El Ejército de Liberación Nacional (ELN) está poniendo minas antipersonal en campos cultivados por las comunidades al igual que en caminos de la población colombiana de Murindó (noroeste), denunciaron este miércoles obispos que hicieron parte de una misión humanitaria y pastoral en esta zona del país.
Un comunicado de la misión indica que entre los hallazgos está que la guerrilla del “ELN ha instalado minas antipersonal dentro de los cultivos y en los caminos de las comunidades” en esta zona de la región del Urabá, en el departamento de Antioquia.
La información indica que tanto el ELN como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), herederas de los grupos paramilitares, han cometido graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario y afectado los derechos humanos de sus habitantes.
“Los grupos armados luchan por obtener el control de las rutas del narcotráfico, la implantación y recolección de cultivos de uso ilícito y el posicionamiento geoestratégico”, asegura el documento.
La consecuencia de todo esto es que las comunidades indígenas han sido víctimas de “confinamiento, desplazamiento, reclutamiento de sus jóvenes, amenazas a líderes y comunidades y la pérdida de su autonomía”.
Expresan, igualmente, su preocupación porque las AGC se muevan con mucha libertad en el territorio, una situación que “ha sido una constante en los últimos años y se ha hecho de manera muy visible en toda la cuenca del río Atrato”.
De la misión hicieron parte delegaciones de las diócesis de Quibdó y Apartadó, el Consejo Comunitario Mayor de la Organización Campesina Integral del Atrato (Cocomacia), el Cabildo Mayor de Murindó y la Coordinación Regional del Pacífico, y se desplegó en terreno entre el 7 y el 11 de este mes.
LAS EXIGENCIAS DE LA MISIÓN
Ante la grave situación humanitaria de indígenas y campesinos, la misión exigió la intervención del Estado para garantizar los derechos sociales, el desminado territorial y la protección colectiva que les permita gozar de tranquilidad en sus entornos culturales.
A las fuerzas de seguridad del Estado les exige un “distanciamiento total de actores ilegales para que se garantice su labor de protección”.
Por último, insisten ante el Gobierno nacional para que “abra nuevamente el espacio a la solución dialogada al conflicto armado” porque la guerra desatada en territorios del departamento de Antioquia, la Costa Pacífica y otras regiones del país “hundirán a las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes en una espiral de violencia sin fin que destruirá la vida de muchas personas”.
El ELN inició en febrero de 2017 en Quito negociaciones de paz con el anterior Gobierno colombiano, que en mayo de 2018 fueron trasladadas a La Habana, donde la última ronda de diálogo concluyó sin avances a principios de agosto de ese mismo año.
El presidente colombiano, Iván Duque, condicionó la continuidad de los diálogos de paz a que ese grupo deje de secuestrar y libere a las personas que tiene en cautiverio, lo que la guerrilla se niega a acatar.
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