Uno de los principales argumentos de quienes están a favor de la Consulta Anticorrupción que se vota este domingo es que la mayoría de las siete propuestas que incluye fueron presentadas en el pasado al Congreso de la República y una y otra vez fueron hundidas.
“Es algo sistemático: nada de lo que propone la Consulta ha sido aprobado por el Congreso. Por eso precisamente nació. Es la oportunidad de los ciudadanos para ordenarle al Congreso que se reforme. De lo contrario, no lo hace. Y no es una opinión. Es un hecho demostrado”, dice al respecto la senadora del Partido Verde, Angélica Lozano.
Entre 1995 y 2013, por ejemplo, en el Congreso se presentaron seis proyectos que tenían que ver con la transparencia y la contratación, y todos los negaron. En los últimos tres años se presentaron la mayoría de las propuestas de la Consulta Anticorrupción e igualmente sucumbieron.
Sobre la primera pregunta de la Consulta (reducir el salario de congresistas y altos funcionarios del Estado) entre 2015 y 2016 partidos como la Alianza Verde, los liberales, el Polo e incluso el Centro Democrático presentaron en total cuatro proyectos que, o proponían bajar los sueldos de los congresistas de 40 a 25 salarios mínimos (Alianza Verde) o planteaban congelarlos durante cuatro años (Alfredo Rangel, Paola Holguín, del Centro Democrático).
En ambos casos las iniciativas no prosperaron después de dilatarlas, al punto de no alcanzar el tiempo requerido para sus debates antes de terminar las sesiones ordinarias del Congreso, como sucedió con la propuesta de congelar los salarios.
El punto dos de la Consulta plantea, de otro lado, lo siguiente: ¿Cárcel a corruptos y prohibirles volver a contratar con el Estado? Lo que se busca con ello es derogar el artículo 29 del Código Penitenciario, que le da el privilegio de un régimen especial carcelario a servidores públicos de elección popular, como los políticos corruptos que, pese a ser condenados, jamás van a una cárcel a pagar sus condenas, sino que lo hacen en cómodas instalaciones como la Escuela de Carabineros. Es lo que sucede con el exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno.
Aquello en el pasado se discutió en el Congreso, no propiamente como un proyecto autónomo, sino como una reforma penal, pero la hundieron.
El punto 4 de la Consulta igualmente murió en el Congreso sin ni siquiera discutirse. La pregunta dice: ¿Aprueba usted establecer la obligación de realizar audiencias públicas para que la ciudadanía y los corporados decidan el desglose y priorización del presupuesto de inversión de la Nación, los departamentos y los municipios, así como en la rendición de cuentas sobre su contratación y ejecución?
Es, en otras palabras, una iniciativa ‘antimermelada’, apoyada incluso por Iván Duque en sus días en el Senado.
Sin embargo, el senador Antonio Guerra, de Cambio Radical, no radicó la ponencia de dicho proyecto. Así que la iniciativa jamás se debatió.
“Cuando se presenta un proyecto se le asigna un ponente. Con lo que hizo el senador Guerra, que no le dio la gana de radicar la ponencia y bloqueó el proyecto, lo que nos tocó hacer fue reformar el Código de Ética del congresista, que empieza a regir en octubre, y crear sanción para quien no rinda la ponencia terminados los diez días de plazo. Lo que hizo Guerra no tenía sanción. Por eso lo hizo. Ni siquiera renunció a la ponencia. Si renuncia, se la asignan a otro. Ahora la sanción va desde quitar la palabra hasta el derecho a votar a los senadores durante algunas sesiones, además de anotaciones en la hoja de vida. Conclusión: el cuarto punto de la Consulta se hundió en el Congreso sin ni siquiera debatirlo”, dice Angélica Lozano.
El quinto y sexto punto de la Consulta que obligan a los congresistas a rendir cuentas de sus asistencias, votación y gestión, y a hacer público sus propiedades e ingresos, igualmente fueron hundidos en el Congreso en tres ocasiones. Se trató del proyecto de Ley de Transparencia, que finalmente sucumbió en el cuarto y último debate.
“Dos veces en la Cámara de Representantes han hundido nuestra ley, que obligaba a que los congresistas rindiéramos cuentas, presentáramos informes de gestión, dijéramos qué proponemos, cómo votamos, qué gestionamos. Es inadmisible que la Cámara, dos veces, en la legislativa pasada, en cuarto y último debate, nos hundió la Ley de Transparencia. Y en esta legislatura la volvemos a presentar y la Comisión Primera de Cámara en el primer debate nos la hunde”, dijo la exsenadora del Partido Verde, Claudia López.
En la mayoría de los casos los proyectos se hundieron no precisamente por votación en contra o por argumentos, sino que fueron dilatados, rompían el quórum a la hora de los debates o los ubicaban como último punto del orden del día para que no se alcanzaran a debatir porque, advierte la senadora Angélica Lozano, a muchos no les conviene que lo que se vota este domingo se apruebe.
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