La Agencia Nacional de Tierras aún es un bebé. Nació el 7 de diciembre de 2015, mediante Decreto 2363 y al amparo de las facultades extraordinarias del presidente de la República que le confiere la Ley 1753 de 2015 (Plan Nacional de Desarrollo), con un propósito prioritario: “el ordenamiento social de la propiedad rural”.
Su director desde abril pasado es Miguel Samper Strauss, hijo del expresidente Ernesto Samper Pizano. Habló con COLPRENSA sobre los alcances de esta, denominada la ‘Agencia para el posconflicto’ y la estrategia para formalizar más de dos millones y medio de predio rurales.
- ¿Qué diferencia hay entre la ANT y la Unidad de Restitución de Tierras (URT)?
La AGN, la URT, la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) y la Agencia de Renovación del Territorio (ART), son ‘hijos’ de la Ley de Tierras, que se encarga de llevar el desarrollo al campo para que sea el verdadero motor de desarrollo.
La misión de la URT es devolverles la tierra a los que la perdieron por cuenta del conflicto armado. De la ANT, garantizarle acceso a la tierra a quien no la tiene o a quien la tiene de manera informal, y a quien la tiene formalizada que la puede usar de acuerdo con la función social de la propiedad. La ADR es la que lleva subsidios, crédito, maquinarias, etcétera, y la ART se encarga de llevar infraestructura, carreteras y demás.
- Es decir, la ANT lo que hace es formalizar la propiedad de la tierra…
Sí, y eso es muy importante, porque para un campesino no tener formalizada su tierra es como un ciudadano sin cédula de ciudadanía. La tierra es la que le abre al campesino la puerta de los créditos, los subsidios, el capital semilla, etc. La ANT es el primer peldaño para resolver el conflicto sobre la tierra en el que llevamos 200 años matándonos.
Hicimos un primer barrido sobre 52 municipios y encontramos un panorama dramático: 1200 bienes rurales –pozos de agua, escuelitas, puestos de salud— que no están formalizados. Eso quiere decir que los alcaldes no pueden invertir un peso en esos bienes públicos rurales, porque la ley no lo permite, y el 90 % de esos bienes son escuelas. Es que la formalización de tierra es algo complejo, estamos hablando de que el 60 % de ella en Colombia no se encuentra formalizada, no se sabe de quién es: o es del campesino que lleva décadas trabajándola, pero no tiene el título o aquí hay formas no legales de transmitir la propiedad.
- ¿Ese 60 % corresponde a tierras productivas o son baldías?
Son predios rurales, independiente de que sean o no productivos. En la mayoría de casos la tierra es buena en todas las zonas de este país.
- ¿Cuánto representa ese porcentaje en hectáreas?
Difícil hacer esa proyección, porque cada predio tiene una extensión distinta, pero sí podemos hablar de número de predios: entre dos millones y dos millones y medio de predios rurales en la informalidad. Pero en este momento se trata de predios con vocación agrícola o agropecuaria que alguien está trabajando.
- ¿En este proceso de paz, qué papel va a cumplir la ANT?
La ANT va a cumplir el papel más fundamental, porque si se quiere sacar al campo de la pobreza hay que empezar por definir quién es el dueño de cada uno de los predios de este país. Es un paso indispensable.
Por cuenta de la tierra comenzó el conflicto armado en este país, y allá tiene que terminar, porque en últimas la paz en este país tiene los pies en la tierra.
- ¿Y qué va a pasar con el Incoder?
La verdad es que esta agencia nace de las cenizas del Incoder, pero con una nueva herramienta: el Incoder debía esperar a que llegaran los campesinos a sus oficinas a reclamar la titulación de un baldío. Nosotros vamos a ir predio por predio con una metodología que se llama Ordenamiento Social de la Propiedad. Iremos con el Instituto Nacional Agustín Codazzi y con delegados de Registro, y sobre el terreno vamos a conciliar diferencias, haremos el acompañamiento jurídico, para expedir el título ahí mismo. Es un proceso lento, costoso, pero ya empezamos.
- ¿En qué regiones se concentran esos problemas?
En todo el país, desde el Cabo de la Vela hasta Leticia. Claro, hay departamentos que tienen un mayor índice de informalidad que otros, por eso todos los 25 millones de hectáreas con vocación agropecuaria para definir cómo está la formalización.
- ¿Estos problemas son exclusivamente rurales, o también hay urbanos?
