La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Cristina Plazas Michelsen, apelará la decisión de una jueza de Familia de Bogotá, que ordenó reintegrar a una menor maltratada al seno de su familia.
Se trata de un caso que la funcionaria calificó de “aberrante”, pues la niña de diez años en 2014 fue encontrada en la calle por la Policía de Infancia y Adolescencia, argumentando que había escapado de su casa por los maltratos a que era sometida por sus propios padres. Incluso, la niña evidenciaba señales de abuso sexual por parte del dueño de la vivienda.
Esta semana, Plazas Michelsen había denunciado el caso en su cuenta de Twitter, pero hoy anunció que interpondrá una acción de tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá en contra de la jueza 29 de Familia de Bogotá, Sandra Mejía Mejía, quien ordenó regresar la custodia de la niña a sus padres biológicos.
“Ayer conocí de esa decisión en la que restablecieron los derechos de una menor a unos padres que desde hace varios años han venido agrediendo física y psicológicamente a esa niña”, se quejó la funcionaria.
Incluso, comentó que ella misma, como directora del ICBF le pidió a la juez tener en cuenta la versión de la menor, que hoy cuenta con 11 años de edad, en la que afirma que “no quiere regresar a su hogar porque allá la maltratan”. Los padres de esta menor, dijo la funcionaria, son personas alcohólicas.
“No es posible que estos casos se sigan presentando y que no se tenga en cuenta todo lo que dice la niña, que asegura que no quiere volver a su casa porque allá la maltratan”, señaló.
Plazas consideró que la decisión judicial “es absurda”, pues existen suficientes pruebas para demostrar el maltrato a la menor.
“Cuando encontramos a la niña en la calle, presentaba varias señales de maltrato en su cuerpo y signos de presuntos abusos sexuales. Cuando Medicina Legal la valoró le dio siete días de incapacidad” precisó.
Fue entonces cuando ingresó al programa de restablecimiento de derechos en el ICBF, entidad que después la declaró en proceso de adaptabilidad.
“Lo más triste es que ahora Sandra Mejía Mejía, jueza 29 de Bogotá, decide que la niña debe volver con sus padres a pesar de que han estado totalmente desinteresados en su hija y tampoco han cumplido las responsabilidades que les asignó el Defensor de Familia, como ir a terapias de rehabilitación en Alcohólicos Anónimos. Este es el caso más aberrante de vulneración de los derechos de los niños que he conocido”.
Plazas Michelsen enfatizó que los derechos de los niños y adolescentes están por encima de los demás. Por lo tanto, hace un llamado a la justicia para hacer una revisión de este caso. “Lo que está pasando en el país es que los derechos de los adultos priman sobre los derechos de los niños. No nos preocupamos ni por lo que sienten, ni por lo que piensan”, dijo.
Y concluyó que durante los dos años que lleva la niña bajo custodia de la entidad “los papás no han recibido ninguna atención psicosocial, no se han rehabilitado. No entendemos porque una jueza puede decir que estos papás son garantes”.
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