En medio de las 70.000 personas que a diario circulan por el puente internacional Simón Bolívar, según datos de Migración Colombia, un camión de trasteos no despierta sospechas. Son tantas las filas, el ajetreo y el calor flagelante, que a las autoridades fronterizas no les queda tiempo de revisar cada compartimiento de los vehículos.
Esa circunstancia era aprovechada por “Alfredo” para transitar de Venezuela a Colombia, sin que nadie advirtiera que entre los colchones y enseres del acarreo iban pistolas, fusiles y municiones adquiridas en el mercado negro.
Este hombre, de apariencia descuidada y quien solía presentarse como cotero, bulteador y ayudante de maletas para los migrantes, en realidad trabajaba para la organización clandestina de “Elizabeth”, una residente del municipio de Envigado, señalada por la Policía de importar de manera ilegal 200 armas de fuego y 100.000 cartuchos en el último año, la mayoría de los cuales terminaban protagonizando escenas del crimen en el Valle de Aburrá.
De acuerdo con la investigación liderada por la Dirección de Fiscalías contra la Criminalidad Organizada, la primera pista se destapó en junio de 2018. Una patrulla policial detuvo un taxi en los límites de Envigado y Sabaneta, sorprendiendo a dos personas que transportaban un paquete con balas de calibres 38 y 9 milímetros.
Resultaron ser un par de compradores, lo que impulsó a los investigadores a desandar sus pasos, tratando de identificar al proveedor. En ese proceso interceptaron varias líneas telefónicas, teniendo acceso a conversaciones que llevaron este caso por rumbos inesperados. En una de ellas, “el Seño” y “Elizabeth” hablaban del catálogo:
- “Elizabeth”: “¿Vio lo que le mandé?”.
- “Seño”: “Me mostraron varias fotos, la tatareta (ametralladora) esa grande, creo que usted me mandó una foto”.
- “Sí, le mandé todas tres”.
- “Esas son las que necesito. Solo les veo algo, parece que no tienen ráfaga sino que son tiro a tiro (modo de disparo)”.
Las llamadas salían de Envigado, donde al parecer se gestionaba la consecución del material bélico y de la clientela, y eran contestadas en el municipio de Tumaco (Nariño), en el cual se ubicaba un comprador importante.
Las autoridades creen que “el Seño” es miembro del frente Oliver Sinisterra, la disidencia de las Farc que delinque en las selvas tumaqueñas y la franja limítrofe con Ecuador.
En las pesquisas subsiguientes, la Fiscalía y la Policía lograron establecer quiénes eran los eslabones de la cadena y cómo operaba la organización. Las armas eran adquiridas en la ciudad de San Antonio del Táchira (Venezuela) e introducidas a Colombia a través del puente internacional que la conecta con Cúcuta.
Venían camufladas en falsos acarreos, vehículos acondicionados y bultos con enseres que también cargaban a pie. En este lado de la frontera, la banda usaba una camioneta Chevrolet Captiva dotada de caletas, la cual hacía un recorrido terrestre con estaciones en Bucaramanga, el Valle de Aburrá, Cali y Tumaco.
Según el general Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana, las armas se vendían al mejor postor y la mayoría quedaban en manos de los combos de Medellín y su área metropolitana.
Fuga de arsenal
Sosteniendo una vainilla con la mano derecha, en plena rueda de prensa, Néstor H. Martínez, fiscal General de la Nación (saliente), declaró el pasado 30 de marzo: “Hay un hecho objetivo y es que hemos encontrado munición de la Guardia Bolivariana de Venezuela en cuerpos de personas que han perdido la vida en Medellín”.
A renglón seguido, señaló que “eso nos muestra que hay un tráfico ilegal de munición y por eso el llamado franco, para solicitar la cooperación de las autoridades de Venezuela y que esta actividad no se vuelva recurrente”.
La denuncia del entonces fiscal puso la lupa sobre el mercado negro de armas en el vecino país, aprovechado por la delincuencia colombiana. Hace 20 años sus principales adquirentes eran guerrilleros de las Farc, Eln y Epl, para dotar a los escuadrones de Cesar, Norte de Santander y Arauca. Pero ahora son las agrupaciones urbanas las que explotan ese comercio ilícito.
La abogada venezolana Rocío San Miguel, presidenta de la asociación civil Control Ciudadano, una ONG que investiga temas de seguridad, defensa y FF.MM. de la nación vecina, explicó que “el tráfico de armas que se produce en el país tiene como punto de origen la producción y la importación legal de armas y municiones, que está en cabeza de la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (Cavim). A partir de esa instancia, comienza el traspaso del arsenal a las unidades militares y de policía, y allí es donde hay fragilidad en la vigilancia y se da la ‘fuga’ de armas para el mercado negro”.
