Una doble tragedia está viviendo en este momento el municipio de Ituango, ubicado al norte de Antioquia. Además de enfrentar una dura ola invernal, le hace frente al regreso del recrudecimiento de la guerra y el aumento excesivo del desplazamiento forzado que, según confirmó el gobernador encargado del departamento, Luis Fernando Suárez, ya llega a 3.721 personas.
La problemática inició el pasado 21 de julio, cuando a los líderes del municipio les informaron que las disidencias de las Farc ordenaron evacuar la zona rural, por lo cual 200 personas salieron de sus viviendas.
Hoy la cifra de personas desplazadas ya casi alcanza las 4000, es decir, son más de 1000 familias de 28 veredas como Santa Lucía, Quebrada del medio, El Quindío, Santa Bárbara, El Limón, Las Brisas, El Chuscal, Los Sauces, Las Arañas, La Miranda, San Isidro, Alto de San Agustín, El Mandarino, Cenizas, El Herrero, El Cedral, El corregimiento de La Granja, Chontaduro, Murrapal, Palmitas, Montealto, Quebradoncita, El Amparo, El Inglés, La Georgia, El Río, Chispas, El Yolombo; las afectadas.
Adicionalmente, hay una ola invernal que provocó que 243 familias se movilizaran de sus viviendas a causa de los múltiples derrumbes que destruyeron varios puntos de la única vía de acceso al municipio, lo que ha impedido el ingreso de ayudas humanitarias.
Los deslizamientos de tierra, la inestabilidad de las vías y las inadecuadas intervenciones del megaproyecto hidroeléctrico Hidroituango en la zona también afectan la situación.
Las autoridades afirman que el torrencial aguacero del 22 de julio ha propiciado derrumbes en las vías de San Andrés a Ituango y de Ituango a la vereda la Aurora, dejando a centenares de familias damnificadas en la vereda El Turco, quienes han tenido que ser reubicadas en las instalaciones del SENA.
La dificultad de acceso al municipio, debido a los daños en la vía, ha generado el desabastecimiento de alimentos y gas natural.
Según el Movimiento Ríos Vivos, “muchas de las familias están durmiendo en el piso, sin colchoneta ni abrigo, no hay suficientes alimentos ni elementos de aseo como toallas higiénicas, pañales para adultos, niños y niñas, también escasea la ropa para hombres”.
¿QUÉ ESTÁN HACIENDO LAS AUTORIDADES?
Este lunes se realizó un Consejo de Seguridad para hablar sobre la situación del municipio. El gobernador encargado, Luis Fernando Suárez; el comandante de la séptima división del Ejército, Juvenal Díaz Mateus; y delegados de la Procuraduría y Defensoría del Pueblo, aseguraron que están sumando esfuerzos para enfrentar la situación.
“En total tenemos en la cabecera municipal de Ituango a 3.721 personas desplazadas, de 1548 núcleos familiares. El sábado pasado hicimos presencia en el municipio y hoy en el consejo de seguridad tomamos algunas decisiones orientadas a fortalecer en primer lugar la presencia del Ejército Nacional y la presencia de la Policía en la zona”, informó el gobernador.
Aseguró que “el principal objetivo que tenemos es asegurar esta región, para dar condiciones a las familias, que permitan su regreso a las parcelas, a las viviendas de las cuales salieron”.
Adicionalmente, aseguró que todos los afectados reciben atención humanitaria en albergues, en medio de la crisis.
Mañana se realizará una visita al lugar y contará con la presencia del ministro de Interior, Daniel Palacios, decisión que está por confirmar y depende de las condiciones climáticas.
El gobernador finalizó su intervención diciendo: “A la comunidad del municipio de Ituango toda nuestra decisión de acompañarlos en este difícil momento, de no dejarlos solos y por otro lado estamos trabajando con la Secretaría de Infraestructura Física, con EPM, para buscar restablecer la vía principal que da acceso al municipio y poder evitar el desabastecimiento de alimento y de elementos básicos”.
Adicionalmente, aseguraron que el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (Dagran) envió tres toneladas de ayuda humanitaria para los afectados por las lluvias y la Gobernación de Antioquia dispuso otras más para los desplazados, pero entrar no ha sido sencillo. El Ejército Nacional y la Fuerza Aérea trasladan las ayudas desde el pasado sábado.
La Fuerza Aérea aseguró que en un helicóptero UH-60 Black Hawk, se transportaron 1.5 toneladas de ayuda, para apoyar a las familias que resultaron afectados por un fuerte vendaval.
“Atendiendo la Gobernación de Antioquia y a través del Departamento Administrativo para la Gestión del Riesgo de Desastres, se logró el transporte de kits de aseo, alimentos no perecederos y medicamentos entre otros elementos que llegaron por aire, ya que las vías de acceso quedaron bloqueadas por los deslizamientos de tierra”, informó la Fuerza Aérea.
El general Juvenal Díaz aseguró que la Fuerza Pública mantiene operaciones en la zona para fortalecer su presencia en las veredas y garantizar las condiciones de seguridad que permitan el retorno voluntario de las familias y que se estableció un puesto de mando con el comandante de la Cuarta Brigada del Ejército.
