Se prevé que este miércoles, en Sala Plena virtual, la Corte Constitucional dirimirá el conflicto sobre el ingreso de los periodistas a las audiencias preliminares que se adelantan contra los judicializados por la Fiscalía.
La puja la debe resolver el alto tribunal luego de que Florencio Sánchez, periodista judicial y un grupo de comunicadores, allegaron una tutela en la que consideraron que les fue violado el derecho al trabajo y la libertad de prensa, porque no los dejaron ingresar a una diligencia.
Si bien lo comunicadores tienen claro que existen excepciones para su ingreso a las audiencias tales como poner en peligro a las víctimas, la afectación a la seguridad nacional, exponer a menores de edad, que se menoscabe el acusado a un juicio justo y se comprometa la investigación, sí dejaron de presente que en más de 10 casos en los que se les impidió el ingreso tales actuaciones no fueron motivadas en lo que establece el Código de Procedimiento Penal Acusatorio.
“Vimos vulnerado que el derecho al trabajo se ve afectado cuando los jueces restringen el ingreso a los periodistas a las audiencias sin argumentos”, aseguró Sánchez, quien consideró que en los casos en los que se han visto afectados lo único que buscan es tener contexto de lo que ocurre en la diligencia.
Para el comunicador, las decisiones negativas de los jueces que están regidas bajo solicitudes de la Fiscalía o la defensa de los procesados, “infortunadamente se ha vuelto costumbre en Bogotá, y ni se diga en lugares alejados”.
Sánchez, en su intervención, expuso el caso de Liliana Campos, más conocida como ‘La Madame’, procesada por proxenetismo; el caso de Pedro Aguilar, líder camionero quien estuvo vinculado en el denominado ‘Cartel de la Chatarrización’, también sacó a colación las negativas para el ingreso a las audiencias que involucran a los contratistas de Odebrecht.
El comunicador expresó que en la mayoría de negativas se han tenido con diligencias que comprometen el delito de corrupción.
El magistrado Carlos Bernal deberá entonces exponer la ponencia para definir si le da la razón a los comunicadores o si finalmente pone algunos requisitos para que no se sigan registrando negativas como las expuestas.
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