Hoy se vencen los plazos legales para que la Corte Constitucional se pronuncie sobre la viabilidad del Marco Jurídico para la Paz y, de paso, sobre el escenario que Gobierno Nacional considera como la “oportunidad histórica” para ponerle fin a 50 años de conflicto.
La Corte debe pronunciarse sobre una demanda que planteó la Comisión Colombiana de Juristas, CCJ, en contra de tres expresiones de esa reforma constitucional -Acto Legislativo 01 de 2012- que en últimas consagran que habrá una priorización y una selección de los crímenes cometidos en el conflicto para que sean juzgados.
El Marco introduce elementos de justicia transicional para investigar a los máximos responsables de graves violaciones a los derechos humanos cometidas sistemáticamente así como los delitos de lesa humanidad. Y, además, establece la posibilidad de suspender las penas o de imponer una pena alternativa a esos responsables.
Para la CCJ, se trata de una herramienta inadecuada para conseguir la paz porque el Estado estaría autorizando a dejar en la impunidad crímenes que no hayan sido cometidos ni sistemáticamente ni por los máximos responsables.
Esta demanda, presentada en diciembre de 2012, agudizó el debate que ya se había adelantado en el Congreso y provocó el debate constitucional más importante de los últimos tiempos en el país.
Está en manos de la Corte darle vía a una reforma constitucional, que es precisamente un Marco, que luego deberá ser reglado por leyes estatutarias que tendrán que dejar en claro cuáles son esos criterios de selección y de priorización, qué delitos son conexos con el hecho mismo de alzarse en armas y qué pasará con los casos no seleccionados.
La Sala Plena de la Corte estudia la ponencia del magistrado Jorge Ignacio Pretelt Chaljub que pide avalar el Acto Legislativo 01 de 2012 pero bajo 10 condiciones que buscan salvaguardar los derechos de las víctimas.
La ponencia deja en claro, como exigencia, que debe terminar de forma absoluta el conflicto para que se pueda aplicar el Marco y, para esto, debe haber entrega de armas y desmantelamiento de sus formas de financiación, ya que, de no hacerlo, los beneficios de justicia transicional perderían sentido: no habría posibilidad de cumplir con la garantía de no repetición y, así, de mantener la paz.
El magistrado ponente afirma que la expresión “máximos responsables” no es una limitante para que, posteriormente, se pueda investigar a otros participantes de los crímenes por la misma obligación que tiene el Estado de perseguir a responsables de graves violaciones de los derechos humanos.
De acuerdo con el texto, el Marco no significa impunidad en lo relacionado con los crímenes de guerra pues los que hayan sido cometidos en desarrollo del conflicto deberán ser seleccionados y sancionados.
Y, los que no, de acuerdo con la ponencia, “deberán sancionarse en el marco de la justicia ordinaria. Por el anterior, es absolutamente claro que ningún crimen de guerra quedará en la impunidad”.
La ponencia que estudian exclusivamente desde hace dos semanas los magistrados de la Corte, se adelanta al debate de las leyes estatutarias que deberá expedir el Congreso y dice que delitos como tortura, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, los que impliquen violencia sexual o física contra las mujeres cometidas de manera sistemática y el reclutamiento forzado, deberán ser seleccionados.
Y la renuncia del Estado a investigar algunos crímenes estaría condicionada a que, en efecto, los actores ilegales, en este caso la guerrilla, contribuyan al esclarecimiento de la verdad y la reparación de las víctimas.
Estos aspectos principales de la ponencia son los que han provocado más debate porque tienen el razonamiento de fondo del Marco para la Paz. A esto, se suma la transparencia en ese proceso de selección y priorización, la garantía de una investigación seria, la posibilidad de que la víctima pueda apelar en caso que su caso no sea seleccionado, la asesoría a las víctimas, entre otros.
EL ESCENARIO
A 48 horas de la crucial decisión de la Corte sobre el Marco Jurídico para la Paz, el Gobierno Nacional planteó la posibilidad de hacer un referendo en caso de que se firme un acuerdo con las Farc en La Habana, Cuba.
El tema que no gustó a la guerrilla, fue calificado de inconveniente por el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, quien habla de un “referendo armado” que atentaría contra la libre elección de la ciudadanía.
