El fantasma de los ‘falsos positivos’ volvió a asustar al país

25 de mayo de 2019 02:32 PM
El fantasma de los ‘falsos positivos’ volvió a asustar al país
Hasta 2014, la Fiscalía tenía en lista que al menos 4.380 personas fueron asesinadas en falsos positivos.

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Uno de los crímenes más cruentos cometidos en el conflicto armado en Colombia fueron los mal llamados ‘falsos positivos’, la expresión eufimística con la que se conoce a las ejecuciones extrajudiciales cometidas a finales de la década del 2000 por miembros de las Fuerzas Militares que asesinaban a jóvenes de extracción humilde para hacerlos pasar como ‘bajas’ en combate, a cambio de reconocimientos, bonificaciones e incluso permisos.

Aunque las familias víctimas de estos miles de crímenes aún están a la espera de conocer la verdad de lo ocurrido, quienes han investigado estos hechos han atribuido a una directriz del Ministerio de Defensa de la época, durante el gobierno de Álvaro Uribe, no haber ordenado estas conductas, pero sí haberlas propiciado, al evaluar los resultados de la Fuerza Pública con base en las muertes registradas en combate. A mayores bajas del “enemigo”, más exitosa se consideraba la una unidad militar.

El fantasma de esta época vergonzosa para las Fuerzas Militares del país volvió a rondar esta semana, por cuenta de un artículo de The New York Times, que reveló varias directrices del comandante del Ejército, general Nicacio Martínez, en las que ordena a sus hombres duplicar sus resultados, los cuales se calculan, según el diario, con base en la suma de bajas en combate, capturas y rendiciones del enemigo. Directrices que se asemejan peligrosamente a las dictadas en la época de los ‘falsos positivos’.

Aunque The New York Times precisó en la carta con la que respondió a las críticas del Gobierno contra el artículo que nunca dijo que estas directrices sean contrarias a la Constitución, el problema no esta, como ocurrió en la década del 2000, en lo que se ordena en ellas, sino en el efecto que pueden generar en las tropas.

Como lo afirman algunos analistas, la exigencia de resultados a la Fuerza Pública, si se hace a cualquier costo y sin tener en cuenta las circunstancias en las que se desarrolla el conflicto en cada región en particular, puede llevar a que algunos militares, si no están lo suficientemente comprometidos con los derechos humanos, puedan cometer excesos.

De acuerdo con el coronel (r) Carlos Velásquez, los primeros responsables de cómo se comportan los militares son las autoridades civiles. Por eso, los gobernantes deben cuidar mucho cuál es el mensaje que transmiten a la Fuerza Pública sobre lo que esperan de ella.

Para Velásquez, quien es ahora catedrático, las tres primeras acciones del presidente Duque fueron muy dicientes: “estuvo en San Andrés en el tema de soberanía y eso está bien, pero luego se fue para el Catatumbo (Norte de Santander) y dijo ‘tienen 180 días para dar resultados’, y en Nariño dijo ‘tienen 100 días para dar resultados y no quiero más Guacho’”.

Según el coronel (r), ese mensaje lo reforzó el ministro de Defensa, Guillermo Botero, quien al posesionarse de su cargo, “habló de recobrar el impetú de los resultados”, así como miembros del Centro Democrático, como María Fernanda Cabal, que acusaron a la anterior cúpula militar de “inservible” y de “muy blandita” contra la delincuencia.

El esfuerzo por ganarse la confianza de la ciudadanía y el apoyo a la construcción de paz después de la firma del acuerdo con las Farc, quedaron a un lado en el discurso oficial frente a la Fuerza Pública, según Velásquez.

El Gobierno, en las respuestas que ha dado a la publicación de The New York Times, ha insistido en que la exigencia de resultados a la Fuerza Pública no es, bajo ninguna circunstancia, una invitación a cometer violaciones a los derechos humanos.

“La Política de Seguridad y Defensa tiene como eje transversal el respeto a los derechos humanos”, manifestó el ministro Botero y aseguró que, contrario a lo dicho por el The New York Times, este gobierno ha privilegiado las desmovilizaciones sobre las capturas y las capturas sobre las muertes en operaciones militares.

“El 97 % de resultados operacionales se refieren a desmovilizaciones y capturas”, manifestó el ministro, que agregó que incluso en este gobierno se han dado menos bajas en combate que los anteriores.

Para despejar el fantasma de las violaciones a los derechos humanos, el presidente Duque anunció este viernes la creación de una comisión que deberá encargarse de analizar las órdenes, manuales y documentos de las Fuerzas Militares, con el fin de evaluar si los protocolos de estas se adaptan a las normas internacionales en materia de derechos humanos.

La Comisión, que será integrada por Hernando Yepes, Mauricio González y Alfonso Gómez Méndez, tendrá la responsabilidad de evitar que la tragedia de los ‘falsos positivos’ vuelva a presentarse en el país.

¿Será suficiente esta comisión para conjurar el fantasma de los ‘falsos positivos’? ¿Está o estuvo el país ante un riesgo real de que volvieran estas conductas?

El analista Jairo Libreros asegura que hasta la fecha no hay registros conocidos de que en los últimos meses se hayan cometido ejecuciones extrajudiciales como resultado de las directrices reveladas por el New York Times.

Sí hay un caso concreto, la muerte de Dimar Torres, el excombatiente de las Farc asesinado en Convención, Norte de Santander, por la cual ya hay investigaciones contra miembros de la Fuerza Pública, pero aún no hay claridad para determinar si se trató de un caso particular o si tuvo alguna relación con la exigencia de resultados.

Para Libreros, la Comisión anunciada por el presidente Duque debe ser efectiva y no puede haber lugar para que los casos de ‘falsos positivos’ lleguen a ocurrir, pues estamos bajo la lupa de la comunidad internacional y en especial de Estados Unidos.

Así lo demostró un comunicado emitido este viernes por la embajada de ese país, en la que señaló que “es del interés de Estados Unidos una Colombia más fuerte y estable que proteja los derechos humanos”.

“Si (la comisión) se creó como cortina de humo está llamada a fracasar y nos pone en situación de descertificación en derechos humanos de parte de los Estados Unidos”, aseguró Libreros.

Como lo han advertido varios analistas, si bien la publicación del New York Times generó un enorme revuelo en el país, es preferible que el tema se haya planteado en este momento y no, como ocurrió en la década del 2000, cuando ya había miles de muertes qué lamentar.

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