La Corte Constitucional no fue ajena a la situación que padeció el mundo por cuenta del Covid-19.
El magistrado Alberto Rojas Ríos, quien prácticamente empezó su administración en el alto tribunal acompañado de los retos que generó la pandemia, en diálogo con COLPRENSA aseguró que en el primer semestre del confinamiento, se consolidaron los procesos de digitalización de la justicia constitucional, tanto en demandas de inconstitucionalidad, como en las revisiones de las acciones de tutela, conflictos de competencia y de jurisdicciones, nulidades y demás trámites que se resuelven en la corporación.
“Puedo decir que actualmente hay política de cero papel en la corporación, uno de mis mayores anhelos cuando inicié la presidencia”, aseguró el magistrado quien este martes abandona el cargo de presidente de la corporación pero se sigue manteniendo como jurista del alto tribunal.
Pese a que en su despacho reposan temas gruesos como el aborto y tendrá que debatir sobre temas espinosos como las curules de paz, la cadena perpetúa entre otros, el magistrado en su balance reveló que la Corte estudió y definió la constitucionalidad de 115 Decretos Legislativos, 885 normas en siete meses relacionados con las medidas gubernamentales para enfrentar la pandemia.
“Si se pone en perspectiva, en estos siete meses la Sala Plena analizó y resolvió el 60% de los decretos legislativos que se han dictado desde que fue creada en el año 1991”, argumentó el magistrado y añadió que el alto tribunal emitió más de 1.000 decisiones judiciales, 527 sentencias y 498 autos.
Para Rojas Ríos el resultado más notorio en su administración fue la implementación del sistema de remisión de expedientes de tutela a través de plataformas digitales que desarrolló la propia Corte, que además coordinó con jueces del territorio nacional el envío de archivos de tutela. “Ello implica un ahorro en importantísimos recursos de mensajería, y hace innecesario el gasto de papel”.
En medio de su labor, la Corte desde el 18 de marzo pasado adelantó 85 sesiones virtuales en este periodo. Para ello adecuaron el sistema de votaciones, el mecanismo de reparto de los procesos que, a juicio del magistrado, garantizara transparencia e imparcialidad.
Respecto al control de los decretos declarativos y de desarrollo de los estados de excepción, se profirieron 115 sentencias. En total, durante los dos estados de excepción se declararon exequibles 707 artículos, 80 fueron declarados condicionadamente exequibles, o expresiones inexequibles, y 98 artículos fueron declarados inexequibles.
Rojas expuso que durante los 115 procesos de constitucionalidad se recibieron 2450 intervenciones, esto equivale a que en cada proceso se estudiaron, en promedio, cerca de 21 escritos ciudadanos y de instituciones públicas y privadas.
Otro reto que tuvo la Corte fueron las acciones de tutelas que a juicio del magistrado Rojas por cuenta del confinamiento social aumentaron la vulnerabilidad de grupos sociales, en aspectos como la exigencia de acceso a servicios de salud, y a prestaciones sociales a cargo del Estado.
De ahí que como tendencia estadística, para Rojas las acciones de tutela sobrepasará el 90% en cuanto a 10 derechos: derecho de petición (35,88%), salud (22,85%), debido proceso (10,75%), mínimo vital (7,41%), seguridad social (4,16%), vida (3,51%), dignidad humana (1,87%), estabilidad laboral reforzada (1,72%), trabajo (1,69%) y ayuda humanitaria (1,27%). “
Rojas Ríos no descarta que esta oleada de tutelas tengan el mismo porcentaje durante el Plan Nacional de Vacunación que puso en marcha el gobierno para combatir la pandemia, de ahí que reitere este mecanismo como un derecho fundamental para toda persona que vea vulnerados sus derechos, por lo que no descarta que extranjeros hagan uso de la misma.
“En esa medida, la nacionalidad no es un criterio de distinción para el acceso a la protección constitucional. En relación con el Plan de Vacunación Nacional no debe haber espacio para la especulación, para hacer conjeturas, ni de parte de la Corte Constitucional o en general de la Rama Judicial, ni de las demás autoridades”, aseguró Rojas Ríos.
Respecto de temas como el aborto prefirió no pronunciarse a profundidad debido a que en su despacho reposa una ponencia, de modo que cualquier comentario le podría generar algún tipo de impedimento en un futuro.
Sin embargo, dejó claro que en el proceso que adelanta, se han recibido más de 100 intervenciones de instituciones académicas nacionales e internacionales, organismos de protección de los derechos humanos, centros de pensamiento de afiliación católica, e intelectuales de relevancia mundial.
“Se trata de un proceso que puede despertar pasiones políticas, pero no le debe quedar duda que el examen de la Corte es estrictamente constitucional”, resaltó el magistrado.
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