De hecho, Ordóñez empezó de nuevo a ‘tirar piedras’ contra esa reforma que ha considerado como un sinónimo de impunidad. Esta semana recordó que sí hay miembros de las Farc condenados por delitos de lesa humanidad y por crímenes de guerra y citando nada menos que un informe de la Corte Penal Internacional, señaló que se trata de 218 personas, incluidas 8 del 'Secretariado' de las Farc.
“Yo no sé cómo se aprobó este Marco Jurídico”, dijo el jefe del Ministerio Público al indicar que en el pasado se solía decir que no había decisiones contra las Farc en materia de lesa humanidad, hecho que imposibilita a sus responsables a participar en política.
Este no es el único elemento que tiene la Corte Constitucional de parte de la Corte Penal Internacional pues, en el curso de este debate recibió una carta de la Fiscal General de la CPI, Fatou Bensouda, que señala que para ese Tribunal, los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo.
Y, señaló Bensouda en su misiva, la suspensión de penas iría contra ese fin porque no habría castigo efectivo para los responsables de los crímenes más graves.
Ahora bien, la Corte también cuenta con conceptos favorables al Marco Jurídico para la Paz, como por ejemplo, la posición del propio Fiscal General, Eduardo Montealegre, o de la Corte Suprema de Justicia, que señalan que es imposible para el Estado colombiano perseguir a cada uno de los responsables de todos los crímenes que se han cometido en 50 años.
El ejemplo más claro es el propio sistema de Justicia y Paz, un marco de justicia transicional creado para las estructuras paramilitares en 2005 y que a la fecha deja menos de 20 sentencias.
De acuerdo con el Ejecutivo, la idea de la justicia transicional es precisamente pasar de un estado de conflicto a uno de paz mediante una “satisfacción integral de los derechos de las víctimas”, es decir, los derechos colectivos de toda la población a la paz, la justicia y la no repetición.
LOS ARGUMENTOS EN FRASES
LA PONENCIA DEL MAGISTRADO JORGE PRETELT
"Las víctimas tienen una especial protección en la Constitución que debe garantizarse plenamente en la implementación del Marco Jurídico para la paz, pues de lo contrario se desconocería la obligación de garantía de sus derechos humanos. Esta obligación implica que además de que se encuentre absolutamente prohibido renunciar a la persecución penal de los delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra cometidas de manera sistemática y la necesidad de que el Estado garantice que cada grave violación a los derechos humanos sea imputada a los máximos responsables de esos delitos, es necesario otorgar una serie de garantías a las víctimas para que sus derechos no sean desconocidos por el simple hecho de llevar a cabo un proceso de paz".
EL FISCAL EDUARDO MONTEALEGRE
“La pregunta que debería hacerse la Corte es si es preferible que repitamos más de 200 mil muertos en otros 50 años de conflicto o que restrinjamos un poco algunos derechos para evitar la muerte de miles de colombianos más".
EL PRESIDENTE DE LA SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA, LEONIDAS BUSTOS
“El Estado sí puede centrar la investigación, sanción y juzgamiento de los máximos responsables pues se trata de superar la situación de conflicto a partir de reconocer la imposibilidad de investigar y sancionar a todos los responsables sin que eso sustituye la constitucional”.
DELEGADO DE LA ALTA COMISIONADA DE LA ONU PARA LOS DERECHOS HUMANOS, TODD HOWLAND
“La realidad del problema hace muy difícil el tema. La priorización de casos es aceptable pero no amnistías e indultos. Los mecanismos de justicia deben responder a todas las violaciones a los derechos humanos”
El PROCURADOR ALEJANDRO ORDÓÑEZ
“Al seleccionar los máximos responsables de delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidios cometidos sistemáticamente y renunciando a la persecución judicial de los delitos no seleccionados, está generando impunidad porque hay un sinnúmero de conductas cometidos que no necesariamente bajo las circunstancias de sistematicidad”.
VOCERO DEL CENTRO DE PENSAMIENTO PRIMERO COLOMBIA, JAIME RESTREPO
“Se trata de un instrumento de impunidad que crea víctimas de primera y de segunda categoría”.
DIRECTORA DE LA FUNDACIÓN PAÍS LIBRE, CLARA ROJAS
“¿Quiénes son los máximos responsables? No son máximos responsables también aquellos que apretaron los gatillos en contra de la población, secuestraron, desaparecieron forzadamente a miles y hasta millones víctimas del conflicto".
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