La decisión del Consejo de Estado de mantener las medidas cautelares que posan sobre la reglamentación de los Yacimientos No Convencionales (YNC) continúa frenando la implementación de los primeros pilotos de investigación. Con esta determinación, el alto tribunal no solo sigue teniendo en vilo el futuro de esta práctica, sino que también obliga a que el sector busque otras alternativas de abastecimiento.
La decisión del alto tribunal obedeció a que fue derrotada la ponencia que proponía eliminar las medidas cautelares sobre las reglas para el ejercicio del fracking, mientras se define de fondo si su práctica es legal o no. La Sala Plena del Consejo estableció que, tras la derrota del proyecto de auto, en la que participaron tres conjueces, se deberá presentar una nueva ponencia, en la que deje en firme la suspensión de las reglas de esta práctica.
La notificación de dicho tribunal continúa manteniendo el desarrollo de los proyectos de esta técnica. Pese a que desde noviembre del año pasado el sector ha generado largas discusiones, audiencias y presentación de pruebas, en las que se han presentado los beneficios fiscales que le traería esta tecnología, lo cierto es que con esta decisión el debate se podría prolongar hasta el 2020. Uno de los gremios que mostró una alta preocupación ante la decisión fue Naturgas.
Orlando Cabrales Segovia, presidente del gremio, aseguró que se respeta la decisión, pero se lamenta que “el país aún no pueda avanzar en el aprovechamiento de los recursos naturales que se encuentran en los yacimientos no convencionales. De esto depende que podamos seguir llevándole un gas natural a precios competitivos a 9,5 millones de hogares, comercios e industrias en 741 municipios del país”.
El directivo confirmó que se espera que este tribunal continúe su labor de revisión técnica y tenga en cuenta el trabajo de gestión del conocimiento realizado por el Gobierno Nacional con expertos nacionales e internacionales de 2012-2014, donde se estudiaron los riesgos potenciales de la actividad y se establecieron acciones para prevenirlos y mitigarlos.
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Esa misma precisión la compartió Germán Espinosa, presidente de Campetrol, quien aseguró que “estamos convencidos de que debemos seguir trabajando unidos como industria, demostrando que podemos hacer las cosas bien, generando mayor pedagogía y continuar fortaleciendo la confianza con la ciudadanía”.
Pese a que en general el debate generó voces a favor y en contra, por ahora, el Ministerio de Minas y Energía tendrá la necesidad de buscar nuevas alternativas para aumentar la autosuficiencia energética, que hoy es de 6,2 años para petróleo y 9,8 años para gas.
Esto debido a que si bien ha avanzado en la firma de nuevos contratos continentales y costa afuera, el aumento de las reservas es una necesidad que se debe suplir.
“Las consecuencias de esta decisión se verán en el corto plazo, aunque hay urgentes esfuerzos por lograr la autosuficiencia energética a través de otros recursos en otros tipos de proyectos como el offshore y el recobro mejorado. El no tener la posibilidad del desarrollo de estos recursos nos va a llevar a la pérdida de autosuficiencia en un corto tiempo seguramente”, explicó Carlos Leal, presidente ejecutivo de Acipet.
La no autorización para iniciar los primeros proyectos pilotos de investigación retrasará, igualmente, el desarrollo que se preveía en el sector. Esto debido a que con esta tecnología se tiene estimado que las reservas de petróleo aumenten 23,7 años, mientras que las de gas hasta 50 años. A esto se suma que el país ya estaba haciendo cuentas con la implementación de esta tecnología. O así quedó estipulado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, en el que se reveló que la explotación y producción de Yacimientos No Convencionales dejaría regalías por $92 billones, e ingresos fiscales por $324 billones, en un horizonte de 30 años.
Con esta decisión en firme continúan suspendidos nueve proyectos de cinco empresas. Esto debido a que si se mantienen las medidas cautelares la Autoridades de Licencias Ambientales (Anla) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) no podrá emitir permisos ni licencias para siquiera hacer desarrollos en las regiones. Ahora el país deberá acudir a aumentar su producción con los 16 nuevos contratos que firmó el Gobierno en el primer semestre.
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