El Consejo de Estado determinó que se presentó una ausencia de la fuerza pública que permitió el ingreso de las AUC.
La Sección Tercera del Consejo de Estado condenó a la Nación, representada en el Ministerio de Defensa, Ejército Nacional y la Policía Nacional, por las omisiones en la protección de la población civil de La Gabarra (Norte de Santander) que permitió constantes incursiones de grupos paramilitares en la región.
Esta ausencia de la fuerza pública permitió que las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) incursionaran a la población. Con lista en mano cometieron asesinatos selectivos en contra de un grupo de personas señaladas de ser colaboradores de la guerrilla, lo que causó además temor y zozobra en la población civil que tuvo que abandonar sus viviendas.
Para el Consejo de Estado es evidente que se presentó una violación sistemática de los Derechos Humanos. “Es así como se manifiesta en la preexistencia de dos masacres cometidas en La Gabarra por grupos insurgentes que actuaba en el municipio de Tibú, frente a la inexistencia de seguridad pública”.
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