Este miércoles, la Procuraduría General de la Nación leerá el sentido del fallo del proceso disciplinario que adelanta contra el exconcejal de Bogotá, Hipólito Moreno, investigado por su presunta responsabilidad en el escándalo del ‘carrusel de la salud’ en la capital del país.
A comienzos del mes pasado la Procuraduría le imputó al excabildante cargos por su participación en la contratación irregular del servicio de ambulancias para el servicio de la red pública hospitalaria de Bogotá.
"La conducta disciplinaria investigada en cabeza del doctor Hipólito Moreno es sin duda ilícitamente sustancial (...) pues la adjudicación y contratación que se realizó a favor de la Unión Temporal Transporte Ambulatorio en Bogotá, por valor de 67 mil 203 millones, al parecer irregularmente afectaron desde luego el deber funcional sin justificación alguna", señaló en su momento el Procurador Primero Distrital, Fabio Becerra, quien lleva el proceso.
En la audiencia pública de descargos, realizada el 18 de septiembre pasado, el abogado de Moreno leyó una carta de éste en la que admite que recibió 600 millones de pesos luego de la adjudicación de la licitación para la compra de ambulancias, recursos con los que en 2009 financiaría su campaña a la Alcaldía Mayor de la capital del país.
El ex cabildante le dijo al Ministerio Público que para reparar el daño que le causó a la sociedad ofrece un apartamento por valor de 1.236 millones de pesos como "muestra de verdadero arrepentimiento" a tiempo que pidió perdón por sus acciones.
Por ello, la defensa de Hipólito Moreno espera que la sanción de la Procuraduría, que se conocerá este miércoles sea “la menor posible, teniendo en cuenta que reconoció los hechos, quiere reparar a las víctimas y tiene una enfermedad terminal”.
Además del proceso disciplinario, el ex concejal del Partido de la U fue condenado a pagar seis años y medio de prisión domiciliaria, beneficio que le concedió el juez debido a su delicado estado de salud.
El juez séptimo penal del circuito con función de conocimiento emitió la sentencia en la que además lo obliga a pagar una multa de 59 millones de pesos, luego de avalar el preacuerdo que suscribió el polémico ex concejal con la Fiscalía General de la Nación, en el que aceptó su responsabilidad en los delitos por cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos.
Ha trascendido que el fallo disciplinario será de destitución del cargo como concejal de Bogotá, y que el Ministerio Publico le impondrá una sanción de entre 15 y 20 años para ejercer cargos públicos.
Comentarios ()