El gobierno estadounidense manifestó su inquietud frente al cumplimiento del Acuerdo de paz firmado entre Colombia y la extinta guerrilla de las Farc en 2016, así como por delitos relacionados con el confirmado armado que se siguen registrando en territorio colombiano.
Así lo dio a conocer el embajador estadounidense en Colombia, Francisco Palmieri, quien detalló que tiene prevista una serie de reuniones este 24 de noviembre con representantes del gobierno de Gustavo Petro para abordar cuatro temas que considera que son urgentes. Le puede interesar: Defensoría pidió aumentar presupuesto para implementar acuerdos de paz
“Se abordarán iniciativas étnicas de los programas de desarrollo con enfoque territorial; la reparación colectiva, retornos y reubicaciones de víctimas del conflicto armado; agua y saneamiento básico; y lucha contra el reclutamiento forzado”, explicó el diplomático del estadounidense.
Esta preocupación en asuntos relacionados con el conflicto, y en particular con el reclutamiento, se sustenta en lo dicho por Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, quien resaltó que los grupos armados al margen de la ley siguen reclutando forzosamente.
“Se sigue registrando el reclutamiento. Nuestras entidades de Naciones Unidas, Unicef y otras instituciones hacen un seguimiento a eso y próximamente documentarán cuál es la situación actual desde la óptica de la ONU”, detalló Ruiz Massieu.
Así está el panorama de reclutamiento de niños
La Defensoría del Pueblo informó que en lo que va del año ha registrado 166 casos de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, y resaltó que hay un “subregistro grande” por el silencio de las familias que temen ser víctimas de desplazamientos, amenazas y, asesinatos, de parte de grupos armados ilegales. Lea aquí: Más de 160 menores reclutados en lo que va del año en Colombia: Defensoría
“Persiste la ocurrencia de reclutamiento en la población indígena, donde se concentra el 75% de los casos, ante lo cual se requiere una atención diferencial y una articulación entre autoridades administrativas y autoridades étnicas para fortalecer las acciones de prevención”, indicó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
En esa línea, la entidad expuso que de los casos reportados en lo corrido del año, el 59,6% corresponde a niños y adolescentes, y el 40,3% a niñas y adolescentes, lo cual indica una afectación diferencial por condiciones de género.
Además, los departamentos de frontera y con alto flujo migratorio también se ven afectados por este fenómeno, a ello se suma el control territorial y social que ejercen los actores armados, lo cual hace más difícil que familias, líderes sociales y sociedad en general denuncien.
Según la Defensoría, facciones disidentes de las Farc registran el mayor número de casos (con el 91,1%), les siguen el ELN (7%), otro (1,3%) y los grupos posdesmovilización de las AUC: Clan del Golfo y el Bloque Virgilio Peralta Arenas, conocido también como Los Caparros (0,6%).
“Los grupos armados ilegales deben abstenerse de reclutar, usar y utilizar niñas, niños y adolescentes. Respeten el derecho internacional humanitario y los derechos humanos de toda la población, especialmente los de los menores de edad”, apuntó el defensor del Pueblo.
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