Conciliación de ley anticorrupción pondría en riesgo a ley TIC

18 de junio de 2019 04:49 PM
Conciliación de ley anticorrupción pondría en riesgo a ley TIC
Presidente de la Cámara, Alejandro Carlos Chacón. // Colprensa

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El trámite final de la ley anticorrupción, su conciliación, podría llevar al traste a que sea sancionada la ley que moderniza al sector de las TICs, esto porque no alcanzaría a cumplir ese mismo paso, la conciliación.

La advertencia la formuló el presidente de la Cámara, Alejandro Carlos Chacón, quien aseguró que la demora de la discusión de la ley anticorrupción en el Senado llevó a que la discusión de los impedimentos en su corporación se hagan en menos de dos días, dejando sin discutir poco más de 90 leyes, entre ella la de las TICs.

“Muy difícil, hoy es 18 de junio y la legislatura se acaba el 20 de junio. Yo en este preciso momento no tengo aún, ni siquiera, el texto que se votó, no puedo escoger un conciliador, no puedo escoger conciliadores, porque inicio en Cámara y yo soy el que los designó inicialmente, para que el Senado escoja los de ellos el número que se ha escogido”, sostuvo Chacón.

Insistió que sin que a la Cámara llegue el texto no se avanzará, “no puedo hacerlo si no tengo el texto que fue votado, ni los anexos de las discusiones para no violar la ley, y que los conciliadores puedan estudiar”.

Advirtió que en la conciliación será necesario revisar si cumple con la conexidad de los textos, esto porque en cada corporación se aprobaron textos muy diferentes.

Según Chacón, “con la claridad que le damos al país que sólo en impedimentos demoraron allá cinco días, acá muy seguramente los representantes tendrán que presentar los mismos y deberé tramitarlos, sacrificando proyectos muy importantes para el país que podrían arriesgarse”.

Concluyó que “esto va ser muy complicado, pero vamos a tratar de hacerlo”.

Con lo aprobado en la plenaria del Senado, se dio paso a que los corruptos, cualquiera que sea, no puedan pagar su condena en la casa como sucede hoy, y tampoco se podrá pagar la condena, en el caso de los altos funcionarios públicos, en una estación de policía o un batallón.

Igualmente, los funcionarios que filtren información se les duplicó la condena de 4 a 8 años, más no se limita la libertad de prensa a los periodistas, en el sentido que no deberán revelar sus fuentes de información.

También se aprobó que se pone fin a los acuerdos interadministrativos, que esa una de las formas de mayor corrupción al interior de la administración pública.

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