La Contraloría General de la Nación consideró que la posibilidad de que la firma española Gas Natural Fenosa vuelva a tomar las riendas de Electricaribe, plantea riesgos para los intereses del Estado colombiano, particularmente porque no hay claridad si es posible el reintegro de la cuantiosa cantidad de recursos públicos con que se ha respaldo el proceso de intervención.
“Hoy en día las garantías otorgadas por la Nación ascienden a 135 mil millones de pesos. Y se cuenta adicionalmente con un crédito de 320 mil millones para el mismo fin, que sería utilizado a medida que la operación de la empresa lo requiera. Dicho crédito fue aprobado por el Consejo de Ministros en noviembre de 2017 y cuenta con la garantía de la Nación”, resaltó la entidad.
Para el ente de control, los compromisos adquiridos por el Estado colombiano como responsable de última instancia de la prestación del servicio de energía eléctrica en la Región Caribe, son muy altos.
“Los valores comprometidos no tienen antecedentes en ningún proceso de intervención y dado que la empresa no tiene indicadores financieros que aseguren que el dinero sea revertido, se corre un riesgo considerable de que no se logre la debida recuperación de los recursos invertidos”, manifestó el contralor Edgardo Maya Villazón.
Por ejemplo, según cálculos de la Contraloría, el Ebitda podría estar por debajo de los 50.000 millones de pesos, cifra que es inferior a la cantidad de recursos que la Nación ha puesto a disposición de la intervención.
*INDICADORES DE CALIDAD A LA BAJA*
Pese a que con la intervención todas las obligaciones de pago de Electricaribe están suspendidas, sus indicadores de calidad, en prestación del servicio y pérdidas de energía, no muestran mejoría.
En cuanto al déficit de caja estimado para 2017 puede llegar a ser de 294 mil millones de pesos, esto en el caso de que hubiera hecho inversiones por 264 mil millones. Sin embargo, la Contraloría evidenció inversiones por solo 106 mil millones.
Por otro lado, la Contraloría llamó la atención para que el pasivo pensional a cargo de la empresa (alrededor de 1 billón de pesos), no vaya a quedar nuevamente bajo la responsabilidad del Estado, con todos los efectos fiscales que esto implicaría.
La contraloría hizo alusión también a la modificación de precios de los bienes y servicios suministrados para 39 de los 70 contratos integrales que había suscrito Electricaribe en 2016. La intervención hizo este cambio sin una directriz o una norma previa clara, consideró el órgano de control.
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