La decisión de Colombia de declarar inaplicable un fallo de la Corte de La Haya que le quitó al menos 75.000 km2 en el mar Caribe a favor de Nicaragua busca postergar la aplicación de la sentencia, pero en rigor supone su reconocimiento, estiman analistas.
El lunes, en una alocución por radio y televisión, el presidente Juan Manuel Santos aseguró que la nueva delimitación con Nicaragua establecida por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en noviembre de 201 es inaplicable mientras no haya un tratado entre los dos países.
"Lo que está diciendo el presidente Santos es que acata el fallo y lo va a negociar con un gobierno que él mismo denuncia como expansionista", dijo a la AFP Vicente Torrijos, profesor de relaciones internacionales de la Universidad del Rosario (privada).
El mandatario explicó que la Constitución colombiana establece que los tratados que modifiquen las fronteras o límites del país "deben ser siempre aprobados por el Congreso".
"Eso no tiene asidero jurídico. Lo que se perdió se perdió", comentó a la AFP Nelson Ruiz, experto en derecho internacional de la Universidad de Antioquia (pública), señalando que tras el fallo Nicaragua puede ejercer su soberanía en el área.
La posibilidad de negociar un tratado fue planteada este martes por la canciller colombiana, María Angela Holguín, quien negó que Colombia esté desacatando la sentencia o desconociendo a la CIJ.
"Quisiéramos conversar con Nicaragua en camino hacia un tratado, saber cómo ve el presidente (Daniel) Ortega" esta posibilidad, declaró la ministra a la radio Caracol.
"Colombia ya claudicó al tratado porque anunció negociar con Nicaragua", señaló a la AFP Antonio Rengifo, profesor de derecho marítimo internacional de la Universidad Nacional (pública), apuntando que un fallo de la CIJ supera la Constitución de los Estados".
De hecho, la negociación del acuerdo ya había sido propuesta hace una semana por Ortega, quien instó a Santos a crear una comisión binacional para coordinar las operaciones de pesca, patrullaje antidrogas y la administración conjunta de la reserva de la biósfera Seaflower, una parte de la cual pertenece ahora a Managua.
Holguín detalló que el tratado debería contener "una serie de acuerdos en temas de pesca y seguridad. Estamos con las puertas abiertas para conversar con Nicaragua", enfatizó.
"Se trata de ganar tiempo, pero Nicaragua ya había pedido negociar", observó Andrés Molano, catedrático de relaciones internacionales de la Universidad del Rosario, apuntando que "el derecho internacional no conoce la figura de la inaplicabilidad, solo el cumplimiento o no de los fallos".
Rengifo subrayó, por otra parte, la "incidencia que este caso puede tener" en el diferendo marítimo entre Chile y Perú, que demandó a su vecino ante La Haya en 2008 alegando la inexistencia de una delimitación marítima.
Al resolver el pleito en noviembre pasado, la CIJ confirmó la soberanía de Colombia sobre el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y cayos adyacentes, y amplió la plataforma continental de Nicaragua en el Caribe en más de 90.000 km2, según Managua, y 75.000 km2, de acuerdo con Bogotá.
La nueva frontera definida por la CIJ dejó la reserva de Seaflower -que abarca el Archipiélago de San Andrés y 349.800 k2 de mar- dividido entre ambos países, aunque la mayor parte está en territorio colombiano.
Sin embargo, el gobierno de Ortega anunció en mayo que estudiaba la posibilidad de promover otra demanda contra Colombia ante la CIJ para reclamar la totalidad de las 200 millas de plataforma continental a las que considera que su país tiene derecho en el Caribe.
"La información que tenemos es que Nicaragua nos va a volver a demandar", reconoció la canciller colombiana.
Los expertos señalan que el anuncio de Santos también es de "consumo interno" y busca sortear un obstáculo en su carrera por la reelección en 2014 (en noviembre decidirá si postula), en momentos en que su imagen positiva cayó a 21%, el nivel más bajo, tras una ola de protestas sociales.
"Congeló el tema (del fallo) para que no afecte su campaña a la reelección", opinó Torrijos.
"Buscaba neutralizar la polarización política interna en torno al tema", estimó Molano, al marcar el apoyo que recibió Santos de los principales dirigentes políticos, incluido su mayor crítico el expresidente Alvaro Uribe (2002-2010).
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