El próximo 6 de agosto, los integrantes de un Tribunal de Arbitramento emitirán un fallo que, independientemente de quién sea el favorecido, será histórico, no solo por su monto y sus partes, sino por las implicaciones que tendrá en el escándalo de corrupción de Odebrecht en Colombia.
El tribunal deberá pronunciarse sobre la demanda que en agosto de 2016 presentó la firma brasilera, a través del consorcio Ruta del Sol 2, contra la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) por 798.000 millones de pesos.
Carlos Mauricio González, Catalina Hoyos y Jorge Enrique Ibáñez son los árbitros que tienen a su cargo la decisión.
Según la Procuraduría, la disolución de la sociedad Ruta del Sol 2, ordenada por las superintendencias de Sociedades y Transporte no debe hacerse efectiva sin tener en cuenta el pronunciamiento de los arbitros.
El mensaje del Ministerio Público conocido este viernes tiene dos claros destinatarios: Supersociedades y Supertransporte, entidades que el lunes anunciaron que se encargarán de la disolución
Según el Ministerio Público, la disolución de la Ruta del Sol 2 “es una carga fiscal adicional que los colombianos no deben soportar”. Con la disolución, las deudas que la multinacional brasileña adquirió con la banca colombiana, puntualmente con el emporio económico y financiero Aval, del magnate Luis Carlos Sarmiento Angulo, tendrán que ser asumidas por el Gobierno, y en últimas, por todos los colombianos.
“Es inoportuna cualquier decisión que se adopte en este proceso de disolución y liquidación sin que se respete la decisión que tome el Tribunal de Arbitramento, donde, entre otras cosas, se debería resolver el monto del detrimento atribuible a la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S.”, señaló la Procuraduría.
El laudo arbitral es un voluminoso expediente que ha recabado pruebas a lo largo de estos años y que no ha escapado a escándalos como el relacionado con las renuncias de Alier Hernández, Stella Villegas y William Namén, los tres juristas que estuvieron en el comienzo del proceso y cuyas dimisiones llevaron al congelador la deliberación por un buen tiempo mientras se escogían los nuevos árbitros y leían las actuaciones que alcanzaron a adelantar.
Ante esa instancia han declarado, entre otros, Jorge Enrique Pizano (qepd), el exauditor de Corficolombiana, y el exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade, hoy en Estados Unidos, pero vinculado por parte de la Fiscalía al entramado de corrupción.
Pizano le dijo al tribunal en enero del año pasado las sospechas que tenia porque algunos pagos no fueron debidamente documentados ante el sistema Sarlaft. Carolina Hoyos, por ejemplo, le preguntó si “¿informaba debidamente a Corficolombiana y a Episol sobre pagos que no hubieran pasado por Sarlaft?”.
La respuesta de Pizano fue contundente: “sí, yo informaba y no solamente a Corficolombiana, sino que, como era mi obligación, al presidente de la Concesionaria y a los gerentes de las áreas” y añadió que cada una de esas actuaciones las tenía debidamente documentadas y, de hecho, señaló que también las entregó a la Fiscalía General de la Nación.
Este es uno de los testimonios que conoció Colprensa sobre los elementos materiales probatorios que reposan en el expediente y que son analizados por parte de los árbitros. Pero también figura un apartado que expone que el monto de los perjuicios provocados por la brasileña Odebrecht asciende a 7.6 billones de pesos.
Son diez variables que se fueron analizadas y entregadas para anexar al expediente. La que más suma es la que hace referencia al daño causado a la economía del país y que tiene como base en el informe mensual de Fedesarrollo No. 179 que hace referencia a la fecha de terminación de la obra. Este ítem fue reseñado ante el Tribunal por un costo de 6.033 millones de pesos.
También se tienen en cuenta los sobornos que pagaron para hacerse a los contratos estatales, las irregularidades en las consultorías y las interventorías para la estructuración del proyecto, los costos eventuales demandas contra el Estado por parte de los proponentes no favorecidos y los sobrecostos relacionados con la celebración de nuevos contratos.
Dentro de estas diez variables hay dos que aún no han sido cuantificadas y que, sin duda, elevarán el valor de los 7.6 billones de pesos. Una hace referencia a las eventuales demandas laborales y la otra a los costos derivados de un posible daño reputacional.
El monto puede seguir elevándose si se tiene en cuenta que estos valores fueron entregados hace algunos meses ante el mencionado tribunal, por lo que es posible que a hoy estos montos hayan subido.
Bajo este contexto, y teniendo en cuenta el fallo del Tribunal de Cundinamarca de diciembre pasado en el que se inhabilitaba por 20 años a la firma y se ordenaba que pagara una suma de 800.000 millones de pesos, se debe proferir la decisión de los árbitros y ante la cual en la Procuraduría están más que pendientes porque insisten que es fundamental conocer la providencia antes de empezar a la disolución del Consorcio.
De empezar una actuación de cara a disolver esa sociedad antes del pronunciamiento de esa instancia arbitral, se abre la puerta a una serie de investigaciones disciplinarias a varios funcionarios de las mencionadas Superintendencias. Por ahora, en el Ministerio Público están a la espera de que esas entidades entreguen antecedentes, soportes, documentos y demás sustentos que llevaron a tomar la decisión de convocar a la concesionaria al proceso de liquidación judicial ante la Superintendencia de Sociedades. El plazo se les vence el próximo miércoles.
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