A partir de hoy, unos 12.000 internos podrían quedar en libertad debido a que no se les ha resuelto su situación jurídica. Así lo establece la ley 1786 de 2016, la misma que fue prorrogada por un año, pues debía haber entrado en vigor el 6 de julio de 2015 (Ley 1760).
“Sin atender la realidad procesal del país, se establecieron normas en las que las medidas de aseguramiento no deben tener más de un año”, fue el cuestionamiento hecho por el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, en claro rechazo a la posibilidad dispuesta con dicha normativa. “Eso va a dar lugar a excarcelaciones masivas”, alertó Martínez, un mes antes de la entrada en vigencia de la medida que da luz verde a la avalancha de solicitudes de libertad.
“Las audiencias de juzgamiento no se hacen en un año”, dijo Martínez y precisó que en la medida en que el ente acusador sea mucho más efectivo, la problemática para el sistema penal acusatorio será mucho mayor. Lo cierto es que a la fecha más de 100.000 audiencias están represadas por cuenta de la falta de alternativas del sistema judicial.
“El número de jueces en 1994, cuando yo era Ministro de Justicia, es prácticamente el mismo que existe hoy, 23 años después”, dijo Martínez, criterio con el cual coincidió el presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Rigoberto Echeverry: “Esa ley se sacó hace dos años para solucionar la congestión en las cárceles, pero lo único que se ha hecho es postergar su entrada en vigencia por un año. No se ha hecho nada y en el sistema penal hay problemas coyunturales”, dijo el jurista.
Ante estos cuestionamientos el exministro de Justicia Yesid Reyes aseguró que con el referido aplazamiento se buscó dar más tiempo a las entidades para depurar con facilidad los procesos judiciales de mayor complejidad.
Pero, al parecer, se podría generar una nueva prórroga, pues al consultar con distintas entidades acerca de balances o programas de seguimiento a las libertades que se darían, ninguna dio razón.
Desde el Consejo Superior de la Judicatura se habla de cinco entidades que están relacionadas con estos casos (Inpec, Ministerio de Justicia, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General y la propia Judicatura), pero ninguna, a pesar de las mesas de trabajo dispuestas para este tema -dicen- cuenta en sus seguimientos con cifras actualizadas del número de internos que saldría, como tampoco de los delitos que van a ser cubiertos por la norma, ni los penales que tendrían que abrir sus puertas para las excarcelaciones.
Lo cierto es que, según el exministro Yesid Reyes, impulsor de la ley, quienes podrán recuperar su libertad serán los señalados de incurrir en delitos catalogados como leves; entre ellos, el hurto, el microtráfico, el maltrato, la injuria, la estafa y la usurpación, entre otros”.
Según Reyes, el objetivo de la misma no es otro que “racionalizar el uso de detención preventiva con el fin de sostener la presunción de inocencia que tiene cada interno”. Y es que según el penalista, es inadmisible que un colombiano dure privado de la libertad más de cinco años sin que se pruebe su culpabilidad.
Sin embargo, el exministro es optimista frente a lo que suceda con esta ley, aunque es consciente de que la demora en la justicia Penal obedece a la falta de personal en los despachos y la distribución de responsabilidades en la Fiscalía, por lo cual considera que el ente acusador debe transformarse internamente con el fin de depurar no solo esos procesos sino todos los que se adelantan.
“Si bien es cierto hay personas esperando por un juicio, ellos no deben cargar la crítica situación que padece la justicia”, precisó Reyes.
VIABILIDAD DE LA LEY
La representante a la Cámara Ángela María Robledo, quien presentó algunos reparos a la norma, considera que esta es viable en la medida en que soluciona en parte el hacinamiento carcelario.
“La ley es un paso más que debe dar la justicia colombiana, pues muchos de los ahora detenidos no pueden ser castigados por la negligencia de los jueces”, precisó la congresista, y resaltó que es importante que las entidades de seguridad y de justicia revisen cada caso, tal como está sucediendo con los amnistiados de la guerrilla de las FARC, y agregó que la justicia debe hacer análisis sobre los delitos catalogados como leves.
De igual manera, realizó un fuerte pronunciamiento contra la Fiscalía General de la Nación, pues aseguró que “la entidad ha sido reforzada financieramente para depurar los procesos judiciales, por lo que no tienen ninguna excusa para no avanzar en su trabajo”, precisó la congresista de la Alianza Verde, y de paso recordó que, ante las preocupaciones de los colombianos por la seguridad tras concederse las referidas libertades, la Policía Nacional está en la obligación de velar por la protección de todos los ciudadanos en el territorio nacional.
Este concepto fue respaldado por el senador Alfredo Rangel, del Centro Democrático, quien señaló que las autoridades deben tomar las medidas pertinentes a la hora de dejar en libertad a presuntos delincuentes que pueden reincidir en sus delitos. Ante esto, propuso que se hagan seguimientos de seguridad a cada persona que recobre su libertad, para evitar que reincida en los delitos por los que son señalados, so pena de regresar a prisión. “Esta ley ayudará a que más de 40 % de los presos que no han sido condenados definan su situación judicial”, precisó el congresista, quien consideró que la norma está destinada a ser una solución rápida para los procesos judiciales.
De acuerdo con el parlamentario, “la justicia debe ser rápida, oportuna y justa a la hora de actuar contra personas que hayan cometido algún delito”. Según el especialista en temas de seguridad, y teniendo presente el postulado de justicia democrática, “es mejor absolver a un culpable que condenar a un inocente, ya que toma más tiempo adelantar una investigación que redimir culpas”.
Sobre la preocupación de la ciudadanía, Ariel Ávila, Subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, señaló que la Policía Nacional debe llevar a cabo un seguimiento especial para cada caso, con el fin de evitar reincidencias, y a la vez precisó que la sociedad no debe estigmatizar la condición de los excarcelados, ya que no se les estaría dando la oportunidad de resocializarse.
“La preocupación de los colombianos no debe ser el aumento de la inseguridad por cuenta de la excarcelación masiva, sino la falta de planes de vigilancia por parte de las autoridades locales”, consideró Ávila.
FALENCIAS EN LA JUSTICIA COLOMBIANA
Juan Carlos Ruiz, experto en seguridad, considera que el sistema de justicia está colapsado por los altos niveles de impunidad y corrupción en las entidades del Estado, por lo cual aseguró que esta ley es tan solo “un pañito de agua tibia”.
Para él, es necesario la creación de un Ministerio de Seguridad Pública que reglamente los derechos de los procesados en el país, que oscilan entre 100.000 y 120.000 reclusos.
En criterio del abogado penalista Francisco Bernate, lo que busca el Gobierno Nacional es cumplirles a la Corte Constitucional y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que consideran que un ser humano no puede ser privado de su libertad sin tener pruebas de su culpabilidad. “Para la justicia colombiana se ha convertido en una práctica común no respetar la presunción de inocencia de los detenidos”, afirma Bernate y considera que el error recae en medio de un proceso “acá en Colombia se detiene, se lleva a la cárcel y luego se investiga, eso no debe pasar”, precisó el experto.
(((DATO)))
- La ley que empezará a regir el 1 de julio “se creó con el fin de evitar que inocentes paguen días y hasta años de cárcel sin que sean condenados como culpables o inocentes. Por cuenta de privaciones injustificadas de la libertad, el Gobierno Nacional ha tenido que enfrentar demandas que rondan los 45 mil millones de pesos.
- En relación con estos casos, los abogados Ruiz y Bernate coincidieron en que el Estado debe reparar monetariamente a las personas privadas de la libertad sin ser culpables.
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