La canciller María Ángela Holguín termina una semana que bien puede ser la más difícil de su trabajo en el Ministerio, por más de tres años. Lo reconoce en sus palabras y lo refleja en su rostro cansado. Asuntos que siempre hubieran sido trascendentales, como preparar la asistencia de Colombia a la Asamblea General de la ONU o planear el futuro de la Comunidad Andina, han quedado al margen tras la emergencia generada por el fallo de la Corte de La Haya y las consecuentes pretensiones de Nicaragua.
Días después de que el presidente Juan Manuel Santos anunciara el programa definitivo de Colombia para remediar la situación creada por el dictamen adverso, la Canciller entiende las críticas que éste plan ha despertado, pero insiste en que es el camino correcto, pues dice que se trata de “actuar en el marco de la Constitución y protegiendo derechos históricos”.
Esa postura la basa en el conocimiento sobre el caso aportado por expertos nacionales e internacionales que asesoran al Gobierno, en casos similares de fallos de la Corte no aplicados por distintos países y en el mismo tono conciliatorio en que habló esta semana el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega.
María Ángela Holguín analizó, en entrevista con Colprensa, los detalles de la estrategia del gobierno nacional para garantizar la soberanía colombiana en el Caribe.
- El compromiso del Gobierno es por la recuperación integral de San Andrés, incluso esta semana se anunció una inversión de la banca internacional de más de 80 millones de dólares. Hagamos un recuento de esas medidas, ¿hasta dónde van a llegar?
Los anuncios del Gobierno se han venido materializando en iniciativas que hacen parte del Programa San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Todas las acciones que se están llevando a cabo buscan hacer del archipiélago una región sostenible, que les dé a sus habitantes oportunidades de desarrollo y se enmarcan en las inversiones hasta por $285 mil millones de pesos anunciados por el Presidente Santos. Están marchando iniciativas para apoyar a los pescadores tanto artesanales como industriales, para apoyar el sector educativo, para mejorar el sector de comercio y turismo, hay planes de deporte y cultura, salud, infraestructura u transporte entre otros.
- ¿Cuándo se verán en concreto los resultados de la estrategia planteada por el Gobierno para no perder soberanía?
Siempre hemos tenido soberanía sobre todas las islas y cayos del archipiélago y sobre su mar territorial. Lo que queremos decir con esta estrategia integral es que vamos a actuar en el marco de la constitución y protegiendo derechos históricos.
- Si los estudios de Lindsay Parsons (experto internacional en asuntos de la Convención del Mar, contratado por Colombia) no están completos, ¿en qué fundamenta el Gobierno que la plataforma continental extendida se une con la de San Andrés?
El derecho internacional reconoce a los Estados que tengan costas o territorios insulares 200 millas de plataforma continental, independientemente de las características geomorfológicas; es un derecho que se tiene ipso facto. La superposición de la plataforma que proyecta el litoral Caribe con la que generan las islas del archipiélago se da porque ambas plataformas se extienden hasta las 200 millas y la distancia entre el litoral y las islas del archipiélago es menor de 400 millas. Además de basarnos en el derecho internacional estamos adelantando los estudios geológicos que usted menciona y que vendrían a complementar lo que ya es claro: que Colombia tiene una plataforma continental continua e integrada.
- ¿Tiene soporte jurídico el planteamiento del Gobierno de las zonas contiguas, usado para exponer la no aplicabilidad del fallo?
Es importante aclarar que la declaración de una zona contigua integral lo que busca es clarificar estas zonas y los derechos que tenemos sobre ellas y que están establecidos en derecho internacional para todos los países que tienen litoral. Se ejerce jurisdicción y control en la Zona Contigua Integral en todo lo que tiene que ver con asuntos de seguridad y lucha contra la delincuencia, así como en materias fiscales, aduaneras, sanitarias, de inmigración entro otros. Las zonas contiguas tienen un claro soporte en el derecho internacional consuetudinario.
- Hay quienes advierten que la legislación interna no puede ser un elemento para desconocer la internacional. ¿Cómo evitar que esa jurisdicción internacional se venga en contra de Colombia?
En derecho internacional hay dos teorías históricamente: la monista, que dice que el internacional prima siempre sobre el nacional, y por eso las normas de derecho internacional se incorporan automáticamente a la legislación interna; y la dualista, que dice que para que una norma internacional sea aplicable en un país, se requiere de un acto que la incorpore. Las mismas teorías aplican en materia de fallos de la Corte. En materia de límites, en el año 1991 el Constituyente fue muy claro en que cualquier modificación debería hacerse mediante tratados aprobados por el Congreso, en el Artículo 101 de la Constitución, así decidió que la incorporación al derecho interno no es automática. En nuestro caso la legislación interna no desconoce el fallo de la Corte, pero sí dispone que para que ese fallo pueda tener efecto, tiene que ser recogido en un tratado, aprobado por el congreso.
