En la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia se presentó este miércoles una audiencia con la que se pretendía realizar la formulación de acusación en el proceso que se sigue en contra del excongresista Richard Alfonso Aguilar Villa.
No obstante, dicha formulación no pudo ser llevada a cabo luego de que el abogado de Aguilar, Iván Cancino, solicitara la nulidad en el proceso, alegando que la investigación que lleva la Corte ha incumplido con el principio de legalidad y el derecho al debido proceso.
Para Cancino, la Corte asimiló la indagatoria que se realizó a Aguilar con la imputación y estas dos figuras, jurídicamente hablando, no se son compatibles, por lo que aseguró que no hubo una vinculación debida en el proceso.
“Al pasar de la ley 600 a la ley 906 (luego de que Aguilar renunciara a su fuero como congresista) no se puede considerar ni siquiera imputado y ya lo están acusando”, dijo.
Cancino insistió en que, a Aguilar, no se le comunicaron los hechos jurídicamente relevantes por los cuales se encuentra privado de la libertad y que las finalidades de la indagatoria no se comparan con una imputación, pues a su cliente solo se le hicieron preguntas, “extendiendo la confusión”.
La Fiscalía se opuso a la petición y aseguró que dicho recurso ya fue estudiado por el magistrado de la sala penal del Tribunal Superior de Bogotá quien en ejercicio de sus funciones de control de garantías precisó que la indagatoria es equivalente a la imputación y además avaluó la vigencia de la medida de aseguramiento que le fue impuesta a Aguilar.
La posición de la Fiscalía fue apoyada por la delegada de la Procuraduría y la Controlaría, quien funge como víctima en el proceso.
Los hechos por los que se investiga a Aguilar están relacionados con los delitos de concierto para delinquir, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. Lo anterior, presuntamente se presentó entre 2012 y 2015, cuando Aguilar figuraba como gobernador del departamento de Santander.
En el escrito de acusación que presentó la Fiscalía, resalta que el exmandatario habría constituido una ‘empresa criminal’ para direccionar la contratación a favor de algunos de sus amigos, familiares y otros particulares que, supuestamente, se comprometieron a entregarle coimas por el 10 % de cada obra o proyecto adjudicado.
Aguilar Villa, según la Fiscalía creó un comité asesor para, supuestamente, orientar a su manera los procesos contractuales en el departamento. Adicionalmente, nombró a dos personas de su confianza como secretaria de Infraestructura y director de Gestión de Infraestructura con el propósito de garantizar que la contratación se ajustara y quedara en manos de las personas que él encomendaba.
Puntualmente le cuestionan un contrato en el reforzamiento del Estadio Alfonso López, en la Villa Olímpica de Bucaramanga, en 2015, por un valor superior a los 24.000 millones de pesos. Según la Corte, Aguilar habría obtenido para beneficio propio más de 2.400 millones de pesos producto de coimas, y habría permitido la apropiación por terceros de recursos públicos del Departamento de Santander, por más de 3.500 millones pertenecientes al contrato de obra No. 0766 de 2015, para el reforzamiento estructural del estadio de Bucaramanga.
Así mismo se estudian los contratos por obras de mejoramiento en la carretera San Gil-Charalá (2014) y en el corredor vial Agroforestal y Energético (2014) y por un contrato en el suministro de Alimentación Escolar en ese mismo año, todos por un valor que asciende a 478.000 millones de pesos.
La audiencia para definir si se anula el proceso quedó fijada para el próximo 8 de noviembre.
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