El manejo de los datos de la ciudad no para de generar controversia. Primero fue el gran escándalo por la recolección de información de los ciudadanos a través de la plataforma Medellín Me cuida y las prevenciones que ha suscitado su posible uso para fines distintos a los de tipo oficial. En los últimos meses han estado llegándoles mensajes de texto y correos a los ciudadanos pidiéndoles de nuevo sus datos. Y ahora, se trata de un extraño contrato que en solo tres meses le dejaría $2.318 millones a una empresa (casi $800 millones por mes), dinero que sale de las arcas del Municipio, y solo por plasmar en el papel lo que será la Empresa de Datos que proyecta el alcalde Daniel Quintero como un componente del llamado Valle del Software.
Un experto consultado por el diario EL COLOMBIANO y que pidió omitir su nombre debido a que se mueve en el ecosistema tecnológico y teme por posibles consecuencias en trabajos futuros indicó que las tareas que están enunciadas en el contrato que firmó Ruta N con la compañía bogotana Boost Business Consulting SAS, bien podrían valer unos 300 millones de pesos, es decir 6,6 veces menos de lo que pagarán en total con recursos del presupuesto de los medellinenses.
Otro especialista que solicitó confidencialidad fue más allá al indicar que no tiene sentido pagar por fuera por una consultoría para la Empresa de Datos de Medellín porque esto se puede ejecutar en el marco del comité Universidad-Empresa-Estado y que, en todo caso, contratos similares de entidades que él conoce se han hecho por cifras que rondan los 100 millones de pesos. Dando el beneficio de que este caso pueda tener una escala mayor, no debería pasar de los 300 a 400 millones de pesos, según indicó. “Estas cosas ya están reglamentadas por la ley, entonces no hay que inventarse nada. Para lo único que se requeriría tal vez una consultoría externa es para el tema del modelo financiero”, expresó.
Una tercera voz con autoridad en la materia anotó que ya existen múltiples estudios y diagnósticos sobre qué hacer con los datos en Medellín y por eso se hace raro volver a insistir en un asunto recurrente. “Hay que recordar que ya en Medellín se trabajó el proyecto MEData como una de las buenas prácticas para ser una ciudad inteligente, bajo la premisa de que la información es de todos y para todos. Esta estrategia buscaba integrar la información estratégica de las dependencias de la Alcaldía en una plataforma de big data, con el fin de facilitar la obtención, gestión, manipulación, análisis, modelado, representación y entrega de datos para resolver problemas complejos de planificación y gestión, que es justo lo que buscan con la Empresa de Datos de Medellín”, apuntó la fuente.
Dudas del ganador
A la convocatoria se presentaron seis firmas y finalmente la evaluación se centró en Boost Business Consulting, en la consultora internacional KPMG, en Ingenium Colombia SAS y en Americana Corp SAS. El 17 de febrero pasado resultó elegida la primera mencionada, luego del concepto del comité evaluador de Ruta N y del visto bueno de su director, Iván Castaño.
Boost Business Consulting fue creada en 2010 y de acuerdo con la información que ella misma consigna en redes, es una empresa de menos de 10 empleados, una nómina que suena corta para desarrollar un contrato como el propuesto en solo tres meses. Además, aunque exhibe alguna experiencia en asuntos de tecnología y redes, no poseería experiencia específica en manejo de datos —quid de la nueva empresa que se proyecta—. Por eso sorprende que haya dejado atrás a firmas como KPMG, una consultora de origen suizo con presencia en 147 países y 219.000 colaboradores alrededor del mundo. Solo en Colombia, KPMG reporta 1.500 profesionales a su servicio y una trayectoria de seis décadas.
Previo a este contrato, Boost Business tuvo otro contrato de prestación de servicios con el Municipio también durante la administración Quintero, para apropiación de herramientas digitales por Mipymes, con valor de $1.029 millones.
Alguien podría decir que las microempresas tienen derecho a competir con las multinacionales y le cabría razón. Pero lo que sí resulta más extraño es que, de acuerdo con el expediente del contrato, KPMG se peló “por la supuesta falta de experiencia y la convalidación en el país de títulos de estudio de su personal” a pesar de que respaldó su propuesta con un recorrido en robótica de procesos, “diseño e implementación del modelo de Gobierno de tecnología de información” y procesamiento de datos, todos campos relacionados de manera directa con el objeto del contrato que se ofrecía.
La oferta de Ingenium también se “rajó” en experiencia y formación profesional de quienes ejecutarían la labor solicitada, y en la presentación del certificado de antecedentes fiscales, disciplinarios, penales y medidas correctivas de la sociedad y el representante legal. Por su parte, Americana Corp. no presentó varias certificaciones para finalmente desistir de seguir en el concurso, el 10 de febrero de 2022.
