Contraloría fue acreditada como víctima en ‘carrusel de la contratación’

La juez 27 de Conocimiento acreditó como víctima a la Contraloría de Bogotá, en el proceso que se adelanta contra el excontralor Distrital, Miguel Ángel Moralesrussi y los exfuncionarios del IDU, Liliana Pardo e Inocencio Meléndez, por el llamado ‘carrusel de la contratación’.
Según la funcionaria judicial, la Contraloría tendría el derecho de conocer la verdad y ser reparada, en caso que los tres enjuiciados llegaran a ser condenados.
La decisión fue tomada durante la audiencia de acusación en contra de Moralesrussi, Pardo y Meléndez, que se llevó a cabo este martes en el complejo judicial de Paloquemao.
En la misma diligencia, la Fiscalía, la Procuraduría y los abogados defensores insistieron en que no se le debía reconocer dicha calidad al organismo de control.
El fiscal que lleva el caso, Germán Pabón, dijo que no se le puede declarar víctima “a algo o alguien que no perdió nada” por el problema con las contrataciones en la ciudad de Bogotá.
“Yo no encuentro razón para que los consideren víctimas (…;) ¿Cuál es el daño sufrido por ellos?”, se preguntó Pabón.
Distinta fue la suerte que corrió la Veeduría, ya que para la Juez no presentó los documentos necesarios que le permitieran acreditarse como víctima.
El Proceso
El pasado viernes el juez 18 de conocimiento desestimó todos los argumentos de la solicitud de apelación presentados por la defensa de los tres exfuncionarios, con la que se buscaba modificar la medida de aseguramiento interpuesta en su contra.
Según la decisión judicial, no hubo irregularidad alguna en la decisión emitida por un juez de garantías el pasado 30 de marzo y que en el caso de los dos indiciados llevó a su envío a la cárcel La Picota de Bogotá y en el caso de la exdirectora del IDU produjo su detención domiciliaria.
En ese momento el juez argumentó su decisión basándose en el hecho de que los tres exfuncionarios tenían un poder adquisitivo muy amplio y la posibilidad de abandonar el país eludiendo a la Justicia y que, por tanto, era previsible que no concurrieran a las audiencias del juicio que enfrentarán por uno de los escándalos de corrupción más grandes en la historia del país.
Según las pruebas presentadas por la Fiscalía, los tres exfuncionarios habrían utilizado sus puestos públicos para beneficiar a un grupo de empresarios en la entrega de contratos viales en Bogotá no sin antes cobrarles una comisión para esto.
La exdirectora del IDU deberá responder ante un juez de la República por la presunta comisión de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación de terceros, prevaricato por omisión e interés indebido en la celebración de contratos.
A Meléndez, por su parte, la Fiscalía le endilga los punibles de prevaricato por acción, interés indebido en celebración de contratos, concusión como autor, prevaricato por omisión y celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales.
Por su parte, al destituido contralor distrital se le imputaron lo cargos de prevaricato por omisión y concusión.