El consejero Presidencial para la Estabilización, Emilio Archila, aseguró que el Gobierno Nacional mantiene la voluntad de que la Misión de Verificación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), siga acompañando la implementación del acuerdo de paz con las Farc.
El consejero habló con COLPRENSA de cómo se está garantizando la seguridad de los excombatientes y de cómo avanza la implementación del acuerdo de paz con las Farc, en medio de la pandemia por el COVID-19.
- Hace poco usted respondió a la presidenta de la JEP, Patricia Linares, que ratificaba la voluntad del Gobierno para que la ONU verifique las sanciones que se impongan a los excombatientes de las Farc ¿Por qué?
Nosotros habíamos venido trabajando en esta dirección muchísimo antes de recibir la carta de la presidenta de la JEP. La ONU cumple el papel de verificar el cumplimiento del acuerdo de paz con las Farc y, adicionalmente, está previsto que las sanciones que imponga la JEP deben ser auditadas por ellos. Teniendo en cuenta esto, el presidente Iván Duque desde hace mucho tiempo se reunió con el secretario general de las Naciones Unidas (Antonio Guterres) y le manifestó que estábamos interesados en lograr eso.
- ¿Y cómo ha avanzado esa misión?
El presidente nos había dado dirección a la Cancillería y a mí para que fuéramos dando pasos. Por eso, veníamos trabajando con la Misión de Verificación en Colombia. La presidenta de la JEP mandó una carta al presidente y yo se la contesté esta semana explicándole que, efectivamente, ya hacía ratos estábamos yendo en esa dirección.
El presidente ya había anunciado desde hace mucho tiempo que íbamos a pedirle a las Naciones Unidas que se mantuviera hasta el final de la administración.
- Si ya se había tomado esa decisión, ¿qué cree que motivó la carta de la presidenta de la JEP?
No sé porqué habría hecho eso la presidenta de la JEP, pero en el tema de hacer las gestiones para que la misión de verificación extienda su mandato, nosotros ya veníamos trabajando.
- Lo que pide Linares es que la ONU audite las sanciones que imponga la JEP. ¿Hay respaldo del Gobierno para que esto sea así?
Nosotros somos muy respetuosos de las decisiones que tome la justicia, obviamente, la JEP, que está en este momento en el proceso de elaboración de lo que serán las sanciones que son denominadas sanciones propias.
Lo que nosotros le hemos trasmitido a la JEP es que en nuestra opinión, esas sanciones deben oír la voz de las víctimas. Las funciones reparadoras, las funciones de reconciliación que deben cumplir esas sanciones se dan en la medida que den una respuesta a la manera de cómo las víctimas se han expresado.
- ¿Cómo se respondería a ese clamor de las víctimas?
En nuestra opinión, está primero lo que las víctimas han pedido con ocasión de su reparación colectiva, segundo, lo que las víctimas han pedido con ocasión de los planes de retorno dentro de los proceso de restitución de tierra y tercero, lo que los pobladores de los 170 municipios más afectados por la pobreza y la violencia expresaron para el capítulo correspondiente a reconciliación en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
- Hablando de implementación del acuerdo de paz ¿cómo avanza esta tarea en medio de la pandemia por el Covid-19?
Hemos logrado que las víctimas, los excombatientes, las personas que están proceso de sustitución de cultivos estén protegidos de manera eficiente. No tenemos en este momento ningún excombatiente que haya resultado positivo gracias a esas medidas.
Hemos podido fortalecer los apoyos a las víctimas durante este tiempo, particularmente, en los casos en los que hay amenaza de desplazamientos. Hemos logrado que el programa de sustitución de cultivos siga funcionando, seguimos haciendo los pagos, seguimos enviando las provisiones.
Junto con el Ministerio de Salud diseñamos una estrategia de contención para que la pandemia no llegue a los 170 municipios PDET.
- ¿Y en términos de seguridad, teniendo en cuenta que continúan las quejas por el asesinato de excombatientes?
Tuvimos una nueva gestión de la mesa interinstitucional en las que están presentes más de 10 entidades que tienen responsabilidad respecto a los excombatientes. Estuvimos mirando cómo hemos ido avanzando. La Fiscalía expresó que quienes están cometiendo estos delitos son los narcotraficantes contra los que todo el país está luchando.
El 75 % de esos homicidios están en municipios que son corredores del narcotráfico y los responsables son, principalmente, las disidencias, el ELN y el Clan del Golfo. Mantenemos nuestra voluntad de seguir luchando para protegerlos y avanzando para que se esclarezcan los hechos y que se sancionen a los culpables.
- Usted dice que los disidentes tienen responsabilidad en el asesinato de los excombatientes ¿Cómo recibe el anuncio de recompensa que hizo Estados Unidos por la captura de Santrich e Iván Márquez?
Es una buena noticia. Si lograran la captura de estos dos delincuentes sería una muy buena noticia para el proceso de paz y para la implementación de la política de paz con legalidad porque ha sido víctima de este par de criminales.
Este par ha venido amenazando y tratando de tentar a los excombatientes para que busquen nuevamente el narcotráfico, obviamente, no ha tenido eco en los excombatientes.
- En el tema del narcotráfico, la Oficina de La Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) destacó que el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) jugó un papel importante y pidió seguir incentivando
Es un reporte donde se da una muy buena referencia de lo que hemos logrado con el PNIS. Tenemos en estos momentos 99.000 familias, estos son mal contados 400 mil colombianos que están dejando el negocio de cultivar coca para pasar a la legalidad, eso es muy significativo.
Nosotros invertimos el año pasado 830.000 millones de pesos en esta administración. Eso ha implicado que hayamos sustituido un poco más de 15.000 hectáreas y 61.000 de esas familias están recibiendo asistencia técnica.
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