“Hemos acomodado el dispositivo para cubrir las veredas donde se presume o donde manifiestan los campesinos que no se tiene seguridad. Pero quiero dejar claro que la seguridad del municipio de Ituango ha sido una preocupación constante, no solo como Comandante de la Cuarta Brigada, sino como comandante de la Séptima División”, dijo el general.
¿QUIÉN ESTÁ DETRÁS DEL DESPLAZAMIENTO?
Según información entregada por las autoridades, detrás del masivo desplazamiento está Román Antonio García Zapata, alias ‘Camilo’, por quien el Ejército Nacional está ofreciendo una recompensa de hasta 50 millones de pesos.
“Ya tenemos una noticia criminal por desplazamiento forzado, frente a esto, hombres de Sijín ya están presentes en el municipio con el fin de tomar los testimonios y las declaraciones de las personas que se desplazaron y establecer quienes son los determinadores de este desplazamiento”, dijo el gobernador encargado.
Además, aseguraron que figuran como responsables el Gaor residual 18 de las Farc, alias ‘Machin’ y alias ‘Ramiro’. “Sobre estos elementos, las autoridades hacen un ofrecimiento de hasta 100 millones de pesos a la persona o personas, que den información que permita la captura de alias ‘Ramiro’, cabecilla del Gaor residual 18. Y hasta 50 millones por información que dé con la captura de alias ‘Camilo’ y ‘Machin’, del Gaor 18. Todos tienen órdenes de captura”.
¿SE ESTÁ HACIENDO LO NECESARIO?
La Procuraduría delegada Regional de Antioquia asegura que, con las 1548 familias afectadas, se alcanza el mayor número de desplazamiento del que tiene noticia esa cartera en la región, por lo cual instaron al Gobierno a hacer presencia en el territorio.
“Sin duda este es un tema que rebasa la capacidad del municipio de Ituango y especialmente de su alcaldía, rebasa la capacidad de la Gobernación de Antioquia y por ello es supremamente importante que el Gobierno Nacional haga presencia y que nos acompañe en la atención de esta situación, que es de unas dimensiones que sobrepasan todas las capacidades que tiene el departamento y el municipio”.
Juan Carlos Ruiz, profesor de la Universidad del Rosario, experto en crimen urbano y seguridad ciudadana, aseguró que la presencia de la fuerza pública no ha sido suficiente.
“Desde que inició este Gobierno las fuerzas militares han estado muy pasivas y eso se puede deber a muchos aspectos, entre otros, como lo señaló un testimonio ante la Jep, que las bandas criminales y las disidencias de las Farc y el ELN tienen unos tentáculos muy fuertes sobre las fuerzas militares, especialmente en las bandas criminales. Hay una convivencia ahí que no es muy clara... Vemos con los atentados en Cúcuta, que han infiltrado las fuerzas militares y cada vez hay más miembros de las fuerzas militares vendidos a las bandas criminales”.
Ruiz asegura que a pesar de que Ituango históricamente ha sido una zona duramente golpeada por la violencia, no es de difícil acceso por lo cual las fuerzas militares podrían hacer un mayor esfuerzo para contrarrestar la situación actual.
“El hecho de que haya un desplazamiento tan grande en zonas que deberían estar en el dominio de las Fuerzas Militares y de la Policía causa mucha perplejidad y que no haya una reacción del Gobierno y tampoco un pronunciamiento sobre los cientos de campesinos que están llegando a la población”.
Agregó que “cuando se firmaron los acuerdos de paz la gente pensó que habría un verdadero posconflicto y resulta que no, que se desactivó solamente un actor de muchos otros que son violentos y que las fuerzas militares deberían haber actuado mejor para estar en los territorios y parece que sigue habiendo regiones vedadas a la fuerza pública... A mí este episodio me deja un sin sabor a la fuerza pública, me parece que no es una región de frontera imposible, una jungla donde no se pueda llegar, entonces tiene que haber un examen de lo que está pasando en esta zona que es de fácil acceso”.
Entre tanto, Ángela Olaya, cofundadora e investigadora de la Fundación Conflict Responses (Core), experta en conflicto armado, aseguró que el hecho de que en este momento los desplazados en esta zona superen las 3 mil personas “es inaceptable a estas alturas del proceso de paz” y que se tiene que hacer una evaluación minuciosa de lo que está sucediendo.
“Este es un evento que se enlaza con lo que venía pasando en 2020, cuando la Defensoría del Pueblo alertó que sobre la estrategia de expansión que tenían las AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia) para recuperar el control del territorio que supuestamente tenían las disidencias del frente 18, entonces hay que enlazarlo con eso”.
Agregó que “también hay algo y es que no hay claridad, hace unos meses reportaron un ataque en donde se supone que habían dado de baja o hirieron a alias Ramiro, el comandante del frente 18, pero no hubo claridad qué pasó con eso... Lo que nos dice eso es que darles a las cabezas de las disidencias lo que está mostrando es que tiene una repercusión a la población civil muy alta y no necesariamente desarticulan a la estructura, todo lo contrario, nos dejan en un limbo sin saber exactamente quien está liderando que... Pareciera que las disidencias están más fuertes”.
Olaya además asevera que más allá de las capturas que espera llevar a cabo el gobierno, lo importante será disminuir el control territorial de estas organizaciones y cumplir con los acuerdos de paz.
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