El 10 de octubre de 2001 un grupo aproximado de 60 hombres de las Autodefensas Unidas de Colombia llegó, con armas de largo y corto alcance a la vereda La Alaska del corregimiento de La Habana, jurisdicción de Buga, Valle, y asesinó a 24 personas. Estos hechos, le valieron una condena a la Nación, representada en el Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional.
De acuerdo con informe de la Sijín de la Policía Nacional, los hombres armados llegaron en un bus de servicio público y se desplazaron también a la vereda Tres Esquinas. “Minutos más tarde empezaron a asesinar indiscriminadamente a todos los hombres que se encontraban a su paso”. Una vez ejecutada la masacreemprendieron la huida en tres carros hacia un sector conocido como San Pedro.
En La Alaska, entre la una y las dos de la tarde, lo sujetos armados empezaron a tocar las puertas de las casas, buscando solo a hombres que luego fueron todos reunidos, obligados a acostarse en el piso, y asesinados tras hacer entrar a las mujeres y a los niños a las casas.
De acuerdo con uno de los testimonios recogidos en el caso, en La Alaska asesinaron a 15 y otros nueve en La Habana, específicamente, en el cruce conocido como Tres Esquinas. Previa a la incursión paramilitar, se hicieron retenes y legales y hostigamientos a los pobladores que alertaron a las autoridades militares y civiles.
De hecho, el entonces Secretario de Gobierno dijo haber visto a 30 ó 40 hombres vestidos de camuflado, con botas plásticas, boina y en pantaloneta, alegando que nada permitía indicar que eran militares. Por eso, se dirigió a la Estación de Policía La Magdalena e informó lo sucedido. No obstante, el Ejército estimó que eran meras conjeturas.
Para el Consejo de Estado, llama la atención que hayan podido desplazarse tan libremente y tomarse el tiempo de seleccionar a sus víctimas, asesinarlas y huir del lugar “sin dejar rastro alguno y sin que la Fuerza Pública se percatara de la situación, no obstante los distintos informes de Inteligencia que daban cuenta de la presencia en la zona de grupos al margen de la ley y de los hechos delictivos que estos venían cometiendo en días a la masacre".
Por estos hechos, el Ministerio de Defensa deberá pagar a los familiares de una de las víctimas un monto que ronda los 50 millones de pesos.
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