En 27 de los 32 departamentos de Colombia, los menores de edad son instrumentalizados para engrosar las filas de los grupos al margen de la ley. El reclutamiento de niños y adolescentes sigue siendo el pan de cada día en el territorio nacional, según el más reciente informe de la Defensoría del Pueblo.
Para combatir este flagelo, desde 2020, el órgano defensor ha emitido 46 alertas tempranas que tienen como propósito advertir especialmente el reclutamiento en Antioquia, Cauca, Chocó, Nariño y Norte de Santander.
Si bien la priorización ha sido en las zonas mencionadas, la entidad generó advertencia sobre Bolívar, Cesar, Córdoba, Arauca, Caldas, Caquetá, Casanare, Cundinamarca, Guainía, La Guajira, Magdalena, Nariño, Huila, Putumayo, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca, Atlántico, Meta, Vaupés y Bogotá.
El más reciente informe emitido da cuenta que la delegada para la Infancia, la Juventud y el Adulto Mayor tuvo conocimiento de 83 casos de reclutamiento forzado, desde el 17 de marzo de 2020, fecha en que entraron en vigor las medidas de distanciamiento social por la propagación del Covid-19, entre ellos el cierre de colegios, hasta septiembre de 2020, mes en el cual finalizó la cuarentena estricta.
Respecto a estos 83 casos se documentó que el 80 % de los reportes se presentaron en zonas rurales. Las edades de las víctimas oscilan entre los 8 y los 18 años. De ellos, el 33 % son menores de 14 años y un 59 % son hombres con 49 casos. Además, 20 son indígenas y dos afrodescendientes.
Conociendo el panorama del año pasado, para esta anualidad, la Defensoría ha emitido cinco alertas tempranas que advierten sobre el riesgo de reclutamiento que se concentra en Caquetá, Amazonas, Valle del Cauca, Norte de Santander y Vichada.
LOS RESPONSABLES
Los departamentos en los cuales se han emitido alertas para prevenir dicho riesgo, por años memorables han tenido presencia de grupos al margen de la ley que han agudizado la crisis que se vive por cuenta del conflicto armado.
La Defensoría, así como las autoridades locales, tienen en su registro que el ‘Clan del Golfo’ y el Bloque Virgilio Peralta Arenas, más conocidos como ‘Los Caparros’, residuos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), así como el EPL, varios frentes del ELN y disidentes de las FARC, son los principales responsables de este flagelo en el país.
No obstante, comprendiendo que no todas las dinámicas de violencia provienen, exclusivamente, de grupos relacionados con el conflicto armado, la Defensoría advirtió que grupos de delincuencia común también tiene cierta responsabilidad en los hechos.
En dicho análisis, el órgano de control halló estructuras como ‘Las Águilas Negras’, ‘Los Rastrojos’, ‘La Constru’, ‘Los Pachenca’, ‘La Oficina’, ‘El Mesa’, ‘La Oficina del Valle de Aburrá’, ‘La Unión’, ‘Las Chatas’, ‘Los Costeños’, ‘Los Pachelly’, entre otros.
¿CÓMO RECLUTAN?
Si bien las estructuras mencionadas hacen parte de la delincuencia en zonas urbanas, la Defensoría alertó que la utilización ilícita se encuentran en los territorios indígenas, afrodescendientes y campesinos, en zonas de frontera y en zonas donde hay un elevado número de cultivos ilícitos.
“Varias son las situaciones de riesgo a los que se exponen los niños y adolescentes como consecuencia del accionar de los grupos armados que facilitan su utilización ilegal, con diferentes fines como son el interés por el control territorial y la expansión territorial, donde los medios van desde su manipulación y vinculación para su utilización como campaneros, informantes, vigilantes, traslados de armas y drogas, insumos para las economías ilícitas, consumo de estupefacientes, hasta el abuso y explotación sexual comercial”, dijo el documento.
También se ha evidenciado que en medio de confrontaciones armadas ante la deserción, captura o pérdida de vida de combatientes, los grupos armados recurren al reclutamiento forzado con el fin de fortalecer su poderío militar.
En algunos casos se ha evidenciado como mecanismo para la utilización ilícita el ofrecimiento de dádivas a las familias, ofertas de trabajo engañosos en fincas o en megaproyectos, amenazas contra el grupo familiar, el enamoramiento, persuasión sobre supuestos roles de poder o de estatus derivados del porte de armas o manejo de dinero. Otra forma de utilización ilícita consiste en el adoctrinamiento en los entornos escolares e internados rurales.
Entre otras cosas, en algunos territorios apartados, deben caminar largos trayectos para llegar a escuelas e internados para asistir a clases, donde en muchos casos se encuentran con la falta de docentes y de personal idóneo para su cuidado, instalaciones deficientes para su acogida, entre otras precariedades.
En estos trayectos los menores son abordados por miembros de grupos armados que utilizan el discurso de la inoperancia institucional para convencerlos de la opción militar, como la única salida a la situación de pobreza y abandono por parte del Estado.
En los contextos urbanos, especialmente en ciudades y cabeceras municipales los actores armados utilizan como medio de control social y territorial, la inducción y adicción al consumo de sustancias psicoactivas, con el fin de ampliar la distribución y el mercado local, incrementando así la vulnerabilidad de menores con el sometimiento de su voluntad.
Además de eso, analizaron que los barrios vulnerables y asentamientos informales la utilización ilícita de niños se realiza en diferentes modalidades, tales como la instrumentalización de combos barriales y pandillas, acompañado de dádivas como gestos de confianza, entrega de dinero, regalos, medios que permiten la captación para que los menores desarrollen actividades ilícitas de inteligencia, transporte y mercadeo de sustancias ilegales.
LO QUE PREOCUPA
Para el órgano de control, preocupa los escenarios de violencia contra los menores, así como el abandono, el maltrato infantil, la violencia intrafamiliar, la violencia sexual y la perdida de seres queridos en medio de la confrontación armada que se convierten en situaciones que llevan a acudir a los grupos armados como un medio de supuesta protección y aislamiento.
Del mismo modo, son preocupantes los casos de reclutamiento en donde los niños y adolescentes tiene la “voluntad” de ingresar a los grupos armados ilegales.
“Los contextos sociales en donde existe naturalización del conflicto, pobreza, falta de oportunidades educativas y económicas y ausencia de instituciones del Estado son factores que inciden en la decisión de un menor para ingresar a las filas de un grupo armado”, dice el informe.
El órgano de control también advirtió que la práctica de ciertas facciones ilegales de usar a niños y niñas como escudos humanos, ha terminado en la perdida irreparable de sus vidas como consecuencia de confrontaciones y operaciones armadas.
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