En el exilio se encuentra el juez militar Alexander Cortés Cárdenas, capitán retirado del Ejército, quien trabajó entre 2007 y 2008 en el Juzgado 94 de Instrucción Penal Militar adscrito a la Brigada 17 con sede en Carepa, Antioquia.
La razón de su salida del país fueron las presiones y amenazas en su contra luego de su trabajo en los archivos del juzgado sobre casos que estaban etiquetados como ‘muertos en combate’ y que podrían tratarse de ‘falsos positivos’.
Los expedientes archivados estaban “en un cuarto cerca de los baños de la Brigada y se estaban deteriorando. Él logra salvarlos, someter 55 a revisión y se da cuenta que no eran muertes en combate y que había cantidad de fraudes procesales para camuflar verdaderas ejecuciones extrajudiciales”, reveló el padre Javier Giraldo, director del Banco de datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP.
En el informe “Deuda con al Humanidad II: 23 años de falsos positivos”, revelado este lunes por esa institución, se reseña que mientras el capitán (r) Cortés estuvo en el juzgado 94 remitió 24 investigaciones a la Dirección Seccional de Fiscalías de Medellín y 31 a la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá. Doce de estos casos, ocurridos entre 1998 y 2008, fueron reportados por Cortés durante su estadía en la brigada con sede en Carepa. “Fue como un reflector que se puso momentáneamente en el archivo”, señaló el padre Giraldo.
De los 55 casos en total remitidos por Cortés, se observa que no se cumplían las normas para el tratamiento de cadáveres y material incautado, “no hubo embalajes técnicos ni cadenas de custodia ni autorización de instancias judiciales para mover los cadáveres, lo que llevó a practicar levantamientos e inspecciones en sitios no contemplados por la ley, ni se tomaron debidamente las fotografías ni las necrodactilias (…;) por añadidura, las necropsias arrojaron signos de tortura o datos que cuestionaban las horas y circunstancias de las muertes”.
Esos casos, dice el informe, tenían inconsistencias en cuanto a los testimonios de los participantes, los informes oficiales de ubicación de tropa y las órdenes de operaciones. Estas evidencias fueron las que llevaron a tomar el caso con otra hipótesis posible de investigación.
“Se cumplían con formalidades legales e, incluso, se descubrió que las órdenes de operaciones eran falsificadas y tenían nombres ficticios, pero se armaba toda la documentación para dar la apariencia de una investigación formal que arrojaba que había sido una muerte en combate”, señaló el padre Giraldo.
De acuerdo con el informe del CINEP, en 2008 el Jefe de la unidad de Derechos Humanos y DIH de la Fiscalía comisionó un fiscal para que hiciera una inspección judicial de 22 procesos adelantados por el juzgado 94 para determinar si debían remitirse a la justicia ordinaria.
La inspección realizada entre el 19 y el 22 de agosto de 2008 arrojó, según el informe, que todos debían cambiar de jurisdicción de manera inmediata y se solicitó el traslado de 16 expedientes de investigaciones preliminares y 6 de investigaciones penales en curso, todos por el delito de homicidio.
El testimonio de Cortés, que pudo recoger el CINEP, es el único al que tuvieron acceso y evidencia el aspecto de ocultamiento oficial de la verdad. “Este juez salió de allí muy perseguido hasta que tuvo que pedir asilo en otro país”, dijo Giraldo.
El capitán (r) Cortés fue enviado a Chiquinquirá (Boyacá) en el 2009 y luego declarado insubsistente, por razones que aún no son claras.
La ventaja militar ficticia
El informe detalla sólo los casos en que tuvieron los investigadores completa certeza de que se cumplían todas las conductas y características de un resultado originalmente presentado como positivo, pero que en realidad no lo era.
La investigación detalla 951 casos de ‘falsos positivos’ desde 1984 con 1.471 víctimas en todo el país, salvo en San Andrés, Amazonas, Guainía y Vaupés. Antioquia es el departamento que registra más víctimas con 393, seguidos de Meta con 114, Huila con 110, Norte de Santander con 90 y Santander con 86.
En 1984, 85, 88 y 89 se encontraron 28 casos y 99 víctimas en 12 departamentos. En los noventa se hallaron 163 casos y 393 víctimas en 22 departamentos, incluida Bogotá.
El padre Giraldo, recogiendo las palabras del Relator Especial de las Naciones Unidas para las Ejecuciones Extrajudiciales, Phillip Alston, indicó que no se puede hablar de una política oficial del Estado, pero que no son entendibles estos asesinatos por algunas ‘manzanas podridas’ por el hecho que hay múltiples unidades militares implicadas en todo el país.
“Pero si una política de estado se apoya en unas prácticas sistemáticas que tienen unos apoyos adyacentes legales como la directriz ministerial (No. 29 del 2005) sobre las recompensas, los fondos discrecionales que manejaban los comandantes de las brigadas, las redes de informantes y cooperantes, muchos de estos pagados por las mismos fondos discrecionales (…;) Yo creo que eso es también una política del Estado”, explicó.
La atrocidad del estos hechos reside para el CINEP en que a las tropas se le pedían muertos, números, que eran respaldados por una comunicación oficial –un comunicado-. Es decir, se trataría de una forma de mentir que se habría generalizado haciendo, en últimas, una grave lesión en la credibilidad de las instituciones.
“En el falso positivo se vende al ser humano por una especie de ventaja militar ficticia dentro de la información sobre el conflicto. Es una persona como una mercancía intercambiable por otro valor como una medalla, una recompensa, una condecoración o unas vacaciones”, señaló el padre Giraldo.
La justicia penal militar
Para el padre Giraldo los hechos sucedidos en Carepa dan una luz sobre lo que debe suceder respecto al tema del fuero militar y la Justicia Penal Militar, JPM.
“Todos estos casos estaban cobijados en la JPM ocultos con la etiqueta de muerte en combate y por lo tanto archivados. Creo que la conclusión evidente es que si es la JPM la que va a asumir estos procesos en el primer momento en todos los casos en donde haya una muerte en combate, va a suceder lo mismo que paso en Carepa”, puntualizó.
Colombia
En exilio juez militar por ‘desempolvar’ posibles archivos de ‘falsos positivos’
NOTICIAS RECOMENDADAS
Comentarios ()