Esta semana, Vélez empalmará con González en la Gobernación de La Guajira

08 de noviembre de 2016 06:28 PM

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A más tardar el próximo jueves, Jorge Enrique Vélez, gobernador encargado de La Guajira, terminará esta labor y le dejará el mando regional en propiedad a Wilmer González Brito, elegido en votación popular el domingo pasado.

La tarea de empalme la empezó Vélez el primer día de la semana, lunes festivo, cuando le entregó al nuevo funcionario su informe personal sobre el trabajo que hizo en los últimos meses. En Riohacha, le dio un documento de 173 páginas, en las cuales resume el estado en que encontró el departamento peninsular, la forma en que lo entrega, el diagnóstico que hace sobre los principales problemas de la región y algunas recomendaciones que, cree, se pueden aplicar para corregirlos, especialmente referidos a lucha contra la corrupción administrativa.

Luego de entregar el informe, el también superintendente de Notariado y Registro fue muy crítico de distintas instancias departamentales, particularmente de la Asamblea. Al cuerpo legislativo, incluso, lo señaló de haber entorpecido su labor.

En concreto, Vélez criticó que recibió de la Asamblea reconocimiento y autorización para hacer cambios administrativos apenas la semana pasada, cuando ya había poco por hacer, lo que significó haber desperdiciado cuatro meses, tiempo en que ocupó el encargo hecho por el presidente Juan Manuel Santos, una vez se conoció la salida del cargo de Oneida Pinto, debido a que el Consejo de Estado anuló su elección.

El superintendente y exgobernador encargado también reveló que el sábado pasado, horas antes de las elecciones, declaró la insubsistencia del secretario de obras públicas de La Guajira, por abandono de cargo.

Vélez contó que el funcionario no le entregó el informe que le había solicitado a él y a todos los demás secretarios y que ni siquiera le contestó las llamadas telefónicas.

Sobre este hecho y el comportamiento de la Asamblea, dijo que presentará un informe a la Procuraduría General, para que sea el máximo ente del Ministerio Público el que se encargue de determinar si hubo o no irregularidades en su comportamiento y, en caso afirmativo, de si requieren de algún correctivo disciplinario.

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