Colombia y Argentina reiteraron su respaldo al presidente Lenin Moreno

12 de octubre de 2019 04:39 PM
Colombia y Argentina reiteraron su respaldo al presidente Lenin Moreno
Lenin Moreno, presidente de Ecuador.

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Ante la difícil situación que vive Ecuador, con motivo de las protestas por los planes de austeridad, los gobiernos de Colombia y Argentina reiteraron su respaldo al presidente Lenin Moreno ya los esfuerzos orientados a la preservación del Estado de derecho y el orden institucional.

Según informó la cancillería colombiana, ambos países siguen atentamente el desarrollo de los acontecimientos y rechazaron los intentos que buscan desestabilizar el país y afectar su institucionalidad.

Por eso, instaron a la sociedad ecuatoriana a procurar una salida a la situación de tensión que se presenta desde hace varios días, por las vías institucionales, para que se normalice prontamente la vida económica, política y social en Ecuador.

“Recibimos con mucha esperanza el anuncio de las comunidades indígenas de aceptar el diálogo directo propuesto por el gobierno ecuatoriano como mecanismo idóneo para resolver las diferencias y alientan a las partes a hacer un esfuerzo que logre una pronta solución satisfactoria”, informó.

La difícil situación que se vive en el vecino país ya deja al menos seis personas muertas y 937 heridas desde el comienzo, hace nueve días, de los disturbios en Ecuador, según el último balance presentado por la Defensoría del Pueblo.

Asimismo, el balance cifra en 1127 los detenidos durante los enfrentamientos, que han llevado al presidente del país, Lenín Moreno, a declarar el toque de queda y la intervención del Ejército en Quito.

El mayor número de personas detenidas se registra en Pichincha (471), seguida por Guayas (308), y los fallecidos ya han sido identificados y comunicados a los familiares, según el último balance del organismo.

Al mismo tiempo, la Fiscalía de Ecuador ha advertido de que se detendrá por terrorismo a los autores de los disturbios y el vandalismo, conforme al artículo 366 del Código Penal, frente a unos actos que “tienen como fin la desestabilización política de las instituciones y de la estructura del Estado”.

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