. “El señor estaba esposado y reducido ¿por qué lo esposan de manos y pies, unieron las esposas, y le seguían pegando? A todas luces eso se ve como trato inhumano que le causó intenso dolor”, dijo la Juez 29 con función de control de garantías a la hora de enviar a la cárcel a los patrulleros de la Policía Harby Rodríguez y Juan Camilo Lloreda, por presunta responsabilidad en el homicidio y tortura de Javier Ordóñez, ocurrida el pasado 9 de septiembre en el occidente de la capital del país. Los uniformados tendrán que estar recluidos en la cárcel de Facatativá. (Lea puede interesar: Como “monstruos” catalogó el hermano de Ordóñez a los dos patrulleros)
Estos fueron algunos de los reproches que le hizo a los uniformados de la Policía, quienes a su juicio, “irrespetaron la institución y la hicieron quedar mal”, con las actuaciones que le provocaron la muerte a Ordóñez. De ahí que la juez determinara que son un peligro para la comunidad y obstrucción a la justicia.
La juez dijo que solo bastó una hora y 20 minutos para que los patrulleros, con su actuar, en el marco del procedimiento policial, presuntamente, acabaran con la vida del estudiante de derecho de 45 años, quien se encontraba departiendo con dos de sus amigos, cuando encontró la muerte en la madrugada del 9 de septiembre.
La juez expuso que, con base en las pruebas expuestas por el fiscal 94 de derechos humanos, en la audiencia de imputación de cargos y conforme de los estudios forenses, le permitieron vislumbrar que “es evidente que hay una muerte violenta”, en este proceso y se hace agravado “porque se puso a la víctima en estado de indefensión”.
Argumentó la juez de garantías que los golpes en el pómulo, en la nariz, en la mandíbula, en el pecho, el hombro, la rodilla izquierda, el antebrazo izquierdo, e incluso las esquirlas de un proyectil de arma de fuego, es una evidente violencia contra la humanidad de Ordóñez.
“Se puede inferir que tuvo que ser muy violento el procedimiento policial para que se produjera ruptura de arterias en su abdomen, que le causaron mucho dolor y sufrimiento”, expresó la juez con base en uno de los testimonios que trajo a colación la Fiscalía, con el que buscaban dejar al descubierto el actuar de los uniformados.
Respecto del delito de tortura, la juez dejó claro que “es evidente que hubo tratos crueles e inhumanos que, al parecer, no eran necesarios porque ya tenían reducido al señor Javier Humberto ya que uno lo tenía oprimida la cabeza y el cuello, sumado al taser”.
Las actuaciones de los uniformados, para la juez, a todas luces son hechos que no deben tener los funcionarios del Estado que están para proteger a la ciudadanía. La delegada de la Rama Judicial aseguró que Juan Carlos Lloreda quien accionó el taser contra Ordóñez, ya tenía una denuncia hecha en febrero de este año, esto, luego de que también agredió a una pareja que se encontraba en un parque. (Le aquí: Caso Javier Ordóñez: patrulleros se declaran inocentes y piden justicia militar)
“Marco Emilio es un abogado, que dijo que Juan Camilo Lloreda en su calidad de patrullero, los abordó, los redujo, les pegó, y él alcanzó a decirle al hermano y le hicieron el mismo procedimiento excepto el taser. Los golpes no fueron tan contundentes, pero le pegaron a él y su hermano”, expuso la juez, trayendo a colación este caso en el que se evidencia el actuar irregular del patrullero hoy imputado.
La juez reprochó que, si bien los abogados defensores expusieron las hojas de vida de los uniformados con un sinnúmero de felicitaciones en las mismas, es evidente que tienen capacitación sobre el uso de las armas de dotación y aún más de un procedimiento policial, sin embargo, lo que dejó de presente es que “la fuerza es necesaria cuando se requiere y de manera proporcionada más no desbordada. Son dos policías encima de un ciudadano que no se podía mover, que estaba inmovilizado y lo trataron con el menor respeto de la dignidad humana”.
Para la delegada de la Rama Judicial estas actuaciones denotan un grave comportamiento. “Es obligación del Estado proteger a la ciudadanía, y aquí agentes del Estado utilizaron toda su fuerza para todo lo contrario. En Colombia está prohibido la tortura y tratos crueles e inhumanos y degradantes”.
“Los ciudadanos creen que la Policía los cuida y, al parecer, ese procedimiento fue totalmente adverso”, añadió la juez quien no dejó de reprocharle a los uniformados el motivo por el cual le generaron múltiples lesiones, aún cuando Ordóñez ya estaba reducido en el piso rogando por su vida.
Comentarios ()