Según la Contraloría, lo ocurrido en Hidroituango fue “consecuencia de una larga cadena de errores que se dio desde su planeación y diseño, hasta su ejecución y control”.
Para llegar a la decisión que concluyó este jueves con la imputación de 28 funcionarios y contratistas del proyecto energético, incluidos los exgobernadores de Antioquia Sergio Fajardo y Luis Alfredo Ramos y los exalcaldes de Medellín Alonso Salazar y Anibal Gaviria, la Contraloría evaluó el proyecto desde su concepción, planeación y desarrollo, incluso desde los años noventa, hasta su ejecución y la situación de emergencia, que puso en riesgo a los habitantes de varios municipios del bajo Cauca, el año pasado.
La conclusión de la Contraloría es que la larga cadena de errores cometidos en el proyecto se tradujo en tres consecuencias.
1. Se incumplió el objetivo principal del proyecto, que era generar energía ya contratada y acordada para el año 2018, lo que produjo el lucro cesante señalado ($1,1 billones).
2. Se produjo un desmesurado aumento de los costos de Hidroituango. Inicialmente estaba pactado en $6 billones y, por las fallas e improvisaciones, terminó costando cerca de $13 billones, por la destrucción del valor del proyecto a junio de 2019.
3. La grave contingencia que en abril de 2018 amenazó con causar una calamidad pública en el área de influencia del proyecto y por la que se tuvieron que invertir recursos en más obras.
Según la Contraloría, los funcionarios imputados no actuaron diligentemente al decidir continuar invirtiendo millonarios recursos en el proyecto, aún conociendo las fallas evidentes que terminaron afectando el proyecto.
Además de los exgobernadores Fajardo y Ramos y los exalcaldes Gaviria y Salazar, entre los 28 imputados figuran 10 miembros de la junta directiva de Hidroituango, 2 gerentes de EPM, 2 gerentes de Hidroituango y 1 gerente de la filial EPMItuango. El resto son contratistas.
Aunque todos los imputados están relacionados con acciones u omisiones que llevaron a la pérdida de valor neto del proyecto, el vicecontralor general, Julián Ruiz, explicó que se les puede dividir en cuatro grupos, según la responsabilidad que tuvieron frente al proyecto: los miembros de la Junta Directiva, los gerentes de EPM e HIdroituango, los contratistas e interventores, y alcaldes y gobernadores.
Por eso, explicó, mientras que Ramos y Gaviria no hicieron parte de la junta directiva de Hidroituango, de modo que solo se les imputó por una conducta omisiva porque no cumplieron el control de tutela sobre la empresa al que estaban obligados, en el caso de Fajardo y de Alonso Salázar, ellos sí hicieron parte de la Junta, por lo cual se les imputó también por sus acciones.
En la rueda de prensa en la que presentó la decisión de la Contraloría, se le preguntó al vicecontralor Ruíz, por qué el exalcalde de Medellín Federico Gutiérrez habiendo tenido responsabilidades frente a Hidroituando no fue imputado. Ruiz respondió que las acciones que produjeron el daño patrimonial en Hidroituango ocurrieron entre 2008 y 2015. Gutiérrez que se posesionó como alcalde en 2016 encontró ya decisiones tomadas, según explicó el vicecontralor.
Los hallazgos de la Contraloría
La entidad hizo una revisión de las actuaciones realizadas frente a Hidroituango entre 2008 y 2015 y encontró lo siguiente:
En el año 2008, al cabo de los esfuerzos desplegados desde 1999 para la obtención de la licencia ambiental, Hidroituango toma forma y logra la preventa, en subasta, de 2.972.603 kilovatios hora/día, desde el primero de diciembre de 2018 hasta el 20 de noviembre de 2038.
Sin embargo en el periodo 2008- 2009 empiezan los problemas, cuando quedan en evidencia las dificultades asociadas a la débil planeación, sumadas a las deficiencias en la administración, dirección, control técnico y financiero
Además se empieza a advertir sobre la falta de la diligencia de los contratistas que tienen a su cargo el diseño.También se emprende la construcción de vías de acceso, sin que existan diseños definitivos y luego se modifica su trazado.
Por último, en este periodo de tiempo se modifica la altura de la presa, que ya había diseñada y autorizada con licencia ambiental, lo que retrasa la construcción.