Los artefactos que más se comercian en los bajos fondos de allá son los revólveres calibre 38 y las pistolas 9 m.m., con sus respectivos cartuchos y aditamentos (silenciadores y proveedores), así como las municiones para fusil AK 47, de uso común en las facciones colombianas.
El tráfico podría incrementarse si se concreta un proyecto que el gobierno de Nicolás Maduro está prometiendo desde 2017, que consiste en construir dos fábricas para la producción de fusiles rusos Kalashnikov con su munición.
Según San Miguel, existe una preocupación en diversas esferas venezolanas, “por causa de la crisis económica y las presiones contra las Fuerzas Armadas, y es que el tráfico de armas pueda convertirse en un negocio que se implante de forma masiva, y que estemos migrando a un nuevo tipo de contrabando”.
Es tal el desabastecimiento en Venezuela, de acuerdo con la experta, que “a veces los propios policías tienen que acudir al mercado negro para la adquisición de municiones, debido a la baja dotación regular de la que son objeto”.
Un factor que impulsa a los delincuentes colombianos a buscar armamento extranjero, es la diferencia cambiaria por la devaluación de la moneda local (bolívar), por lo que comprar allá resulta más económico. Así quedó expuesto en otra interceptación:
- “Juan Pablo”: “Lo que necesita ese señor es una punto 50 (ametralladora). Esa sí vale 60 palos (millones de pesos)”.
- “Elizabeth”: “Ah bueno, amor, pero eso allá se consigue más barato”.
- “Sí, eso mínimo por allá en 35 o 40 (millones), pero es muy grande”.
El operativo
Gracias a esas conversaciones, la Sijín de la Policía identificó a cinco presuntos integrantes de la red de tráfico de armas.
La supuesta cabecilla sería Elizabeth Restrepo Vasco (alias “Elizabeth” o “la Negra”), de 31 años; y su mano derecha, Juan Pablo González Cortínez (“Juan Pablo”), quien además sería su pareja en la actualidad.
Ellos son sospechosos de liderar los contactos para adquirir el armamento y coordinar la operación de tráfico hasta el destinatario final, para lo cual viajaban con frecuencia a otras ciudades.
De supuestos trabajadores tendrían a Edwin Vásquez Orrego (“el Mono”) y Jorge Loaiza Rodríguez (“el Enano”). Estos cuatro antioqueños, residentes en Envigado y Bello, se presentaban como comerciantes de ropa y calzado.
El quinto presunto miembro, Wilmer Alfredo Taborda Rivera (“Alfredo”), vivía en Cúcuta y al parecer se encargaba de transportar la mercancía bélica por la frontera.
Todos fueron capturados el pasado 3 de mayo, les incautaron la camioneta Captiva, seis celulares y dos proveedores de pistola hallados en el apartamento de “Elizabeth” y su pareja.
De acuerdo con el expediente, la organización tuvo su origen en el combo “el Alto”, que delinque en la comuna 4 (Aranjuez) de Medellín y se dedica al sicariato, tráfico de drogas, extorsiones y desplazamientos forzados.
Tras diferencias internas y amenazas de muerte, estas personas se habrían separado del grupo para administrar su propio negocio.
El informe del caso precisó que importaron armas cortas de las marcas Taurus, Colt, Ruger, Pietro Beretta y Smith and Wesson, que comercializaban por valores entre los $800.000 y $2 millones; las balas, según la cantidad, se vendían desde $4.000.
Los fusiles y ametralladores, cuyos principales compradores eran los disidentes de Tumaco, oscilaban entre $15 y $60 millones, dependiendo de si eran nuevos o usados.
La audiencia de control de garantías fue ante el Juzgado Cuarto Penal Ambulante de Antioquia. La Fiscalía les imputó cargos por concierto para delinquir y tráfico de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas.
Todos se declararon inocentes y les dictaron medida de aseguramiento en prisión.
Oferta y demanda
El incremento de homicidios en el Valle de Aburrá (23%), en especial en las esquinas de Medellín (18%) y Bello (111%), está generando una inquietante demanda de artefactos de muerte.
Según las cifras del Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia (Sisc), de la Alcaldía de Medellín, en lo corrido de 2019 (hasta mayo 18) incautaron 330 armas de fuego en la ciudad, 34 más que en el mismo periodo del año pasado (296).
Los revólveres son los más decomisados (184), seguidos de las pistolas (98), escopetas (29), subametralladoras (10), fusiles (6), dos carabinas y un lanza granadas.
El gobernador de Antioquia, Luis Pérez, manifestó su descontento el mes pasado, indicando que esas armas no solo provienen de Venezuela, sino también de Estados Unidos, por una ruta que pasa a través de México por aire o vía marítima.
Vengan de donde vengan, es claro que el asunto sobrepasa a las autoridades locales. Las muertes del Aburrá también son el producto de ambiciones y negocios transnacionales.
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