- ¿Qué les dice a los analistas que han considerado que la estrategia anunciada por el Gobierno responde más a una estrategia política que a una jurídica?
Es una estrategia jurídica. El punto central es que tenemos unos impedimentos constitucionales para implementar el fallo. El artículo 101 de la Constitución dice que los límites no pueden ser modificados sino a través de tratados aprobados por el Congreso. El Presidente juró defender y hacer cumplir la Constitución y en ese orden de ideas el fallo es inaplicable hasta tanto se celebre un tratado. Por esta razón hemos demandado los dos artículos de la ley que incorpora el Pacto de Bogotá, para un pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre el camino a seguir.
- ¿Por qué es necesario que el Gobierno recurra así a la Corte Constitucional para que se pronuncie sobre el Pacto de Bogotá?
Para que la Corte se pronuncie sobre la constitucionalidad de esos artículos y sobre si el cambio de límites debe hacerse a través de un tratado.
- ¿Pero no están muy confiados en que habrá un fallo de la Corte dándole la razón al Gobierno?
No tanto es confianza, sino que esperamos que la Corte nos abra el camino y, como garante de la Constitución, sea ella la que nos diga qué camino debemos tomar y ese será el que tomará el Gobierno.
- También se critica que el Gobierno haya demorado mucho tiempo (10 meses) en anunciar la estrategia para enfrentar el fallo de la Corte de La Haya…
No fue mucho tiempo, había muchas cosas que entender. Desde el punto de vista constitucional tampoco era evidente, porque fíjese que los gobiernos anteriores no habían hecho un estudio acerca de ello. Desde el punto de vista de las zonas contiguas, fue un estudio a profundidad, con internacionalistas, y ellos también se toman unos meses para dar consejos específicos a un país, por eso era un tiempo prudencial. Ante el tema que sobrevino después, que fueron las pretensiones nuevas de la plataforma continental extendida, también quisimos que la estrategia incluyera ese aspecto. Es algo de mucha trascendencia para el país, como para pensar que nueve meses es mucho tiempo.
- ¿Qué espera Colombia de la ONU al enviar una carta, en conjunto con otros países, advirtiendo de intereses expansionistas de Nicaragua?
Estamos enormemente preocupados, porque esta actitud expansionista de Nicaragua pueda hacer que se pierda la armonía y buena vecindad en el caribe. No se puede olvidar que los derechos de los estados terminan donde comienzan los de otros, y el vivir en comunidad implica respeto. Lo que buscamos es que el Secretario General esté al tanto de una situación que puede generar problemas en la región.
- ¿En que basa el Gobierno de Colombia el planteamiento sobre un expansionismo de Nicaragua?
La Corte Internacional de Justicia le rechazó a Nicaragua la pretensión de una plataforma continental extendida en el fallo anterior. Nicaragua presentó ante la comisión de límites de la Convención del Mar que se le reconozca una plataforma continental extendida que violaría los derechos marítimos de Colombia y por lo menos de otros tres países como Jamaica, Costa Rica y Panamá.
- ¿Qué opinión le merece el tono del presidente Daniel Ortega luego del anuncio de la estrategia de Colombia frente al fallo?
Hay sido muy positivo y mire que casos de dificultad en implementación la Corte tiene varios, por eso ha sido abierta y consciente de que los países, en ciertos momentos de choque contra un marco jurídico interno, se tomen un tiempo. Están los casos de Nigeria y Camerún, que llevan desde el 2002 tratando de hacerlo; el de Hungría y Eslovaquia y el fallo Avena, que es entre Méjico y Estados Unidos, en el que los últimos dicen que tienen dificultades en su implementación, porque hay unos temas que dependen de la justicia federal y que eso es del resorte del Gobierno. Hay otros, incluso, en que los países terminan haciendo un tratado que modifica el fallo. El promedio de la implementación de un fallo son siete u ocho años, nada es automático y depende de si los cambios implican población. El doctor Carlos Gustavo Arrieta, que estuvo en La Haya el jueves, se reunió con el secretario general y el vicepresidente de la Corte, a quienes les manifestó esta posición. Estamos seguros de que la Corte es compresiva y esa actitud del presidente Ortega es en el mismo sentido.
- En este diferendo una gran perdedora es la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, que ha quedado desperfilada en medio de discusiones internas…
Las opiniones dentro de la Comisión son distintas ante la reacción del fallo y esto se ha visto allí reflejado.
- ¿Recuperará algún día el respeto y la vigencia la Comisión Asesora?
Claro que sí, estoy convencida.
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