Entre 2010-2011, se da un periodo que la Contraloría, llamó ajustes accidentados a los contratos.
Se inicia una subasta por valor de 2.287 millones de pesos para conseguir una empresa que desarrolle el proyecto. A esta subasta, se presentan multinacionales de gran prestigio en la materia.
China Three Gorges Comporation, el Consorcio KEPCO de Corea, Construcoes e Comercio Camargo Correa S.A de Brasil, Centrales Electricas Brasileras S.A. Electobras de Brasil, Constructora Norberto Odebrecht S.A; Constructora Andrade Gutierrez de Brasil y Empresas Públicas de Medellín EPM.
Pero, se suspende la subasta y finalmente se termina escogiendo a EPM con contratación directa y se suscribe el contrato BOOMT. Aquí se agregan salvedades sustanciales al contrato, que liberan de responsabilidad a EPM y modifican la distribución de riesgos en perjuicio de Hidroituango.
Entre los años 2011-2012, comienza la construcción de los túneles de desviación sin que existan las vías de acceso necesarias y se hace fundamental adoptar planes de contingencia, aceleración y recuperación de tiempos que incrementan sensiblemente los costos.
Sin embargo, a pesar de los graves atrasos del proyecto, Hidroituango consigue que en una nueva subasta le sea adjudicada, por el suministro de 9.540.821,91 Kilowatios-día, para el periodo comprendido entre 01 de diciembre de 2021 al 31 de noviembre de 2038.
Como añadidura, la insuficiencia de equipos en buen estado de operación y de adecuadas instalaciones industriales agravan los problemas y lleva a la suspensión de actividades del contratista de los túneles.
Entre 2013 y 2015, las fallas acumuladas impidieron el cumplimiento de uno de los puntos fundamentales del proyecto: la desviación del Río Cauca. Debido a esto, se hace inviable que el proyecto entre en operación en noviembre de 2018 y comienza la destrucción de su valor.
El contrato para la desviación del río es cedido al mismo contratista de obras principales. Por los atrasos acumulados y dado que EPM no contrató las compuertas a tiempo, se modifica de manera sustancial la estructura del proyecto
Y características catalogadas contractualmente como “inmodificables” son cambiadas abruptamente para la construcción de obras como el tercer túnel de desviación (GAD), que finalmente colapsó en 2018 por falta de diseños técnicos y defectos en la construcción
En 2018, se presenta la gran contingencia, porque la suma de errores hasta ese momento amenazó con causar una calamidad pública en el área de influencia del proyecto.
Estos hechos contribuyeron a aumentar de manera injustificada las inversiones y a destruir el valor neto del proyecto porque no entró en operación y porque no generó energía.
Entre 2018 y 2019, se da la intervención de la Contraloría, que emprende una intervención excepcional por solicitud de una veeduría ciudadana. Después concluida la indagación preliminar, abre proceso y a la fecha la Contraloría reporta un lucro cesante por $1,1 billones y un detrimento al patrimonio público por valor de $2,9 billones.
Listado de imputados:
Exgobernadores de Antioquia: Sergio Fajardo Valderrama, Luis Alfredo Ramos.
Exalcaldes de Medellín: Anibal Gaviria, Alonso Salazar.
Gerentes de EPM: Federico Restrepo Posada, Juan Esteban Calle Restrepo.
Miembros de la Junta Directiva: Alejandro Antonio Granda, Álvaro Julián Villegas Moreno, Sergio Betancur Palacio, Álvaro de Jesús Vásquez, Ana Cristina Moreno, Iván Mauricio Pérez, Jesús Arturo Aristizábal, Jorge Mario Pérez Gallón.
Gerentes de Hidroituango: Luis Guillermo Gómez Atehortúa, John Alberto Maya Salázar.
Gerente de Epmituango: Luis Javier Vélez Duque.
Secretarios departamentales: María Eugenia Ramos Villa (Planeación), Rafael Andrés Nanclares (Infraestructura).
Contratistas: Constructores e comercio Camargo Correa S.A., Constructora Conconcreto, Coninsa Ramón H S.A., Ferrovial Agroman Chile S.A., SAINC Ingenieros Constructores S.A, Ingenieros consultores civiles y electricos S.A.-Ingetec, Sedic S.A. Consorcio Generación Ituango, Integral SAS.
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