La Corte Constitucional en Sala Plena realizó el reparto de 20 nuevos decretos expedidos por el Gobierno Nacional en el marco de la emergencia sanitaria generada por el Covid-19, que ya deja 3233 contagiados y 144 muertes en el país.
Los nuevos decretos, que tienen control automático de constitucionalidad, se suman a los 26 que ya tienen asignados los magistrados y se encuentran en la etapa de solicitud de pruebas para determinar si dan aval o no a la normativa.
Los nuevos expedientes que se abrieron en el alto tribunal relacionan decretos como el 512, en el cual se permite la autorización temporal a gobernadores y alcaldes para realizar movimientos presupuestales mientras esté vigente el Estado de emergencia; así como el 541, que es la prorroga del servicio militar obligatorio durante tres meses, estos dos escenarios los conoció el magistrado Antonio José Lizarazo.
En cuanto al estudio del Decrero 513, que relaciona el ciclo de proyectos de inversiones públicas susceptibles de ser financiados con recursos del Sistema Nacional de Regalías, y el Decreto 537 que establece medidas en materia de contratación estatal, será el magistrado Alejandro Linares, quien entregue ponencia sobre cada uno.
El magistrado José Fernando Reyes, por su parte, deberá estudiar el Decreto 516, que establece el porcentaje mínimo de programación de producción nacional en televisión y utilización por los operadores regionales para el funcionamiento de los recursos, además de eso conocerá el Decreto 539, que rige las medidas de bioseguridad para mitigar la propagación del Covid-19 y realizar el adecuado manejo de esta pandemia.
El Decreto 517, que establece el pago diferido de los servicios públicos de energía eléctrica y gas para usuarios de los estratos 1 y 2, será estudiado por la magistrada Cristina Pardo, quien también tiene en su despacho el Decreto 538, que rige las medidas para el sector salud dirigidas a contener y mitigar la pandemia y garantizar la prestación de los servicios de salud.
Del mismo modo, deberá presentar ponencia del Decreto 545 que adopta medidas para suspender temporalmente el requisito de insinuación para algunas donaciones, en el marco de la emergencia económica, social y ecológica.
Por su parte, al magistrado Luis Guillermo Guerrero le correspondió analizar el Decreto 518, que relaciona el programa Ingreso Solidario a favor de personas y familias en situación de vulnerabilidad, además debe entregar ponencia por la normativa 532, que da exención en la presentación del examen de Estado para el ingreso a pregrados en educación superior programado para el 15 de marzo y eventualmente, el previsto para el 9 de agosto de 2020.
La magistrada Gloria Stella Ortiz estudiará del Decreto 519, que adicionó al Presupuesto General de la Nación para la actual vigencia fiscal 15 billones a cien mil millones de pesos, sumado al Decreto 535, que establece el procedimiento abreviado para devolución y compensación de saldos a favor de contribuyentes del Impuesto de Renta y del IVA.
El magistrado Carlos Bernal deberá conocer el Decreto 533, que establece las medidas para garantizar la continuidad del Programa de Alimentación Escolar y la prestación der servicio de educación.
A la magistrada Diana Fajardo le fueron asignados el Decreto 528, que corresponde al pago diferido de los servicios de acueducto y alcantarillado a los usuarios residenciales de los estratos 1 y 2, el Decreto 540, que establece las medidas para ampliar el acceso a las telecomunicaciones en el marco de la emergencia económica, y el Decreto 546, en el que se sustituye la pena de prisión y la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento penitenciario y carcelario, por prisión y detención domiciliaria transitorias de personas mayor vulnerabilidad al Covid-19.
Finalmente, al magistrado Alberto Rojas Ríos le correspondió analizar el Decreto 530, que habla sobre las exenciones tributarias transitorias del gravamen de movimientos financieros (GMF).
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