Dueño de Ituango le pide cuentas a EPM

La Sociedad Hidroeléctrica Ituango, y como tal la ‘patrona’ de EPM en el proyecto energético que lleva el mismo nombre, rompió ayer de manera estrepitosa el silencio que había observado con relación a la polémica por la posible salida del consorcio constructor de esta megaobra. Lea: Autorizan vigencias futuras a EPM para proceso de licitación de Hidroituango

En una carta rotulada con la referencia de “Alerta temprana -Incumplimiento obligaciones Boomt y administración de la licencia ambiental”, el gerente de la Sociedad, Javier Darío Toro, le dice de manera reiterativa al gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo, que si se llegaran a generar perjuicios económicos a raíz de la coyuntura actual —donde se mezclan factores como el inminente cambio del consorcio contratista CCC Ituango, la supuesta intención de salida del Banco Interamericano de Desarrollo del proyecto y dificultades con la licencia ambiental—, ella deberá asumir los costos en que se incurra. Lea: Cambio de contratista en Hidroituango sería gravísimo: gobernador de Antioquia

Los propietarios mayoritarios de Hidroituango son la Gobernación de Antioquia y el IDEA, por lo que es claro que dicha posición es avalada por el gobernador Aníbal Gaviria, dejando aún más en evidencia las discrepancias que ya se han mostrado en varios temas entre ambas administraciones.

También, al cierre de esta edición aún no se conocía el resultado de una reunión que comenzó a las 4:30 p.m. en la que supuestamente EPM quería que CCC Ituango le señalara un posible reemplazo para culminar con las obras que faltan.

Sin embargo, la posición previa del consorcio era que no cedería el contrato ni mucho menos candidatizaría a nadie para relevarlo. Fuentes del conglomerado de servicios públicos adelantaron que probablemente hoy darán a conocer las conclusiones del encuentro. Lea: Hidroituango: Superservicios y Superfinanciera piden información clave a EPM

No obstante, en la mañana, en una rueda de prensa, el alcalde Daniel Quintero dio puntadas de la que sería una propuesta que se ventilaría en la cita: que CCC Ituango admita de manera anticipada dar un paso al costado con respecto al contrato que vence el 31 de diciembre próximo para poder hacer un empalme con su reemplazo, con el fin de no generar retrasos en el plan de comenzar a generar energía a mediados del 2022.

De no aceptar la cesión, dijo el mandatario, comenzaría un proceso de licitación y en ese caso, adelantó que le pediría a CCC Ituango que siga hasta marzo o abril próximo, mientras se concreta ese proceso, con el fin de no producir contratiempos en el cronograma.

“Estos contratistas responsables de Hidroituango, ya sancionados en primera instancia, se declararon en insolvencia, pero adicionalmente están a la espera de un fallo de segunda instancia que los inhabilitaría para poder ejecutar el proyecto”, añadió refiriéndose a la sanción que emitió recientemente la Contraloría General de la República contra 26 empresas y personas por el presunto detrimento de 4,3 billones de pesos por los sobrecostos incursos hasta ahora en Hidroituango.

El representante de CCC Ituango, Santiago García, le indicó a EL COLOMBIANO antes de la reunión que “no hemos analizado esa opción”.

Continuos llamados

Volviendo a la carta de Toro a Carrillo, este le recuerda que en varias ocasiones le ha enviado señales de alerta sobre “atrasos importantes” en el cronograma que ponen en “riesgo inminente el cumplimiento de las Obligaciones de Energía en Firme (OEF) vigentes” y que, de hecho la primera fecha para comenzar a generar, el primero de diciembre del 2018, ya se corrió, ocasionando una pérdida acumulada de 17 millones de dólares anuales y para 2022, esta ascenderá a unos 130 millones de dólares.

Tras hacer una cuenta de costos y lucro cesante por no pago de cargo de confiabilidad, la Sociedad Hidroeléctrica Ituango calcula que el total perdido entre 2018 y 2022 se acercaría a 440 millones de dólares. Luego, es tajante en que todas las cifras en contra deberán ser asumidas por EPM.

“En atención a lo expuesto, y al avance actual del proyecto, se advierte por parte de Hidroituango que en el caso en que EPM no entre en operación con las unidades 1 y 2 de generación del Proyecto en la fecha máxima establecida (...) los efectos económicos de dichas pérdidas y los pagos derivados de las ejecuciones de las garantías, en lo que tiene que ver con la proyección de ingresos para el cálculo de la remuneración, no podrán ser incluidos como un menor ingreso, ni como un costo del proyecto”, sentencia en el documento.

Además, menciona que EPM está hablando de cambiar a CCC Ituango) sin que le garantice el mecanismo para culminar los trabajos a tiempo.

“Los efectos económicos, programáticos y de toda índole, que se deriven de dichos riesgos en razón al cambio de contratista que decida EPM, bajo su responsabilidad, no podrán incluirse dentro de los mayores costos y plazos para la construcción para efectos del cálculo de la remuneración a favor de Hidroituango, además de los demás perjuicios que puedan causarse, y tendrán que ser asumidos por EPM con su patrimonio”, dice.

Igualmente, señala que, como administrador de la licencia ambiental del proyecto, EPM se debe ocupar de las posibles sanciones y “costos de cualquier naturaleza” que surjan por el incumplimiento de las obligaciones ambientales.

Vale la pena recordar que la licencia ambiental de Hidroituango fue suspendida a raíz de la emergencia del 28 de abril de 2018 y las irregularidades que este hecho develó. Es más, por esta razón, EPM ha tenido 18 penalizaciones de distintas autoridades como la Anla y el Ministerio del Medio Ambiente.

Además, el Gerente de la Sociedad Hidroituango se queja de que EPM tampoco ha aportado información oportuna sobre los posibles riesgos e impactos del anunciado cambio de contratista para la construcción de las obras de la hidroeléctrica.

De la misma manera, Toro apunta que si el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) le retira la financiación al proyecto, posibilidad que se ha ventilado en los últimos días, EPM tendría que resolver cómo asegurar los recursos para la “continuidad de las obras de estabilización y las demás requeridas para la entrada en operación de las primeras unidades de generación en 2022, lo mismo que de los sobrecostos, si los llega a haber.