La Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional protegió el derecho fundamental a la educación de varios menores de edad que habitan en veredas alejadas del casco urbano de los municipios de Hato (Santander) y Pitalito (Huila).
Así lo determinó la Corte luego de estudiar dos tutelas presentadas en lugares distintos del país, pero estudiadas en conjunto porque, en ambos casos, los padres solicitaban que sus hijos accedieran a programas de educación especiales para adultos.
Los demandantes anunciaron en su documento que vivían a casi tres horas del casco urbano y que además debían pasar por “zonas boscosas, solitarias, con presencia de animales peligrosos en horas de la mañana donde la oscuridad aún permanece”.
La pretensión de los padres de las menores fue denegada por los centros educativos quienes aseguraron que las menores no podían matricularse en jornada sabatina en razón a que ello solo se usa para educación adulta.
Tras la negativa, la Corte asumió el estudio de las mismas y ordenó a los centros educativos que se le permita a las menores culminar sus estudios de bachillerato, en un lugar cerca a sus lugares de residencia, además les ordenó que deben promover un servicio de transporte apto desde su hogar hasta el punto de recogida de la ruta escolar municipal e igualmente hasta el centro educativo.
En la providencia se ordenó a la Secretaría de Educación de Santander que, de manera articulada con la Secretaría de Educación Municipal de Hato, realice un censo para determinar cuántos niños y adolescentes de la zona rural terminaron su educación y cuántos más se encuentran desescolarizados.
Una vez verificados tales resultados, el alto tribunal ordenó que se planee, diseñe y ejecute las medidas necesarias para ampliar la cobertura de educación básica y media en el área rural del municipio.
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