecto de reforma tributaria que llevará el gobierno al Congreso para lo cual pidió sea aprobado.
Así se lee en el primer informe que el Emisor envía cada trimestre al Congreso de la República, en donde hace un balance de la situación económica del país, en donde considera que frente a la actual situación provocada por la pandemia del Coronavirus, “la capacidad del Banco de continuar apoyando la recuperación está íntimamente asociada a la aprobación del programa de ajuste fiscal que el gobierno próximamente pondrá a consideración del Congreso”.
En tal sentido, el Emisor indica en el reporte al Legislativo que “al cabo de un año, la pandemia del Covid-19 continúa causando graves daños a la economía y a la sociedad, afectando con más rigor a los estratos de ingresos bajos de la población. De hecho, se ha perdido parte del avance en reducción de la pobreza que el país había logrado en las últimas dos décadas”.
Indica el informe que durante el segundo semestre de 2020 la actividad económica global mostró signos de recuperación y el desempleo empezó a disminuir, “las políticas públicas de apoyo a las empresas contribuyeron a preservar el tejido empresarial, a pesar de la liquidación o quiebra de muchas de ellas. Por otra parte, en menos de un año se lograron desarrollar vacunas efectivas y seguras, con las cuales el proceso de vacunación avanza en muchos países, incluido Colombia. Todo ello sienta las bases para una recuperación económica y social que, infortunadamente, tendría altibajos y podría demorarse varios años”.
“Si bien las diversas crisis de las últimas tres décadas —incluida la financiera global de 2008 y la originada por la caída del precio del petróleo en 2014— fueron difíciles y costosas, su origen fue enteramente económico, lo que las hacía más predecibles y hasta cierto punto más fácilmente mitigables. En contraste con las anteriores, la crisis actual no solo es más intensa en cuanto a sus efectos sobre el crecimiento y el empleo, sino que su origen no es de tipo económico sino sanitario. Esto último la hace impredecible respecto a su intensidad y duración, lo cual dificulta su manejo”, plantea el reporte en otro de sus apartes.
Consideran que las medidas tomadas por el Banco de la República y el Gobierno “han buscado mitigar los efectos económicos de la pandemia, pero en sí mismas no constituyen una solución al origen del problema, que es eminentemente sanitario. Al contrario, las medidas sanitarias para enfrentar la pandemia, si bien tendrán un efecto económico benéfico en el largo plazo, evidentemente acentúan los efectos recesivos de corto y mediano plazos, como ha ocurrido en Colombia durante el primer año de la pandemia”.
La Junta Directiva del Emisor señala sabía que el sector financiero tenía la “fortaleza suficiente para enfrentar un choque de tanta magnitud, gracias a la adopción en los últimos años de medidas macroprudenciales y a la estricta supervisión a las entidades financieras que se había realizado en cumplimiento de estándares internacionales”.
Destacan que gracias a eso concentraron sus esfuerzos en tres objetivos fundamentales, proteger el sistema de pagos; estabilizar mercados claves, como el cambiario y el de títulos públicos y privados, sometidos a gran presión; y la creación de las condiciones necesarias para que el crédito continuara fluyendo a la economía.
Un aspecto más que señalan se hizo fue reducir la presión sobre el mercado cambiario, se introdujeron mecanismos de intervención que facilitaron las coberturas y ampliaron la liquidez en dólares, sin afectar el monto de las reservas internacionales.
“Las mayores necesidades de gasto público para atender las consecuencias de la pandemia y los menores ingresos tributarios implicados por la desaceleración de la actividad económica han deteriorado la posición fiscal en todo el mundo. En el caso particular de Colombia, la deuda pública se elevó sustancialmente en 2020 y ha adquirido una dinámica que, de no revertirse, compromete la capacidad del país de atenderla. Esta realidad es una amenaza al acceso del sector público al financiamiento tanto local como externo, en una coyuntura en la que este acceso es indispensable para la normal ejecución del presupuesto nacional”, concluye el informe al Congreso.
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