Lo curioso es que Boost Business tampoco había entregado todas las certificaciones: no había anexado los estados financieros de 2020 ni el certificado de que no poseía multas o sanciones por incumplimiento de contratos durante los dos últimos años, pero gracias a que hicieron modificaciones al cronograma dentro del pliego de condiciones le dieron tiempo de subsanar esas fallas.
Pero ahí no paran las perlas. El Icetex le está reclamando legalmente a Gerardo Santamaría, el representante legal de Boost Business, el mismo que contrata miles de millones de pesos, por un crédito educativo en mora.
Y otro hecho extraño es que cuando se escribe en Google el nombre de Boost Business Consulting el buscador lo lleva a uno a la dirección Antojatedeantioquia.com, denominación correspondiente al programa de fomento al emprendimiento que lleva varios años jalonando la Gobernación de Antioquia. Esto daría por lo menos para una verificación de posible usurpación de dominio web.
¿Quiénes dieron el contrato?
En Ruta N se tenía una tradición de invitar al comité de contrataciones a los profesionales que abanderaban cada proyecto. La filosofía era que primaba lo técnico. Pero esa buena práctica cambió y los últimos directores puestos por el alcalde Daniel Quintero privilegian a abogados y a funcionarios administrativos que forman bloque de manera que lo técnico podría terminar siendo irrelevante.
Hoy día de ese comité participan, entre otros, Pablo Quiñones, el secretario general y representante del director de Ruta N, Iván Castaño; la directora de Operaciones, Diana Zuluaga, que ocupó un alto cargo en Quipux Innova, una firma de tecnología que estuvo ligada al actual vicepresidente de Nuevos Negocios de EPM, Darío Amar. Igualmente, asiste con voz pero sin voto el director de Control Interno de Ruta N, Andrés Santiago Arroyave, quien sería cuota de Miguel Quintero, el hermano del alcalde.
En el caso particular de la Empresa de Datos hay otros “datos” que pueden ser o no coincidencia: el coordinador del proyecto en Ruta N es Juan David García Castaño, como el director de Ruta N también es de Manizales y trabajó como él en el Ministerio de las TIC. Fuera de eso, en el historial profesional del funcionario figura su paso por Findeter entre 2015 y 2018, época en que César Amar, el hermano de Darío Amar, era jefe de Informática.
Consultados por este diario, Ruta N, el Área Metropolitana y Boost Business defendieron que el precio del contrato se ajusta al mercado y que la adjudicación obedeció a un proceso transparente. Voceros de Ruta N explicaron que la empresa cumplió con todos los requisitos y que para seleccionar a la ganadora el monto pesaba 25%, el aspecto técnico 45% y la experiencia del equipo de trabajo adicional al mínimo habilitante 30%. ¿Cuál fue el mínimo habilitante que se exigió para que una empresa sin experiencia en datos pudiera tener ese 30%?
Advirtieron también que el número de trabajadores no ha sido nunca un criterio de selección en ninguno de los procesos desarrollados por la corporación, por tanto esto estaría limitando la participación y la pluralidad de oferentes.
El subdirector de Planeación Integral del Área Metropolitana, Andrés Felipe Álvarez, aclaró que su entidad y la Secretaría de Desarrollo Económico de la Alcaldía aportan recursos para el contrato y son supervisores, en tanto que el rol de contratar ha recaído en Ruta N, y, como entidades públicas que son las tres, les toca confiar en sus procesos y en que esta última haya sido “rigurosa y juiciosa”.
Las evidencias expresan lo contrario a lo dicho por los directivos de las entidades comprometidas.
A través de la plataforma de contratación oficial Secop, EL COLOMBIANO accedió a varias cartas de la supervisión del Área Metropolitana a Ruta N que indican lo contrario. Una habla de su preocupación por la “falta de experticia y conocimiento específico del tema por parte de las personas que en representación de la empresa contratada por ustedes para este componente vienen trabajando en el tema”.
En otras comunicaciones señalan varios retrasos en la entrega de los productos y dicen que “es deber de Ruta N estar alerta a declarar un posible incumplimiento”.
¿Qué ha pasado?
El contrato consistía en entregar 17 documentos en doce semanas y no requerían siquiera una labor de campo. La ejecución en ese tiempo era tan importante que, en pleno concurso, hubo peticiones de ampliar y tuvieron un No rotundo de Ruta N.
Hasta ahora, Boost Business solo ha recibido el 30% del dinero del contrato, ya entregó los 17 documentos sobre la Empresa de Datos a Ruta N y estos están pendientes del examen final de los supervisores del Área Metropolitana para el otro 70%.
Álvarez, el subdirector de esa entidad, fue enfático en que “si el producto final cumple con el rigor técnico y jurídico no tenemos disculpa para no pagar, pero si no cumplen, pues no pagamos”.
El cuarto documento entregado por Boost Business, relativo a las proyecciones económicas, plantea que la Empresa de Datos tenga 93 personas, entre ellas un presidente y 6 vicepresidentes, toda una posible fuente de burocracia.
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