Colombia


‘Cacica Gaitana’: Físcalía solicita medida de aseguramiento para cuatro acusados

COLPRENSA

16 de febrero de 2012 08:18 PM

Argumentando que constituyen un peligro para la sociedad, la gravedad de las conductas y la no probable comparecencia al proceso, el fiscal 15 de la Unidad Anticorrupción, José Francisco Villareal solicitó medida de aseguramiento para cuatro de la 11 personas vinculadas en el proceso de la presunta falsa desmovilización de la compañía ‘Cacica Gaitana’.
Los delitos por los que se pidió la medida para el ex comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo; el coronel del Ejército, Jaime Joaquín Ariza; el exguerrillero Raúl Agudelo Medina, alias ‘Olivo Saldaña’, y Felipe Alejandro Salazar, ‘Bíofilo’, son peculado por apropiación en favor de terceros, concierto para delinquir, fraude procesal, porte, tráfico, fabricación de arma de fuego y municiones de uso privativo de las fuerzas Armadas y fabricación, tráfico y distribución de armas de fuego y municiones. A Restrepo, adicionalmente,  le fue imputada la conducta de  prevaricato por acción.
Es de mencionar que el coronel Jaime Joaquín Ariza y Felipe Alejandro Salazar Pacheco hasta el momento de la petición del ente acusador gozaban de la libertad. Sin olvidar que de Luis Carlos Restrepo no se conoce su paradero, puesto que se sabe que salió del país el pasado 8 de enero, según la Fiscalía.
En el proceso también están vinculados el coronel en retiro Hugo Castellanos y Hugo Alberto Rojas. A este último se le señala de ser el narcotraficante que financió la compra de armas, así como de hacerse pasar por desmovilizado para recibir beneficios del Estado.
Por su parte, a Álvaro y Rocío Agudelo Medina, hermanos de 'Olivo Saldaña', también son investigados por los mismos hechos. De igual manera sucede con José Alfredo, Flor Inés y Miguel Pacheco Ramos, quienes hacen parte del programa de protección a testigos de la Fiscalía, por lo que para ellos no se pidió que fueran cobijados con medida de aseguramiento.
DATO
Según la Fiscalía al menos mil 19 millones de pesos, fue el detrimento que sufrió el Estado con la presunta falsa desmovilización, ocurrida en Alvarado, Tolima, el 7 de marzo de 2006.

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