La Sala Plena de la Corte Constitucional se reúne hoy para estudiar la demanda que pide extender el periodo de la Comisión de la Verdad, ad-portas de terminar sus tres años de funcionamiento desde su creación en el año 2017. Lea: Procuraduría pide a la Corte ampliar periodo de la Comisión de la Verdad
El estudio de la demanda le correspondió al magistrado Jorge Enrique Ibáñez, quien está proponiendo en su ponencia, darles la razón a los demandantes y ampliar el plazo de funcionamiento de ese órgano creado en el marco de la firma de los acuerdos de paz, que termina su periodo en noviembre. Lea también: Corte Constitucional estudia alargar el mandato a Comisión de la Verdad
La ponencia propondría ampliar el periodo de la Comisión hasta junio de 2022, además que también se ampliaría el periodo de la socialización del informe final que la entidad debe presentar y que señala que el mismo es de dos meses.
Así las cosas, el documento propone que la Comisión termine sus funciones en agosto de 2022, tras acoger las pretensiones de los demandantes, quienes aseguraron que la pandemia del COVID-19, retrasó las funciones de este órgano.
La demanda en cuestión fue presentada por La Corporación Personas con Capacidades Diversas (Percadi), la Asociación de Víctimas Unidas de Granada (Asovida) y la Red Colombiana de Lugares de Memoria, con el apoyo del Programa Paiis de la Universidad de los Andes y Dejusticia.
Las organizaciones aseguran que es necesario compensar los retrasos causados por la pandemia y que, desde que Colombia entró en emergencia sanitaria, el trabajo de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad se ha visto profundamente afectado.
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“La imposibilidad de viajar a los territorios donde se vivió el conflicto armado ha perjudicado el cumplimiento de los cuatro objetivos de esta institución creada por el Acuerdo Final de Paz: el esclarecimiento, el reconocimiento, la convivencia y la no repetición. De no resarcirlos, se estaría incumpliendo con el acuerdo de Paz”, indicaron las organizaciones.
Las corporaciones argumentan en la demanda, que la Comisión de la Verdad, solo ha funcionado un año, tres meses y 14 días en condiciones de normalidad, lo que corresponde solo a un 40% de su periodo, “el resto del tiempo, si bien no han suspendido las actividades, sí han tenido que trasladarse a la virtualidad y reducir el contacto directo con las comunidades”.
Los demandantes aseguran que si el periodo de tres años se mantiene como establece el Decreto y termina en noviembre de 2021, se estaría incumpliendo el derecho de las víctimas a la verdad y la no repetición.
Agregan que la pandemia ha dificultado la recolección de información, por cuanto hay zonas rurales en donde ocurrieron hechos graves de conflicto, que no tienen acceso a internet y hay zonas como las cárceles donde ha sido imposible recoger los testimonios.
La Procuraduría también se unió a la petición y en el concepto enviado a la Corte añadió que las medidas adoptadas para enfrentar la pandemia ocasionada por el COVID-19 impidieron el cumplimiento de los tiempos fijados para la ejecución de la misión constitucional de la Comisión de la Verdad en las regiones.
“En especial, aquellas donde ha existido pobreza, desigualdad, ausencia de las autoridades, carencia de los servicios de salud y precarias condiciones sanitarias, las cuales, desafortunadamente, coinciden con las zonas más afectadas por el conflicto armado”, señaló el Ministerio Público.
Para la Procuradora, el alto tribunal deberá tener en cuenta en su decisión que la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, de manera razonable y en ejercicio de su autonomía, estimó que requiere de siete meses adicionales para cumplir con sus funciones, por lo que le solicitó a la Corte declarar la constitucionalidad condicionada de los artículos 1 y 24 del Decreto Ley 588 de 2017 que creó la CEV, para habilitar la continuidad de la Comisión por el tiempo requerido.
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