Ante el Tribunal Superior de Bogotá fue radicada una tutela que busca que, por primera vez en la historia, cerca de 1.700 campesinos sean incluidos en el censo poblacional.
La tutela pide que que el Censo de Población y Vivienda del 2018 incluya una serie de preguntas referentes a su situación económica y social, y a su identidad cultural.
La idea de la tutela es que el Gobierno tenga en cuenta su situación particular en el desarrollo de políticas públicas, ya que "el campesinado no sólo es una de las poblaciones más pobres del país sino que vive en condiciones de extrema vulnerabilidad".
"Por años organizaciones campesinas han pedido ser incluidas en el censo, y siempre han recibido respuestas negativas e injustificadas. Esto llevó a campesinos y campesinas a emprender una lucha jurídica para que el DANE y el Ministerio del Interior reconozcan su derecho a la igualdad material", señaló Dejusticia, una de las organizaciones que apoyó la presentación de la tutela.
De acuerdo con el abogado y vocero de Dejusticia, Rodrigo Uprimny, si la realidad del campesinado no está incluida en el principal sistema de información estadística del país, el gobierno no podrá desarrollar políticas diferenciadas que permitan “solucionar la brecha enorme que existe entre el campesinado y otras poblaciones en el goce de los derechos”.
Eliécer Morales, integrante de la Asociación Campesina Inzá Tierradentro, señaló que el Gobierno ha visto al campesinado colombiano solo como productores agropecuarios, "pero olvidan que la cultura campesina tiene una dimensión política, gracias a los ejercicios de gobernabilidad que hemos hecho por la ausencia del mismo Estado".
Dejusticia señaló que en el siglo XX se realizaron diez censos nacionales en Colombia, que ocho de ellos incluyeron información sobre indígenas y dos sobre afrodescendientes, pero ninguno sobre el campesinado.
Dejusticia también indicó que desde junio del 2015, organizaciones campesinas le están solicitando al DANE espacios de diálogo para ser tenidas en cuenta en sus procesos estadísticos y que en medio de esas negociaciones el mismo Gobierno le pidió al Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) hacer parte de la discusión.
En ese sentido, en febrero del 2017 el ICANH entregó un concepto con los argumentos técnicos necesarios, para que la categoría de “campesino” fuera incluida en el próximo censo y entregó siete preguntas relacionadas con el autoreconocimiento de los campesinos y campesinas, y con su situación económica y social.
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