Debe haber algunos problemas urbanos, pero la misión de la ANT comienza donde terminan las ciudades. Nuestra misión es ordenar la propiedad social de la tierra y eso implica no solo formalización, también adjudicación de baldíos cuando corresponda, ampliar y constituir resguardos indígenas y de las comunidades afrodescendientes, raizales y palenqueras y tender puentes entre los empresarios, el capital privado, los inversionistas y los campesinos.
- ¿Y frente a las zonas de reserva campesina y las Zidres?
Por la ANT pasan las figuras necesarias para ordenar la propiedad de la tierra como las zonas de reserva campesina, la adjudicación de baldíos y las Zidres. El punto es que la gran misión de la ANT es que en esta tierra, que ya no hay más, tenemos que caber todos sin que los conflictos nos lleven a la violencia.
- ¿A usted le gusta la idea de crear más zonas de reserva campesina?
Soy partidario de crear más zonas Zidres, zonas de reserva campesina o cualquier otra figura que permita ordenar la propiedad en cada región. Cuando hablamos de la tierra no podemos generalizar, hay que hacer un traje especial para cada región y sus necesidades
- ¿Esta agencia tendrá alguna vigencia en el tiempo?
No, y vamos a trabajar en dos sentidos. Uno, por demanda, que es todo el rezago y las solicitudes que venían desarrollándose en el Incoder. Solo en solicitudes de adjudicación de baldíos tenemos 180 mil solicitudes en trámite. Además, estamos construyendo un inventario de baldíos, que no existe.
Y, segundo, estamos trabajando en la oferta: ir predio por predio determinando quién es el propietario de cada uno.
¿Cuánto tiempo tardará la Agencia en resolver esos 180 mil procesos?
La idea es que sea en un tiempo muy corto, pero no me atrevo a decir cuánto porque no son solo los 180 mil procesos de baldíos, tenemos dos mil procesos agrarios represados, un sinnúmero de solicitudes de formalización, 200 solicitudes de constitución o ampliación de resguardos indígenas, un número importante para constituir territorios colectivos para comunidades afro, raizales, o palenqueras.
- Hay un proyecto de ley que busca adjudicar los baldíos. ¿En qué consiste y por qué la ANT se opone?
El proyecto –de la senadora Nohora Tovar Rey, del Centro Democrático— tiene tres implicaciones, cada una más preocupante que la anterior. Es un proyecto nefasto, contrario a la Constitución, a los intereses del Estado y a los intereses de todos los colombianos.
Primero, busca que aquellos que han estado trabajando por años en un baldío de la Nación puedan acceder al mismo mediante una figura que se llama la Prescripción Adquisitiva del Dominio mediante una sentencia judicial. Lo que pasa es que todos los baldíos de la Nación no pueden ser adquiridos mediante ninguna otra figura distinta y solo a través de la ANT.
Segundo, el proyecto permite superar el límite establecido en la unidad agrícola de tierra, que se estableció precisamente para evitar la acumulación de tierras. Es que el 1 % de los propietarios tiene la mitad de la tierra de este país. Esto busca que cualquier persona ocupe indebidamente un baldío de la Nación y al final pedir que se lo adjudiquen mediante despojo al Estado.
Y tercero, busca reversar doce años de actuación del Incoder para recuperar esos baldíos porque de un plumazo declara nulas todas las resoluciones del Incoder. Este proyecto busca que testaferros de las FARC se cobijen con esta ley porque han ocupado ilegalmente esos baldíos.
- ¿Y cuál es la verdadera intención de este conflicto?
La senadora me envió un derecho de petición consultándome cuántos baldíos hay en la Orinoquía, en qué estado están los procesos de recuperación, etcétera. Ahí se nota que la preocupación surgió para una región específica del país que nosotros conocemos su historia, sus antecedentes. No podemos permitir que con este proyecto se puedan conseguir objetivos adversos a los que buscamos con la política de tierras de este Gobierno.
Colombia nunca ha tenido una verdadera política de Estado...
Lo importante es que ahora que está surgiendo esta nueva institucionalidad debemos tomar lo que está bien, mejorar lo que está regular y dejar de lado lo que no sirve. Por ejemplo, un proceso para determinar si un terreno es baldío o no, no puede seguir tardando cuatro o cinco años, sino máximo tres o cuatro meses.
- ¿Por qué los colombianos nos hemos matado por la tierra?
Es una reflexión de alto contenido filosófico y dialéctico, pero en mi concepto ha habido una cultura de excesiva concentración de la tierra, contravalores asociados a dominio territorial para estrategias paramilitares y de guerrillas y el narcotráfico. Colombia es el mejor ejemplo de caldo de cultivos de todos los problemas que se puedan imaginar sobre el dominio de la tierra.
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