El Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, presentó un derecho de petición al ministro de Salud, Alejandro Gaviria Uribe, para que explique cuáles son las medidas de choque previstas para mitigar una posible crisis o colapso en la prestación de los servicios de salud en todo el país.
En el recurso, Otálora solicita al jefe de esa cartera que precise cuales son las medidas de fondo que se incluyeron en el proyecto de ley de reforma a la salud, que hace su trámite en el Congreso y está para tercer debate en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.
Esto debido a la preocupación que los recientes repostes entregados a la Defensoría del Pueblo por la Secretaria de Salud de Bogotá, en los que se dice que en los próximos días es inminente el cierre de los hospitales Simón Bolívar, El Tunal, Santa Clara, La Victoria y Kennedy, todos de tercer nivel de complejidad; lo mismo que los de Engativá, Suba, y Meissen, de segundo Nivel.
Según Otálora, lo que se busca es terminar con la deuda de más de 12 billones de pesos que las Entidades Promotoras de Salud (EPS) tienen con 5.524 hospitales, clínicas y centros de salud públicos y privados.
De acuerdo con cifras entregadas por el Ministerio de Salud y las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) al Congreso de la República, el 36 por ciento de los hospitales públicos de primer, segundo y tercer nivel de complejidad están en este momento en alto riesgo de ser declarados inviables.
Según las estadísticas, hasta agosto la deuda a 964 IPS, representaba 4,1 billones de pesos y, además, un total de 4.560 IPS privadas contaban con una cartera vencida de 8,7 billones de pesos.
De igual manera, se conoce que a la Defensoría del Pueblo han llegado reportes de sus regionales que advierten sobre la negativa de varias IPS de recibir pacientes de EPS por razones de cartera vencida.
Ese es el caso del Hospital de Puerto Asís (Putumayo) que está en cese temporal de actividades desde hace una semana ante la imposibilidad de cancelar los sueldos de sus empleados.
La situación es similar en el Hospital San Rafael de Leticia (Amazonas) y el Hospital Regional del Valle de Tenza en Boyacá, que adeudan varios meses de salario a sus trabajadores.
CAPRECOM PODRÍA TERMINAR EN LIQUIDACIÓN
De acuerdo con los reportes de la Defensoría del Pueblo, Caprecom, la EPS pública más grande del país, adeuda cerca de un billón de pesos a las IPS y en este momento cuenta con un patrimonio negativo de 600.000 millones de pesos.
La crisis financiera tiene en riesgo a 3.185.885 afiliados en 737 municipios. Según la Defensoría, “la Superintendencia de Salud la intervino y no se descarta su liquidación”.
En ese sentido, la Defensoría del Pueblo ha advertido a los directivos de las IPS que a pesar de que las EPS no cumplen con sus compromisos de pago, ellos tienen el deber ineludible de garantizar la atención para no violar el derecho fundamental de la salud.
“Sin embargo, la situación se considera ya insostenible y el cierre de estos establecimientos es inminente”, afirma Otálora, quien además concluye explicando que “esta crisis hizo metástasis y está comprometiendo directamente la prestación del servicio de salud de los colombianos, está constando vidas de compatriotas y afectando de manera directa y grave a la población que está bajo especial protección constitucional”.
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