Colombia ha cerrado ya uno de los capítulos más sangrientos de su historia: la guerra con las FARC. Casi medio siglo de crímenes perpetrados por guerrilleros, paramilitares y agentes del Estado, un universo infinito de víctimas que ahora se intenta desgranar, entre otras cosas, encontrando e identificando a los miles de desaparecidos para que sus familias también pasen página.
El Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC firmaron en 2016 un acuerdo de paz que puso fin al conflicto armado más longevo del hemisferio occidental. Su piedra angular es un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición diseñado para dar carpetazo a la guerra respetando los derechos que las normas internacionales reconocen a las víctimas.
Una de las piezas de este sistema integral es la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, que dirige Luz Marina Monzón. De acuerdo con datos oficiales, de los 8,4 millones de personas registradas como víctimas del conflicto armado, hay 171.113 víctimas de desaparición forzada --47.475 directas y 123.638 indirectas por el impacto en sus familias y comunidades.
Colombia, precisamente por la duración y amplitud de las hostilidades, tiene una “experiencia importante” en la búsqueda de personas desaparecidas, aunque incompleta, según señala Monzón, galardonada este año por la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), en una entrevista con Europa Press.
La principal carencia es la identificación de los cadáveres localizados. Por ejemplo, a raíz de los acuerdos de 2005, “los paramilitares empezaron a dar información” sobre “lugares de entierro”. “Y, efectivamente, se recuperaron alrededor de 9.000 cuerpos. Sin embargo, 7.500 siguen sin estar identificados. (...) Es decir, entregaron fosas pero no entregaron personas”, subraya.
El reto de poner nombre y apellidos a los desaparecidos de la guerra en Colombia Monzón explica que la diversidad de fuentes --de los culpables y de las familias de las víctimas--, recolectar, clasificar y cruzar la información obtenida de cada una de ellas es “clave” para poder localizar y dar una identidad a las personas desaparecidas, pero hasta ahora las autoridades colombianas no se han ocupado de esta tarea, o al menos de forma sistemática.
“Si una fuente viene y nos dice que hay lugares con personas inhumadas, es una información muy importante, pero hay que saber qué personas están ahí. Puede que no sepa cómo se llaman, pero nos puede decir de dónde y cuándo las trajeron” y si eran hombres, mujeres, ancianos o niños, precisa la jefa de la Unidad de Búsqueda.
El reto de poner nombre y apellidos a los desaparecidos de la guerra en Colombia Estos “indicios” pueden conducir a los investigadores hacia las familias, que a su vez facilitarán otros datos, como las características físicas de sus seres queridos --si tenían una marca de nacimiento o algún implante quirúrgico--, que permitirán acotar las posibilidades y confirmar con el perfil genético, ilustra.
FALTA DE CONFIANZA
Uno de los elementos a combatir es la “desconfianza” de las familias en las autoridades colombianas. Por un lado, porque cuando han acudido a denunciar “han terminado amenazadas”. Y, por otro, porque se han topado con el caos administrativo.
Monzón admite que es difícil imponerse al miedo. Aunque el conflicto armado con las FARC ha terminado, persiste con la guerrilla del ELN, los paramilitares y otros grupos armados. De hecho, la violencia se ha disparado tras la firma del acuerdo de paz porque actores rivales luchan por ocupar el vacío dejado por las FARC. “En este momento, hay muchos asesinatos de líderes sociales”, recuerda. “La gente tiene miedo”, remacha.
Conscientes de este panorama, las partes concibieron la Unidad de Búsqueda como un mecanismo extrajudicial de carácter humanitario. Esto significa, apostilla Monzón, que a diferencia del enfoque actual, netamente penal, el objetivo no es encontrar “culpables”, sino desaparecidos. Por eso, los informantes están protegidos por la confidencialidad, de modo que su relato no podrá dar lugar a un proceso judicial en su contra.
El otro problema es que hasta ahora no existía un sistema centralizado de búsqueda de personas desaparecidas. Así, se han dado casos en los que la Unidad de Monzón ha acudido a pedir información a familias que ya la habían aportado pero “no se sabe quién la recogió” ni qué hizo con ella. El Banco de Perfiles Genéticos existe desde 2010 pero apenas tiene muestras de ADN porque “no ha habido campañas suficientes”.
Monzón pretende crear un sistema centralizado que funcione con un protocolo definido. “No sé cuántas personas habremos encontrado --espero que muchas--” una vez agotados los 20 años de vida (prorrogables) que tiene la Unidad de Búsqueda, comenta. Pero el mejor legado será “que para entonces ya se sepa que esta es la manera de encontrarlos”, afirma.
Este orden será vital justo ahora que, con la puesta en marcha del acuerdo de paz, se espera una afluencia masiva de guerrilleros, paramilitares y agentes del Estado al sistema integral para beneficiarse de la justicia transicional, que ofrece penas reducidas y sanciones alternativas para quienes confiesen los crímenes cometidos en el conflicto armado.
DESAPARECIDOS PERO VIVOS
Los acuerdos de paz también abren la puerta a una nueva realidad. “La Unidad no va a buscar solamente a personas que se encuentren privadas de la vida”, esto es, víctimas de desapariciones forzadas, sino a personas vivas que “han sido dadas por desaparecidas porque sus familias no saben dónde están”, apunta.
Los guerrilleros de las FARC se desmovilizaron y desarmaron en 2017 para conformar un registro que permite saber con exactitud quién combatió en sus filas. Entre ellos hay personas secuestradas o reclutadas forzosamente que con el paso del tiempo se han integrado en el grupo armado y llevan años sin contactar con sus familias.
“Muchas de las peticiones que hemos recibido son ‘a mi hijo o a mi hija se lo llevó la guerrilla y yo quiero saber si están ahí’. Estos son escenarios muy probables de hallazgo de personas con vida. La familia no sabe dónde están pero pueden estar vivos”, cuenta Monzón.
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La naturaleza humanitaria de la Unidad de Búsqueda exige además que no sea un mero instrumento. Monzón quiere que sea el lazarillo de las familias, que las guíe y acompañe en un proceso largo y complejo en el que muchas veces se les ha dejado a ciegas. La idea es establecer “un diálogo permanente”.
“Es probable que haya personas que no se van a encontrar porque los paramilitares han dicho que las metieron en hornos, las tiraron a un río o se las dieron a animales ¿pero la respuesta al familiar es decirle que pasó eso y no hay nada que hacer? Esa respuesta no es satisfactoria. No es que nosotros vayamos a decirle que lo vamos a encontrar aunque lo metieran en un horno. Le vamos a explicar qué significa y vamos a verificarlo”, aclara.
En opinión de Monzón, pedirle a un familiar que ha estado “sin comunicación” desde que acudió a las autoridades hasta que hay un resultado que crea que su ser querido está muerto es pedirle que haga “un salto de fe”. “Siempre guardan la esperanza de encontrarlos vivos así hayan pasado 30 años (...) Es un golpe muy fuerte”, recalca.
Teniendo en cuenta el nivel de violencia y el tiempo transcurrido, lo más probable es que la mayoría de las personas desaparecidas hayan muerto. En estos casos, donde la reparación plena no es posible, puede ser “muy valioso” --en estos mismos términos de reparación-- “que no reciban la noticia, sino que puedan ir aproximándose a ella”. “Vamos a caminar juntos”, promete Monzón.
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