El exfiscal Anticorrupción Luis Gustavo Moreno se comprometió con la Fiscalía General a declarar en contra de 26 personas más que estarían involucradas en el escándalo de corrupción conocido como ‘El Cartel de la Toga’.
Así quedó claro en las 11 páginas del principio de oportunidad que Moreno firmó con la Fiscalía y que deberá ser avalado por un juez de la República en próximos días.
Moreno ‘prenderá el ventilador’ en contra los magistrados y exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia Gustavo Malo Fernández, Francisco Ricaurte, Camilo Tarquino, José Leonidas Bustos y Camilo Ruiz.
Igualmente, declarará contra los congresistas y excongresistas Zulema Jattin, Álvaro Ashton, Musa Besaile, Julio Manzur, Luis Alfredo Ramos, Óscar Mauricio Lizcano, Martin Emilio Morales, Nilson Córdoba, Argenis Velásquez Julio Eugenio Gallardo Archbold.
Moreno igualmente salpicará a los exalcaldes y exgobernadores Franklin Germán Chaparro, Juan Carlos Abadía, Lucas Segundo Gnneco, Alberto Velásquez, Sandra Paola Hurtado y Alejandro Lyons Muskus.
El principio de oportunidad también incluye a abogados, funcionarios y exfuncionarios públicos de la Fiscalía y la Corte como Martha Cristina Pineda, Luis Raúl Acero, Luis Ignacio Lyons, Alfredo Bettin España y Héctor Gerardo Torres.
“La información aportada y que se compromete a seguir proporcionando Luis Gustavo Moreno permitirá cumplir el supuesto de suministrar información eficaz para evitar que el delito continúe ejecutándose, pues a través de los interrogatorios rendidos por el aspirante, este ha suministrado información con la cual se logró la identificación de personas que participaron en los hechos delictivos relacionados con: (i) “corrupción judicial” al interior de la Corte Suprema de Justicia y, (ii) los pagos que se realizaron a estos funcionarios con el fin de obtener decisiones favorables de procesos que se sigue contra senadores, representantes a la Cámara, gobernadores y otros funcionarios públicos”, dice el principio de oportunidad.
Con esta colaboración ante la Fiscalía se suspendería la acción penal contra Moreno por un año, bajo inmunidad parcial, sobre los hechos delictivos que cometió siendo abogado litigante y por los cuales es procesado por delito de concierto para delinquir, cohecho por dar y ofrecer, tráfico de influencias de particular y utilización indebida de información oficial privilegiada.
Esto, por hacer parte de la supuesta de red de abogados, que habría actuado junto con el exmagistrado Francisco Ricaurte, para direccionar procesos en la Corte Suprema de Justicia a cambio de millonarias sumas de dinero.
En el principio de oportunidad se deja en claro que las investigaciones contra Moreno que se adelantan por supuestas irregularidades cuando era Jefe Anticorrupción de la Fiscalía, así como el proceso de extradición que cursa en su contra hacia los Estados Unidos, “no son objeto de inmunidad”.
“En consecuencia, el aspirante solo tendría inmunidad frente a los hechos delictivos en los que admita responsabilidad y se auto incrimine en su ejercicio como abogado litigante”.
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